Dice el refrán "más vale pedir perdón que pedir permiso". En el caso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo que es claro es que ni pidió permiso y el perdón que manifestó públicamente por la Casa Blanca, en realidad es un falso perdón, un doble discurso.
En primer término porque es un acto de corrupción grave que no se ha castigado. Y en segundo término porque sigue la persecución y el hostigamiento contra gente que hizo pública, en ejercicio de la libertad de expresión y la profesión periodística, la información relativa a la propiedad de Sierra Gorda en Las Lomas de Chapultepec, como Carmen Aristegui, y también de personas que el sistema presidencial ha querido que paguen los platos rotos de sus corruptelas.
Además de Aristegui, el poder presidencial ha perseguido política y legalmente de manera vil e injusta a Marcelo Ebrard, porque los intrigantes del círculo de Peña Nieto llegaron a la conclusión que él tuvo que ver en la divulgación de la Casa Blanca, infamia por la que operaron para que en un hecho burdo e inconstitucional se le negara la posibilidad de ser candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano y hoy ante esta persecución vive en el exilio. En ese sentido el perdón no es sino una gran hipocresía que los casos de Aristegui y Marcelo Ebrard confirman.
En su momento en este mismo espacio de La Silla Rota señalamos:
En un país verdaderamente democrático, los descubrimientos de hechos como la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, o la residencia que se usó en su campaña y en el periodo de transición, ambas del grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, habrían generado una revisión profunda de las cuentas y de la corrupción o conflictos de interés del presidente, así como los de su pareja, e incluso habrían generado la dimisión del mandatario. En México no sucede así, no obstante que un importante sector pide la renuncia del actual presidente.
La entrega de contratos a compadres y amigos, por medio de licitaciones inexistentes o mal hechas, es un caso claro de conflicto de interés, además de implicar una cuantiosa suma de dinero entregada como compensación (sin que hasta hoy se tengan claros los pormenores de ese pago, si es que ya se hizo) al conjunto de empresas en las que participa el favorito presidencial Juan Armando Hinojosa.
De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el empresario que construyó la “Casa Blanca” ha obtenido importantes contratos públicos desde que éste asumió el poder hace dos años, los cuales ahora enfrentan un creciente escrutinio de legisladores de la oposición e inversionistas extranjeros.
Antes del 2012, indica el diario, Hinojosa obtuvo contratos cuando Peña era gobernador del Estado de México. Su vínculo más reciente con el gobierno federal es que Grupo Higa formó parte del consorcio ganador que construiría el tren de alta velocidad México-Querétaro; sin embargo, el presidente Peña canceló el contrato el mes pasado, luego de que fuera severamente cuestionado el proceso de licitación.
Pero eso no es todo. Grupo Higa consiguió un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir el acueducto más extenso de América Latina, llamado Monterrey VI y también se encargará de un proyecto de 460 millones de dólares para un nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla.
Otros contratos poco conocidos que ganaron filiales de Grupo Higa incluyen varios proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados.
Cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, entre 2005 y 2010, unidades de Grupo Higa participaron en la construcción de hospitales, autopistas y una prisión".
El 9 de noviembre de 2014 sale a la luz pública la investigación periodística encabezada por Carmen Aristegui en donde se descubre este episodio de corrupción, conflicto de intereses y tráfico de influencias que habrá de marcar el sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La llamada Casa Blanca es una propiedad con un costo aproximado de 7 millones de dólares ubicada en Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec, misma que es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, que ha sido el consorcio favorito del ex gobernador del Estado de México y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La periodista Carmen Aristegui a partir de que dio a conocer estos hechos ha enfrentado una campaña de acoso, hostigamiento y persecución judicial en contra de ella y de su equipo. Su espacio noticioso salió del aire de manera abrupta y enfrenta un acoso sistemático con demandas por daño moral exigiendo una disculpa pública como enmienda del supuesto perjuicio causado a la empresa donde laboraba. Se trata de un grave y continuo ataque a la libertad de expresión.
En ese sentido no basta el perdón porque es un caso evidente de conflicto de interés donde hubo un manejo irregular y corrupto en esta operación.
Se puede evidentemente presumir fundadamente que se trató de un pago de favores, de una prebenda millonaria a favor del actual presidente por todos los favores que ha recibido el Grupo Higa. En ese sentido vale la pena recordar que la investigación que realizó Virgilio Andrade que fue nombrado para liderar la Secretaría de la Función Pública, fue una faramalla, fue una farsa. No hay ninguna objetividad e imparcialidad en esta investigación porque quien renunciara hace poco a esa Secretaría era un subordinado del presidente.
En su momento, empujamos la creación de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados en términos del artículo 93 de la Constitución Política de la República la cual fue bloqueada por el PRI en la Cámara de Diputados y sus aliados y se creó como una medida para tratar de darle una salida política al tema una comisión especial para investigar la operación del Tren México-Querétaro, porque cuando se da a conocer la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto fue precisamente al momento de la asignación de un contrato multimillonario a un grupo encabezado por empresarios chinos donde participaba también el Grupo Higa. A partir del escándalo que se suscitó se crea esta Comisión que no quiso ir más allá en el tema, por el control ejercido por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, sin embargo ante el escándalo se canceló esta asignación para construir el Tren México-Querétaro y, por otro lado, supuestamente se canceló la operación inmobiliaria de la Casa Blanca.
Es un falso perdón porque no basta la disculpa pública, hay un hecho de corrupción y una violación a la ley, hay una irregularidad grave que tiene que ser castigada y sigue la persecución presidencial contra los periodistas que dieron a conocer estos hechos.
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