El inicio de 2017 ha sido complicado y el año no augura una situación fácil para el país. A los problemas económicos que enfrentamos, el gasolinazo, la devaluación de nuestra moneda, se unen el descrédito de los políticos mexicanos, la galopante corrupción y la opacidad o carencia de información de la ciudadanía.
El gobierno federal, pero también la oposición, han fracasado en explicar a la ciudadanía qué pasa en México. Independientemente de argumentos grandilocuentes pero sin ningún sustento, la pomposa reforma energética que no ha dado resultado ni la recaudación fiscal, son elementos suficientes para explicar a las y los mexicanos por qué nuestra moneda se devalúa y el precio de la gasolina sube o por qué el dinero público no alcanza y es necesario quitarle más a los ciudadanos ¿dónde está ese dinero? Lo que no entienden o no parece preocuparles a esos funcionarios públicos, es que ambas cosas afectan directamente el bolsillo de cada ciudadano y ciudadana en nuestro país. Ese es el punto que no logran explicarnos: por qué es la ciudadanía siempre la más afectada. La respuesta tardía del gobierno federal con una “estrategia” y del resto de actores políticos con el objetivo de sacar réditos de la grave situación que enfrenta nuestro país, es clara muestra de lo poco que les importa el país.
Las decisiones, una tras otra, no dejan de sorprender, además, por el desatinado momento para realizar los cambios o anuncios y por la falta de reacciones del gobierno ante acciones que claramente deterioran las condiciones económicas de nuestro país. Ninguna reacción hubo, por ejemplo, al anuncio de Ford de suspender una inversión millonaria en nuestro país por las presiones de Trump, que en unos días más asumirá la presidencia de los Estados Unidos.
El deterioro político y económico del país es claro y el hartazgo de la ciudadanía evidente. Las y los mexicanos han empezado a movilizarse y aliarse para mostrar su descontento, con el intento frustrado de los medios, gobierno y partidos políticos por deslegitimar los movimientos ciudadanos. La situación a 8 meses de que inicie el proceso electoral presidencial es francamente preocupante.
Una de las pocas respuestas serias y comprometidas con el país es la del Instituto Nacional Electoral, que el miércoles anunció cinco medidas de austeridad para hacer frente a la situación que enfrenta nuestro país. El INE anunció que suspende la construcción anunciada en su sede central y que ya había sido aprobada en los presupuestos que le fueron asignados por la Cámara de Diputados en 2015 y 2016. El monto total de la obra asciende a 1,070 millones de pesos. El INE podrá estos recursos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, anunció que los funcionarios con mayor rango en esa institución, las y los Consejeros Electorales y las y los funcionarios de la Junta General Ejecutiva ampliada, reducirán su sueldo en un 10% y renuncian al pago del servicio de telefonía celular. En un compromiso con la transparencia, el INE anunció que hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre, y que el próximo mes presentará un proyecto que contendrá medidas adicionales de austeridad que tomará esa institución.
Debe reconocerse el compromiso y las decisiones tomadas por el INE, cuando se encuentran en marcha los procesos electorales de 2017 y el inicio del proceso electoral 2017-2018, para que México enfrente con responsabilidad la situación por la que estamos atravesando. Son este tipo de compromisos los que requerimos de nuestras autoridades ¿cómo contribuirán nuestros partidos políticos, legisladores y funcionarios públicos a enfrentar la grave situación del país? ¿Cuándo admitirán nuestros parlamentarios que reciben en efectivo más del doble de su sueldo? Porque de devolver esos recursos, mejor ni hablamos ¿Cuándo aprobarán alguna acción que genere un beneficio real y tangible a México y no a sus bolsillos? ¿Cuándo dejarán de ver a México como su botín personal y trabajarán por el bienestar de todos? Seguiremos sentados esperando.