Los gobiernos de América Latina impulsan el fracking como una solución a la crisis energética, cuando la técnica contraviene los esfuerzos de transición y los acuerdos internacionales para limitar el calentamiento global. Como extractivismo de cuarta generación, el fracking implica un mayor uso de energía y materiales, así como graves riesgos e impactos socioambientales.
Pero el fracking ha encontrado freno. En Colombia, la técnica está en moratoria por orden judicial, un resultado histórico y clave para avizorar los cambios posibles en la región.
En Colombia, como en varios países de América Latina, las iniciativas legislativas y las decisiones de política pública no dialogan con las realidades de los territorios debido a un Congreso sin independencia y a un sistema político hiperpresidencialista. Pero el poder judicial, más independiente, sí ha producido importantes decisiones en materia ambiental.
En 2018, la máxima autoridad judicial en temas administrativos, el Consejo de Estado, suspendió los decretos que regulaban el fracking en el país porque no respetaron el principio de precaución, el cual establece que cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para no adoptar medidas que eviten la degradación del ambiente.
Aun sin una decisión final, este litigio deja valiosas lecciones a la región:
1. Fortalecer y proteger el movimiento social. La Alianza Colombia Libre de Fracking ha sido clave para lograr y mantener la moratoria. Con fuertes campañas de sensibilización, posicionó al fracking como la discusión ambiental más importante del país, sumó miles de adeptos/as entre congresistas y artistas e instauró un sólido movimiento ciudadano, incluso durante la pandemia. Ganó la atención de la ONU y demostró técnica y jurídicamente que autorizar el fracking es un error. Además, denunció las amenazas a los y las defensoras ambientales, manteniendo el diálogo en los territorios.
2. Ganar tiempo. La decisión de 2018 ha retrasado la llegada del fracking al país por casi cuatro años, frenando las acciones arbitrarias y aceleradas para su implementación. Aunque el tribunal facultó al gobierno para hacer proyectos piloto que determinen científicamente si la técnica es viable, los ató al cumplimiento estricto de requisitos que incluyen la transparencia y acceso a la información, el mejoramiento de la capacidad institucional y la garantía del derecho a la participación ciudadana.
3. Actuar en coalición y producir evidencia. La conformación de una coalición de abogados/as de diversas organizaciones y de un equipo científico e interdisciplinar de alto nivel fue determinante para mantener el nivel del debate probatorio en el litigio. Siendo el fracking un tema nuevo en la región, las organizaciones aportaron como evidencia libros e informes producidos por ellas. Contradijeron rigurosamente las pruebas de la contraparte y defendieron aquellas esenciales para la decisión, acreditando los riesgos graves asociados a la técnica (como la actividad sísmica, el manejo de aguas residuales, los fluidos de inyección y los desechos radiactivos).
Otros países de la región donde el fracking amenaza con instalarse o expandirse, comparten con Colombia el rasgo más importante de un litigio exitoso: no tienen información completa de los riesgos e impactos de la técnica, y sobre si estos pueden o no prevenirse o mitigarse.
Ante promesas de campaña vacías y congresos sin voluntad política, los jueces y juezas del continente tienen el poder para transformar modelos de desarrollo que impactan de forma masiva y sistemática los derechos humanos. Tienen facultades para promover la remoción de estructuras arcaicas que impiden apostar por una matriz energética menos contaminante.
La región necesita juezas y jueces osados/as, creativos/as e independientes que sienten las bases de una transición energética justa, democrática y participativa.
*Yeny Rodríguez es colombiana y abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).