Los lamentables hechos que se suscitaron en el poblado de Motozintla, Chiapas, provocaron la muerte de un civil inmigrante de origen guatemalteco. Al respecto, es necesario hacer el siguiente análisis:
1. En cada área geográfica existen sectores de responsabilidad que cubren las unidades tipo batallón o regimiento. En el caso que nos ocupa ahora, es el 15/o Regimiento de Caballería Motorizado que tiene como área de responsabilidad parte de la franja fronteriza entre México y Guatemala.
2. Dentro del despliegue que realiza este Regimiento tanto en la Región y la Zona militar, se van determinando las áreas que por su problemática requieren patrullajes o el establecimiento de puestos de control o bases de operaciones.
3. Sabemos de antemano que las órdenes generales son elaboradas por los citados cuarteles generales, quienes analizan todos los factores y las diferentes problemáticas que se van presentando en cada área en específico. En particular, coadyuvan con la seguridad pública para brindarla a las personas que transitan en las carreteras.
4. Las órdenes son aterrizadas en cada nivel de mando, y principalmente los oficiales subalternos y tropa son quienes ejecutan y materializan esta misión o tarea, llevando el peso de la responsabilidad en caso de existir un exceso o modificación de la orden.Sin embargo, muchas veces en el terreno donde se desarrollan los patrullajes o los puestos de control, existen factores de la situación, que cambian de manera repentina. Como en este caso, se sale del control de quien pudiera tener el mando.
Hace tan solo 30 años, se estilaba que todo oficial o sargento primero debía obtener esa experiencia con personal antiguo, y una vez que estaba preparado, podría comenzar a trabajar con la confianza de poder tomar una buena decisión. Hoy preponderantemente la decisión de un comandante de base, los puede llevar al éxito o a la cárcel.
5. Por lo anterior, se establece un puesto de control en las inmediaciones del área de Motozintla y se brinda la seguridad sobre esa área.
6. Pero ¿qué sucede? La versión de los hechos menciona que un vehículo al percatarse de la presencia militar, inmediatamente da marcha en reversa para intentar huir. La experiencia nos ha arrojado que muchas veces las personas que pudieran llevar un arma, droga, o algo ilícito de inmediato buscan escapar y deshacerse sobre el camino de cualquier elemento probatorio que pudieran vincularlos a un ilícito, para que en caso de ser aprehendidos no se obtenga ningún dato. Lamentablemente muchos civiles no tenemos la educación de respetar a las autoridades, ya que por lógica ¿por qué tuvieron que huir como delincuentes? Estas acciones son inmediatas y simultáneas.
7. El personal militar no logra prever los niveles de la fuerza y se comete una acción errónea.
8. A las 15:00 horas (dos horas después de los hechos) un grupo aproximadamente de 300 personas, entre pobladores de Motozintla y otras de origen guatemalteco, arribaron en varios vehículos; esto no es normal ya que quiere decir que mantienen comunicación, están coordinados y observan los movimientos del personal militar a quienes comienzan a agredir con piedras y palos para después retenerlos, humillarlos y grabarlos. Por lo que se causa un perjuicio también a 15 elementos militares, los tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo que le pertenecen a la nación.
9. Después de llevarse a cabo las negociaciones y la reparación del daño, dio como resultado la indemnización a la familia del extinto. En tal sentido, esta situación abre la posibilidad de que se incrementen este tipo de acciones en contra del personal militar. Ahora comenzarán a suscitarse más provocaciones para demandar a la SEDENA, como sucedió en el período durante el conflicto de Chiapas en los años noventa, y cuyo modus operandi se repite en diferentes regiones del país como en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, por mencionar algunos.
Por otro lado ¿qué sucede con los militares que ahora están bajo un proceso? También fueron vulnerados sus derechos al ser nulificados en sus funciones, ya que se ejecutó de manera real la resistencia de particulares ante una autoridad debidamente identificada y en pleno ejercicio de sus funciones, tomando la justicia por su propia mano.
Este personal militar que se encontraba trabajando, brindando la seguridad interior del país, ahora va a tener que enfrentar un problema legal que no estaba contemplado en sus gastos; quedando en peligro su libertad, y encontrándose en un estado de indefensión, debido a que no se comprendió claramente la orden para actuar en caso de una contingencia, o en su defecto la resistencia de los pobladores. Ellos tendrán que sufrir una condena, pero ¿y sus familias, sus hijos, sus esposas? Al final son víctimas colaterales. Quizás a muchos no les importe, por falta de empatía del medio civil, y por la falta de liderazgo de quienes están obligados a darle cumplimiento a la triple función de un comandante. La causa raíz radica principalmente en la ausencia de todos aquellos factores que hacen que en otros eventos salgan con éxito las tropas. No son casualidad los resultados de estos efectos.
Es importante poner sobre la mesa el surgimiento de la necesidad de tener un mecanismo de asesoría jurídica externa, expresamente para este personal que de alguna manera está cumpliendo con su deber, evitando un conflicto de intereses. Los militares de todos los escalafones están expuestos a quedar en estado de indefensión, como ha estado sucediendo. La injusticia no discrimina grados, cargos, ni tiempo de servicios.
Por mi parte estoy dispuesto a defender de forma gratuita y a asesorar a los elementos militares que están siendo juzgados en este momento, como lo he hecho todos estos años. Quien defiende a un soldado de la patria defiende no sólo a sus hermanos, defiende a su país.
Caso Tlatlaya
Como podemos observar nuevamente y en concordancia con el caso anterior, en cada nivel de mando y principalmente en las unidades, se requiere de manera urgente un asesor jurídico que coadyuve al asesoramiento para armonizar el tipo de órdenes que se conciben, se preparan y se conducen en su ejecución. Todas deben de estar fundamentadas y alineadas con el marco jurídico actual, así como su duración y alcances. El personal militar que materializa las operaciones únicamente obedece y cumple órdenes.
Pero ¿hasta qué momento esa orden puede ser considerada contraria o fuera de cualquier lógica, sin caer en la desobediencia o insubordinación?.
Todo este cultivo de vacíos operativos debe quedar claro para establecer hasta dónde llega la coadyuvancia en las tareas de seguridad pública, y hasta dónde podemos considerar que es materia de seguridad nacional, y cómo afectan el orden interno.
Es necesario establecer que todo aquel que rompa la armonía de la justicia y soberanía de la nación es un enemigo y, por lo tanto, debe ser considerado como tal hasta su neutralización.
Ha quedado demostrado que mientras se desarrollan las acciones de los delincuentes, ellos agreden con armas de alto poder y coordinan ataques en forma de guerrilla, conformados por células. No existe honorabilidad, ni piedad, ni mucho menos un trato justo que respete la vida, –tal es el caso reciente de Coatepec Harinas–.
Los políticos y el poder judicial, no han querido comprender que el delincuente o trasgresor de la ley a partir de que rebasa el límite del respeto al estado de derecho y se pone en peligro el interés público y social de los ciudadanos, el mismo renuncia a su derecho constitucional.
Sin embargo, como entramos al reconocimiento de los derechos humanos, –sólo sesenta años después que la mayoría de los países desarrollados, debido a que nosotros tenemos garantías en la Consitución ahora creemos que esos derechos nos dan permiso de romper cualquier estado de derecho, bajo el pretexto de que se me deben respetar mis derechos humanos aun cuando se cometan delitos que en cualquier país serían considerados atroces y de lesa humanidad. En México todavía no estamos listos para esa conversación.
Por último, no podemos dejar de lado el hecho de que los elementos militares seguirán cumpliendo con las órdenes del Comandante Supremos y del Alto Mando, con la mejor de sus capacidades y actitud de servicio. Pero es necesario, por no decir obligatorio, que esos mandos les otorguen no solo el marco jurídico, es también su obligación que darles todas las garantías de defensa necesarias para que cuando sucedan hechos como los aquí narrados, los elementos militares no queden en estado de indefensión, y tengan los servicios jurídicos y de defensa necesarios, para que en igualdad de circunstancias les brinden una defensa técnica jurídica adecuada para demuestre su inocencia y pueda eximirlos de responsabilidad.
El tránsito de un caso en los juzgados federales, del fuero común y militares, toma muchos años de lucha y se acaba abandonando al personal militar, convirtiéndose simplemente en un número de matrícula. Al soldado se le deja no solo en estado de indefensión, sino también a toda su familia. Se le abandona a su suerte, para convertirlo automáticamente en un enemigo de la institución a la que juró defender, darle sus mejores años y priorizarle sobre todo. Como decía mi señor padre, “el día que los mandos dejemos de apoyar a la tropa, será el día que fallamos como militares y generales”.