En México, como en otros países, la mayor parte de las responsabilidades y costos del trabajo de cuidados recaen en las mujeres, principalmente en el ámbito familiar, con graves consecuencias para sus vidas, sus cuerpos, sus tiempos y el ejercicio de sus derechos. Sobrecarga, desigualdad y perjuicios que, como es sabido, se han incrementado y agravado con la pandemia de covid-19.
Existen diferentes condicionantes sociales, políticas y culturales que organizan de esta manera tan inequitativa e injusta el trabajo de cuidados en nuestro país, tales como los roles de género y las desigualdades económicas y étnicas. Pero entre estos factores, uno de los más importantes es el lugar que el Estado mexicano ha tomado en la organización social del cuidado y la manera en que categoriza política y burocráticamente a los cuidados.
En efecto, en el diagnóstico realizado por Lucía Pérez Fragoso (2020) sobre los Servicios Públicos de Cuidado en México puede observarse que las leyes y las políticas sociales referentes explícita o implícitamente al trabajo de cuidados conciben a las mujeres y a las familias como sus principales responsables y proveedoras. De esta manera, el Estado no asume ni garantiza su corresponsabilidad ni la de los varones en este tipo de trabajos. Asimismo, muchas actividades de cuidado no son consideradas estatalmente como tales. Por ejemplo, en el campo de la salud “la Ley no menciona los cuidados que se requieren una vez aplicados los tratamientos médicos” (Pérez, 2020, p.65). De esta manera, muchos de estos cuidados no son comprendidos como parte de la atención a la salud ni son incluidos en el marco normativo, presupuestal o de asistencia social que el Estado debiera dedicar para ello.
En el mismo diagnóstico se informa que, cuando ciertos cuidados sí son provistos por el Estado (como es el caso de los Centros de Asistencia Social), no se específica cómo y cuál debe ser el acceso y la cobertura a estos servicios públicos. Aunado a ello, algunos programas de apoyo al cuidado de hijas e hijos de madres trabajadoras solamente consisten en una transferencia monetaria que resulta “insignificante en relación a lo que se requiere para cuidarles” (Pérez, 2020, p.49).
A su vez, este Diagnóstico da cuenta de que entre 2018 y 2019 en México disminuyeron “los recursos públicos asignados a cuidado y, específicamente, aquellos servicios que pudiesen sustituir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que llevan a cabo las mujeres en los hogares” (Pérez, 2020, p.58). De esta manera, el Estado mexicano traspasó gran parte de sus responsabilidades sobre estos cuidados a las mujeres y a las familias; lo cual, como es sabido, se incrementó y se agravó durante la actual crisis sanitaria.
Como puede observarse, simbólica y prácticamente, el Estado mexicano feminiza y familiariza a los cuidados de múltiples maneras: al designar abiertamente a las mujeres como las responsables del cuidado en los hogares, al no reconocer ni ejercer la corresponsabilidad estatal ni promover la de los varones, al reducir los servicios públicos de cuidado existentes y al no reconocer ni retribuir la importancia que tienen los cuidados en la reproducción de la sociedad y en la sostenibilidad de la vida (Pérez, 2020). En ese sentido, puede afirmarse que en México el Estado es un agente clave para la generación y la reproducción de la sobrecarga, la desigualdad y la injusticia con las que se organiza socialmente el trabajo de cuidados y para la perduración de la explotación y dominación de las mujeres que los sostienen y proveen cotidianamente.
De este modo, en México, la posibilidad y la necesidad de una reorganización social del cuidado en términos más equitativos precisa reformular también las maneras en que el Estado concibe, distribuye y participa en este tipo de trabajo. Lo cual, implica un doble proceso. Por un lado, conlleva la necesidad de un cambio sobre la organización social de los cuidados para no ser provisto con perjuicio de las mujeres y de las familias. Por el otro, también precisa una transformación sobre cómo el Estado mexicano estructura y reproduce patrones de género desiguales e injustos, sobre cómo atiende o no a los problemas públicos del país, sobre cómo asegura o no el cumplimiento de los derechos sociales y sobre cómo garantiza o no instituciones de protección y de seguridad social para todas y todos sus ciudadanos.
En ese sentido es que puede advertirse por qué la discusión y la exigencia de una organización social del cuidado más equitativa es tan compleja y, al mismo tiempo, tan importante para México. Porque incluye en sí misma la posibilidad de una vida más justa para las mujeres y para cualquier persona cuidadora y cuidada. Y porque, con ello, demanda un Estado completamente dedicado al bienestar general de la sociedad mexicana. Dos caras de una misma moneda que iremos viendo cómo se concatenan, tensionan y debieran resolverse en la actual discusión y construcción de un Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país.
Bibliografía citada
Pérez, Lucía. (2020). Un Diagnóstico de los Servicios Públicos de Cuidado en México: Análisis Demográfico, Presupuestal y Legislativo. México: Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez.
* Angélica Dávila Landa es Maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus líneas de investigación son: trabajo de cuidados, cuidados paliativos, derechos humanos y problemas públicos. Actualmente coordina el Seminario de Investigación “Sociología Política de los Cuidados” en el Instituto Mora, junto con la Dra. Itzel Mayans.