No tiene desperdicio. Es muy interesante ver las imágenes que captó Antonio Mandujano; escucharlo con detenimiento. Se producen varios sentimientos, pero también alcanza la hilaridad. Irrita el cinismo, pero causan risa los enredos del mitómano. El reportaje que el 17 de diciembre pasado presentó Denise Maerker, en su programa Punto de Partida, en Canal 2 de Televisa, es una perla periodística de incalculable valor documental para el ministerio público en su indagatoria sobre el enriquecimiento ilícito del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, y su participación ilegal, abusiva e indebida como accionista del Banco Unión Progreso de Chihuahua, a partir del Fideicomiso que formó con su esposa, aportantes los dos de 65 millones de pesos. Debieran verlo todos los chihuahuenses, pero obligadamente, el presidente de la República y el procurador General de la República; son sólo 9 minutos. Está en YouTube.
La investigación y desarrollo de las entrevistas, el acopio de los documentos y rajar la leña en el punto exacto de esta historia que hoy moviliza a la sociedad chihuahuense, ha estado a cargo de la reportera Cecilia Reynoso, ya cazadora de otras corruptelas a manos de otros gobernadores.
El reportaje explica la denuncia penal presentada ante la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra del Gobernador de Chihuahua por hechos que pueden representar la comisión de varios delitos, por lo menos cuatro: Peculado, Enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Está basado en varias entrevistas, de las que sin duda, la realizada al gobernador da cuenta por sí sola de la dimensión del problema que enfrenta el PRI y el gobierno federal en el Estado más grande de México.
Lo interesante del breve recorrido periodístico titulado: "De buenas intenciones", es que nos permite apreciar el problema adicional que en los escándalos de corrupción tiene el Presidente Enrique Peña Nieto. No sólo porque el gobernador César Duarte es su compañero de partido, sino porque presume su amistad, su cercanía; ha dicho que él, con Peña Nieto, está "metido hasta la cocina". Ha dicho públicamente que de toda la gestión y autorización del Banco Unión Progreso estuvo enterado el secretario de Hacienda Luis Videgaray, a quien en realidad se le debe su concreción. Pero además el Presidente de la República es el jefe del Procurador Jesús Murillo Karam, a quien compete la investigación.
De entrada tienen una confesión importante las autoridades, sin dejar de ser grotesca: Acepta haber firmado el contrato de Fideicomiso 777437 con Banorte. Al ser cuestionado al respecto y mostrarle la reportera el contrato con su firma, la reconoce: "Sí lo firmé, sabe usted, sabe cuántos papeles firmo al día, ¿se imagina?". Es el primer sacudimiento en el intercambio.
-Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son ¡65 millones!, se admira la reportera.
-Claro, por supuesto, este fideicomiso lo firmé; no lo leí, pos a lo macho que no lo leí.
Muy rápido, en la misma entrevista, ese contrato que en la primera respuesta pasó como cualquier oficio de insignificante trámite público, se convirtió luego en un poderoso y caritativo instrumento de salvación social: "El fideicomiso es un depósito de nosotros, nada más, no tiene ninguna instrucción". Dice que lo constituyó para respaldar a la unión de crédito Progreso en un momento en que atravesaba por dificultades, "era un listado de asociaciones crediticias que eran las que le comentaba, se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que podía haber tenido Unión Progreso, y eso se hizo porque hay más de cien mil ahorradores en Chihuahua, de Unión Progreso, más de tres mil accionistas, de una unión que hubiese sido una crisis, y un problema social muy profundo en el Estado, es un respaldo moral exclusivamente, no tiene otra función".
Inverosímil de principio a fin, el reportaje tiene momentos de enorme comprensión sobre la ineficacia gubernamental que padece Chihuahua. Cuando la reportera Cecilia Reynoso le muestra el documento que contiene la estructura accionaria del Banco Unión Progreso, donde el Fideicomiso formado por Duarte y su esposa, aparece con el monto mayor, ella le pregunta:
-¿Qué es esto?
El gobernador toma las hojas, las ve con detenimiento, las enfoca y luego responde: "Es un ejercicio, es un ejercicio interno de Unión Progreso".
-Pero viene ahí un fideicomiso y mire como lo titulan... vuelve a la carga la entrevistadora.
El gobernador dice "por eso, puede ser un proyecto, cualquier ingeniero financiero, cualquier proyecto financiero puede contemplar posibilidades internas de ellos".
En el reportaje también aparece el secretario de Hacienda Estatal. El cinismo de Jaime Herrera es infinito. No ve por ningún lado conflicto de interés, ni responsabilidad alguna en la transferencia de dinero público a través de cientos de depósitos de la tesorería estatal, de la que es titular, a la institución de crédito, de la que también es accionista.
Más de 80 mil millones de pesos depositados a lo largo de tres años, que le mantuvieron a Unión de Crédito Progreso un fondo base diario de no menos de 500 millones. ¿Cuál es el rendimiento de un depósito de 500 millones a lo largo de tres años? De ese tamaño es al abuso, y también la desvergüenza absoluta del secretario de Hacienda, que no ha tenido más recurso que descalificar en una entrevista radiofónica local a la reportera Cecilia Reynoso, llamándola provocadora e insidiosa. Acostumbrado a entrevistas a modo, al secretario de Hacienda le incomoda los cuestionamientos de la enviada de Punto de Partida porque para él, es normal, compatible y legal la doble cachucha de funcionarios públicos y banqueros. Además, dice que los 65 millones de Duarte, son los "ahorros" de éste.
Pero en la competencia por el descaro mayor, es Duarte el indiscutible primer lugar. Los 342 depósitos de fondos estatales transferidos del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014 a la Unión de Crédito Progreso, no tiene relevancia para él, "es la colocación diaria del dinero", le dice a la reportera. "O sea, es un tema en el que, imagínese, en el que a mi me hablaran todos los días para decirme, oiga vamos a colocar, vamos a hacer, vamos a llevar, vamos a traer".
Reconoce que tal fondeo al proyecto de su Banco puede despertar "suspicacia en ese sentido, naturalmente", "pero a mi nunca me pidieron autorización para hacerlo, yo no hubiera autorizado hacerlo" y "ya lo desautoricé".
-Entonces ya no habrá más depósitos para Unión Progreso? vuelve la reportera.
-Naturalmente que no. Contesta el Gobernador. Y añade, teniendo enfrente a Jaime Herrera: "naturalmente que no, mientras el Ingeniero Herrera sea secretario de Hacienda". (Léase, él será mi chivo expiatorio).
Sobre la acusación de enriquecimiento ilícito planteado en la denuncia penal ante la PGR, el Gobernador de Chihuahua hace gala de mitomanía, explica sin rubor, sin comedimiento por las palabras, sin respeto por la actividad empresarial, sin el más mínimo cuidado sobre modos, números, tiempo y lugar, el origen de su fortuna: "Fui en Ciudad Juárez por más de quince años, fui el lotero más importante, fui distribuidor de automóviles tanto en el Paso Texas, como en Ciudad Juárez; en Parral, una constructora, 200 kilómetros a la redonda sin una planta igual de asfalto, la constructora está desde 1992; adquirimos terrenos mi esposa y yo en Parral a 100 metros de la Presidencia Municipal que urbanizamos, que construimos y vendimos al Infonavit, a Fovissste, a terceros, más de mil transacciones de bienes inmuebles; además la propiedad de un rancho que tengo, lo compró mi abuelo en representación de mi padre menor de edad, tengo la escritura original...".
El reportaje cierra con una de las declaraciones más vulgares que un servidor público pueda haber elaborado para la enciclopedia de las posturas cínicas. -¿Por qué no da a conocer su declaración patrimonial?, le formula la "provocadora" de Reynoso.
-"A ver... - adopta el gobernador una postura de reflexión filosófica -, compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos; es un agravio para el que no tiene, y un reto para el que tiene, y es una enorme responsabilidad para los funcionarios públicos; aquí lo importante es poder acreditar el origen lícito de los recursos, y eso yo estoy absolutamente claro y bien parado".
César Duarte se pinta de cuerpo entero, pero sus respuestas son un desafío, y esas sí, una auténtica provocación. Sus respuestas parten de un supuesto y desde una postura que ofenden: cree que la sociedad chihuahuense es imbécil, y se atrinchera en la protección que le brinda la mayoría de los medios de comunicación en el Estado. Este mismo reportaje explica y da sentido a la singular participación chihuahuense en el Movimiento Unión Ciudadana que se ha propuesto que la enorme corrupción protagonizada por el Gobernador no quede impune y pague caro sus latrocinios. Se dibuja en el horizonte de este año que recién comienza una de las batallas más importantes para una sociedad, ya titular de memorables gestas en favor de la democracia, la justicia y la libertad, que ni más ni menos volverá a decirle al país de qué está hecha y pondrá a prueba a muchos actores, instituciones y medios de comunicación.
Planteada como un movimiento que integra ciudadanos, más allá de cualquier categoría, profesión o filiación, la batalla chihuahuense también demostrará ineluctablemente hasta dónde está realmente comprometida la política partidaria en contra de la corrupción; partícularmente los partidos de oposición y sus grupos parlamentarios en el Congreso de Chihuahua. El nivel de exigencias exhibirá hasta dónde llegan las negociaciones de las dirigencias partidistas con el Gobernador, pondrá en claro si están impedidos o no para asumir la lucha contra la tiranía, pues es necesario recordar que con ésta convinieron la repartidera más vergonzosa de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Por supuesto que la batalla chihuahuense contra la corrupción estatal no es antipolítica, ni en contra de los partidos, por el contrario es un acicate, un reclamo para que las dirigencias partidistas abandonen la domesticación y el acomodo, pues no se puede hablar del conjunto de quienes integramos los partidos. Es clarísimo que el grueso de los militantes tanto de Acción Nacional como del PRD, están en sintonía con la causa del Movimiento Unión Ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad de César Duarte.
En sentido general, los panistas y quienes forman parte de partidos de izquierda actuamos fuera de los compromisos y las negociaciones que se han llevado a cabo, y por eso no aceptaremos, por ningún motivo, la estrategia "engañabobos" dictada por el propio Gobernador de enfocar la responsabilidad del caso Unión Progreso sólo en Jaime Herrera y pedir su destitución como secretario de Hacienda. ¿Porqué nomás la de él? ¿A qué se debe que ni siquiera se pida al gobernador solicitar licencia? Los que participamos de esta causa, exigimos la renuncia de César Duarte y su consignación por el Ministerio Público ante un juez penal para que responda por los delitos cometidos en contra del patrimonio de Chihuahua.