«Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza»
Immanuel Kant.
El Gobierno Federal planteó como un eje para lograr la transformación del país una Constitución Moral. En semanas recientes inició la distribución de una Cartilla Moral, cuyo contenido fue escrito por el intelectual, poeta y diplomático mexicano Alfonso Reyes Ochoa. El Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador suscribió en la Introducción de la Cartilla Moral lo siguiente “La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”.
Sin embargo, desde el inicio del planteamiento de la Constitución Moral y de la Cartilla Moral se generó un debate respecto a la intención y contenidos de tales empresas, en varios casos es posible localizar criticas razonables, así como argumentos a favor de esta iniciativa del Gobierno Federal. Habría de señalarse que en la historia de las ideas políticas existen diferentes posturas respecto al papel de la ética en la función de gobierno. Y que de fondo la política en Occidente constituye la expresión y dinámica de una eticidad, es decir, de considerar y depositar en la política una vocación civilizatoria, una forma de construir vida social. Desde Aristóteles la política aparece asociada a la capacidad de construir, crear y transformar a través del diálogo y la racionalidad.
En ese marco, una postura de conocimiento sobre el Estado, las libertades y el papel de las instituciones señala que el Estado no puede adoptar una posición moral ante la vida colectiva, sino garantizar que toda moral y en su caso eticidad se manifieste en el espacio público con condiciones de no coaccion y no violencia. Esta posición lejos de confundir los temas de costubre, moralidad y moralismo con la singularidad de una ética, que es precisamente la moral, expone que el Estado político y sus instituciones están para garantizar la seguridad, los bienes y los contratos en una lógica de racionalidad de las políticas públicas y que, todo acto de intervención de orden moral, supone una transgresión a las libertades y la democracia. Así la “ética pública” aparece ligada a la racionalidad, apela a la codificación universal de los derechos humanos y reserva al individuo y a los colectivos las formas de conducta que mejor quieran asumir, siempre y cuando no afecten derechos de terceros o sean conductas que la ley tipifique como delitos.
Sin embargo, hace varias décadas que desde la filosofía política clásica y desde autores centrales para el pensamiento actual sobre el Estado se registra una tendencia que recupera el papel de la ética, la justicia y la moral, así como diversas fuentes normativas ancestrales como vertientes que habrían de ponderarse para repensar el actuar concreto de las instituciones y de las sociedades en el mundo. Las crisis generadas por el actual modelo de creación de riqueza que domina a escala planetaria permiten apreciar que lejos de agotarse el papel del Estado frente a la ética política e institucional, este se ha fortalecido.
La razón central de este regreso de la ética y la moral en la acción concreta de las instituciones obedece a que las vertientes que apostaron a una modernización técnica e instrumental del Estado muestran saldos y contradicciones sociales, nuevos patrones de exclusión y un diseño jurídico e institucional que privatiza los beneficios y socializa los costos. Esta situación real, presente y efectiva que ha sido reconocida por el Banco Mundial muestra que estamos ante un desafío ético que interesa a la propia razón de ser del Estado.
El debate no tiene que ver con la supuesta pretensión de que los gobiernos establezcan posiciones moralizantes sobre la vida colectiva, algo así como imponer la moral privada sobre la pública, en cambio, tiene que ver con un hecho sustancial que es el papel de la política en el Estado, y por tanto con asumir que la política y las decisiones son actos éticos. Lo que se ha comprometido es el papel civilizatorio de la propia política al despojarla de sus referentes y principios, para convertirla en una política instrumental que se apega al modelo de riqueza imperante, lo cual, dicho sea de paso también es una posición ética, es decir, una postura que abraza las libertades, el pragmatismo, la mínima intervención del Estado, y que mira con desconfianza la acción del Estado ante las desigualdades.
El Gobierno Federal plantea que la transformación del país implica retomar, fortalecer y asumir en la vida concreta ciertos valores que considera relevantes para la convivencia común, y en evidencia las reacciones de las posiciones contrarias no se hicieron esperar. Habría de anotarse que prácticamente todos los documentos jurídicos fundacionales del Estado mexicano vigentes exponen explícitamente valores para el desempeño institucional y de los servidores públicos en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno, que la mayoría de las profesiones liberales tienen una deontología, al igual que las instituciones que se constituyen en los núcleos de organización social como son la escuela, la empresa y hasta los mercados.
Lo que el desarrollo de la civilización muestra es que los valores son principios de convivencia que tienen una demostración lógica y racional, que son necesarios para el desarrollo humano, y que las axiologías constiyuyen el eje de la acción individual y colectiva, así las cosas, sorpenden ciertas acusaciones a la iniciativa del Gobierno actual, al obviar que la institucionalidad pública, social y privada está edificada sobre una visión ética y sobre visiones morales particulares.
Las axiologías parten de saberes racionales o en su caso sapienciales sobre modos de vida que permiten el desarrollo de la persona, por ello, es necesario debatir desde lo colectivo sobre la reconstitución y resignificación de valores universales para la convivencia colectiva, sobre la creación de otras formas de relación societal fundadas en el respeto a la diferencia, la diversidad y la equidad, y en asumir las vertientes de la libertad en sus nexos con la responsabilidad. Es necesario ponderar que el regreso de la justicia a la propia idea y practicidad del Estado no es casual (J. Rawls), como tampoco lo es la apuesta con la ética y la política (G. Steiner) o la tesis de una ética mundial en la política (H. Kung). La iniciativa de una constitución moral, que no es una constitución jurídica, es la oportunidad de un debate de envergadura que supone entre otras cosas, dar sentido a la acción del Estado al seno de la vida social como hecho político y por tanto como expresión ética de las grandes aspiraciones y objetivos nacionales.