Opinión

El futuro de la impartición de justicia

Ya existen algunos avances en la incorporación de tecnologías en el funcionamiento del aparato judicial. | Areli Cano Guadiana

  • 30/04/2020
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Hoy atestiguamos una pandemia que ha creado enormes retos a los Estados, no solamente en materia de salud, sino también en cuanto al ejercicio del resto de las atribuciones y facultades de las instituciones que se encargan de la provisión de los servicios públicos y, más importante, de la garantía de los derechos de las personas.

Sin duda, dentro del aparato estatal, las funciones relacionadas con la impartición de justicia son primordiales para la perdurabilidad del pacto social. Incluso se acentúa este carácter central en medio de condiciones emergentes, que pueden requerir de jueces y tribunales para dirimir conflictos entre particulares, o entre estos y las autoridades.

Como parte de las medidas ante la pandemia ocasionada por el covid-19, tanto el Poder Judicial de la Federación como los 32 tribunales superiores de las entidades federativas, suspendieron buena parte de las actividades jurisdiccionales, así como términos y plazos de los distintos asuntos.  Asimismo, se previeron esquemas para la atención de asuntos urgentes o de carácter relevante, como las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de la Suprema Corte, por ejemplo. Bajo este contexto, los integrantes del Pleno del máximo tribunal sesionaron, por primera vez en su historia, de forma remota, mediante videoconferencia.

La automatización de los distintos procedimientos a partir de la informática seguramente será uno de los rasgos definitorios de la actividad jurisdiccional en el corto plazo. La modernización de las instancias impartidoras de justicia encuentra en los intereses y derechos de las personas a su principal guía. Procurar la eficacia y la eficiencia de los operadores del sistema judicial, facilitar el acceso a sus servicios, agilizar las diversas diligencias, utilizar la información estadística generada, y mejorar la transparencia y la comunicación con la sociedad, son algunos de los aspectos que pueden verse beneficiados por el uso de las herramientas informáticas.

Es de reconocerse que ya existen algunos avances en la incorporación de tecnologías en el funcionamiento del aparato judicial. Hay portales electrónicos en Internet, repositorios de información y canales tecnológicos para la realización de trámites y diligencias. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación pone a disposición de sus usuarios un portal de servicios en línea mediante el cual se pueden presentar demandas y promociones, además de consultar notificaciones y acuerdos. Otra arista que ya ha empezado a desarrollarse es la instauración de los expedientes electrónicos, mediante la digitalización de los documentos que tradicionalmente se producen y presentan en formato de papel.

Los ejemplos reseñados tienen que permear todos los sistemas jurisdiccionales del país e, incluso, ir más allá de lo ya realizado, con la intención de que la modernización se convierta en un proceso nacional. Para esto no es suficiente con la generación de los documentos electrónicos, sino que se requiere el diseño e implementación de sistemas de gestión que permitan el almacenamiento, clasificación, transmisión y uso en la sustanciación de los procedimientos judiciales.

Así, es posible configurar un entorno capaz de generar información útil para la toma de decisiones. Las aplicaciones y programas informáticos permiten la obtención de datos, estadísticas e indicadores sobre la gestión de la impartición de justicia. A través de distintos niveles de análisis y con técnicas de Big Data, se pueden determinar las cargas de trabajo, los tiempos de atención a los diversos procedimientos, las causas de los atrasos, la incidencia por tipos de casos, todo esto valioso para definir esquemas de mejora en la gestión.

Para que los cambios sean eficaces, se requiere pensar en un diseño integral, sustentable y orientado al funcionamiento con otros sistemas que interactúan en el ámbito judicial. De esta forma, se conectarían los sistemas relacionados con la procuración de justicia, los del terreno de la medicina legal, los relacionados con la ejecución de penas y todos estos a nivel nacional, mediante esquemas de interoperabilidad y coordinación.

La formación y capacitación de los integrantes del Poder Judicial también es un elemento central para la implementación de un modelo de impartición de justicia que modifique radicalmente los procesos y procedimientos tradicionales. Implica no solamente la actualización de conocimientos y habilidades, sino también la ruptura de paradigmas que permean la práctica judicial, basados en modelos de utilización del papel, sellos, firmas autógrafas de funcionarios y la presencia de las partes y abogados en un espacio físico.  Este escenario representa un reto importante, pues de acuerdo con datos del INEGI, en 2019 había en nuestro país más de 47 mil servidores públicos adscritos a los Órganos Jurisdiccionales.

En el plano jurídico, la atención al pendiente legislativo relativo a la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es una oportunidad para que los legisladores concilien los aspectos procedimentales con los avances informáticos que sirvan para una mejor impartición de justicia. Vale recordar que, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión a legislar a nivel nacional en la materia, la norma debió haberse emitido en un plazo de 180 días a partir de septiembre de 2017.

Hoy, la necesidad de cuidar la salud de las personas se convierte en un acicate para buscar formas novedosas para materializar el derecho de acceso a la justicia. La construcción de un sistema judicial basado en el uso de las tecnologías de vanguardia exige el trabajo conjunto de abogados, expertos informáticos, operadores de justicia, representantes populares y miembros de la sociedad civil, en aras de asegurar un mejor acceso a la justicia para todos.

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