La autonomía de la fiscalía supone, entre otras cosas, romper con la sospecha de que las instituciones -la PGR en este caso- actúa o no dependiendo de motivaciones políticas según se trate de amigos o enemigos. La lógica de la política conduce a conjeturar que la acción contra Escobar se debe, por ejemplo, a que hay una ruptura entre el Verde y el PRI, que Escobar se había convertido en un costo indeseado para el Secretario de Gobernación, etcétera. Parecería que cuesta trabajo pensar que se trata simplemente de que las indagaciones condujeron a encontrar una probable responsabilidad y, por tanto, a ejercer acción penal, en una decisión simple de aplicación de la ley. Cuesta tanto pensar en eso y, es natural, dada la historia de sospecha y de manejo selectivo del brazo de la ley.
La virulenta reacción del Verde contra Santiago Nieto, la personalización de los ataques al achacar un presunto conflicto de intereses al haber sido contratado por el Senado para dar asesoría a la fracción parlamentaria del PRD, llevan a pensar que hay más de actuación propia de la fiscalía que de juego rudo en la alianza. A partir de la hipótesis anterior, viene a cuento el caso para pensarlo en el contexto de lo que se puede esperar de órganos como la Fiscalía ahora a cargo de Nieto o la futura Fiscalía especializada anticorrupción. Lo peculiar es que ambas tienen un diseño institucional y un cometido con varias similitudes.
La autonomía de la fiscalía electoral y anticorrupción es parecida (el nombramiento requiere intervención congresional, es decir por los partidos), su remoción depende del Procurador en turno, sus investigados pertenecen a la clase política. Parte de las apuestas para que ambas funcionen se han depositados en sus diseños, en la idea de que la autonomía les posibilita un mejor desempeño. La autonomía, por ejemplo, nos llevaría a presumir que la acción contra Escobar depende de Nieto y no de la Procuradora.
Ahora que, los diseños institucionales por mejores que sean, requieren para probarlos de decisiones humanas, de solidez técnica y de temperamentos. Un mismo caso puede tener distintos resultados si el fiscal es temeroso o es audaz. Suele hablarse más del activismo judicial, pero no de un activismo en las fiscalías, por ejemplo. Un fiscal como el electoral que decida ejercer acciones penales como en el caso de Escobar suscitaría reacciones como las del Verde. Las animadversiones que los partidos tendrían contra el fiscal serían directamente proporcional a su buen desempeño. Un buen fiscal electoral tiene garantizado el odio de los políticos (o su respeto).
Lo anterior es importante cuando se trata de considerar los “incentivos” que en el diseño institucional se generan. Si por ejemplo, un fiscal tiene como expectativa ser consejero electoral, magistrado electoral o ministro de la Corte tendrá siempre el dilema de realizar acciones como la de Escobar, pues su aspiración dependerá siempre de aquellos a quienes potencialmente pedirá mandar a prisión.
Lo anterior no solamente sucede en el caso de las fiscalías electoral o anticorrupción, se aprecia también en los órganos y Tribunales electorales. Tener como “clientelas”, es decir, a quienes de cuyos conflictos se juzga o de cuyos delitos se investiga, y que se convierten en otro momento en aquellos que deciden sobre las expectativas del juzgador, del fiscal o del consejero, es una combinación demoniaca. La “administración de las expectativas” siempre estará presente en las decisiones y en el litigio o cabildeo: “decido de esta manera porque …”, “si decides así, entonces …”. Las expectativas se convierten en el referente decisivo para orientar las actuaciones, la consistencia y objetividad en la aplicación de la norma se alejan, como se aleja la legitimidad en la función.
Los diseños institucionales y la administración de las expectativas personales son uno de los temas que hay que valorar a la luz de las experiencias recientes. Y, a partir de lo anterior, dar alternativas a las trampas en las que pueden caer los decisores.
En mi opinión, si actuaciones como las del Fiscal Nieto son posibles por la autonomía, resultaría un mérito. Pero más allá de que la autonomía sea el contexto, el activismo de la fiscalía y no solamente de la electoral, debe ser incentivado. Resulta contrastante si hablamos en términos de comportamientos institucionales y personales, la actuación de los fiscales norteamericanos o argentinos, para citar un ejemplo del sur.
En el reciente Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, uno de los invitados, el Fiscal argentino Antonio Gómez, expuso la experiencia que en su país existe sobre investigaciones anticorrupción. La potencialidad de la fiscalía reside en la actitud que los fiscales tienen para convertirse en sabuesos y no soltar la presa. El cada caso comprometen el prestigio y sus expectativas dependen del éxito. El nuestro parece más bien un sistema de fiscales domesticados.
La causa penal contra Escobar, no solamente tiene un valor mediático y de relevancia política. Puede convertirse en el caso emblemático para el desempeño de las fiscalías. El Doctor Nieto compromete en eso el prestigio del que goza, puede ganar mucho más.