La Constitución estadounidense de 1787 fue la primera en el mundo en contemplar una estructura política federal, en la que se planteó como base fundamental del sistema, una distribución de competencias entre el gobierno de la Unión, y los estados miembros de la federación.
Unos treinta y seis años después, el entonces Congreso Constituyente Mexicano presentó el proyecto de Acta Constitutiva que establecería el sistema federal para nuestro país, y que fue aprobado en enero de 1824 bajo el nombre de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
A partir de ahí y hasta la fecha, las discusiones en torno a la conveniencia de la adopción del sistema federal para el país, y de sus rasgos característicos han estado presentes de manera recurrente en la historia de México, unas veces por la vía armada, y otras más en la arena política y en la opinión pública.
Un claro ejemplo de estas permanentes tensiones entre las tareas que deben asumir los poderes federales y locales se dio en la reforma electoral del año pasado, en la que se redefinieron las competencias local y federal.
El INE asumió una serie de atribuciones y competencias que nunca antes había tenido, y que en su momento habían correspondido a los institutos electorales de los estados, o incluso a los Congresos estatales. Tareas tales como el nombramiento de los consejeros electorales, la fiscalización, y la posibilidad de asumir diversas atribuciones de los institutos locales conforman hoy en día el cúmulo de competencias de la autoridad federal.
Los comicios del siete de junio pasado, y las elecciones que recién tuvieron lugar en el estado de Chiapas fueron un buen indicador para evaluar el nuevo modelo, y sacar conclusiones. Incluso en estos días, tanto autoridades federales como locales han hecho públicas las reuniones que han sostenido para revisar las “áreas de oportunidad”, así como las experiencias exitosas para un futuro.
Sin embargo, más allá de las evaluaciones técnicas sobre el nuevo modelo de competencias electorales, habría que preguntarnos si se cumplieron las promesas y bondades que auguraba la reforma. Reducción de costos, ausencia de control político de los consejeros electorales, resolución más rápida y ágil de las quejas en materia electoral, mejora en los procesos de fiscalización, profesionalización de los cuerpos electorales y un largo etcétera.
Mientras ello sucede, en algunos foros académicos y en los medios de comunicación, diversos actores políticos y académicos han expresado sus dudas sobre las reglas electorales, y han sugerido la incompatibilidad del modelo con nuestro federalismo mexicano.
Como sucedió previo a la reforma, y como se anticipa que seguirá sucediendo, nuestro “federalismo mexicano” seguirá siendo parte del discurso político legitimador del grupo en el poder en turno, para poder procesar las modificaciones normativas que mejor le acomoden a sus intereses.
En su momento, cuando el francés Alexis de Toqueville analizó el modelo federal, decía con cierta razón, que el modelo federal mexicano no vivificaba el espíritu que animó la construcción del sistema federal norteamericano. Ciertamente, dadas las condiciones en las que nuestro modelo ha operado, pareciera que el federalismo mexicano se ha desenvuelto más por las consideraciones políticas del momento, que por un reparto racional de competencias entre autoridades federales y locales.