Acorde con lo que establece la ley, cada día 1 de septiembre el presidente de la República está obligado a presentar un informe del desempeño de su gobierno al Congreso de la Unión. Dicha obligación tiene como espíritu ser un momento de rendición de cuentas del ejecutivo federal a la ciudadanía en general a través de nuestros representantes en el legislativo.
Sin embargo, estos espacios no han cumplido con su función sustantiva: en el último siglo pasamos de las alabanzas del periodo del régimen priista, a centrarnos en los reclamos directos (desde el periodo del presidente Salinas al de Fox), hasta la simple entrega por escrito al Congreso del documento en extenso, acompañado de un mensaje paralelo -monólogo- del presidente en turno.
En todo caso, el principio de rendirle cuentas a la sociedad sigue sin cumplirse. Los presidentes mandan mensajes políticos y resaltan resultados sin explicar la estrategia y definición de sus prioridades, el porqué de las decisiones, la métrica usada para medir los resultados, el nivel de cumplimiento de estos, las dificultades encontradas y -sobre todo- los yerros cometidos, con el fin de conocer las consecuencias y posibles soluciones. Inclusive en ocasiones se puede encontrar que un simple listado de acciones es presentado como resultados
De esta misma forma, el Segundo Informe de la administración del presidente López en materia de seguridad y justicia, destacó logros sin asumir responsabilidades ni reconocer errores, es decir, fue un discurso político que nunca buscó rendir cuentas.
Basta con revisar que López señaló bajas en la incidencia de los delitos sin especificar periodos, lo que hace imposible corroborar dichos datos; afirmó que el feminicidio bajó un 30%, pese a que según datos oficiales, este año, comparado con el mismo periodo de 2019, este delito creció 5.40%; insistió en la contención de la violencia pese a que las víctimas de homicidio doloso han crecido 1.7% y omitió señalar que las bajas en los delitos comunes (robos, secuestros y extorsiones) son un efecto directo del confinamiento y no de una política de seguridad.
Asimismo, el mandatario mediante su discurso presumió que en esta administración se logró erradicar la tortura cuando, tan sólo de enero a junio de 2020, de acuerdo con el Sistema de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se registraron 6 quejas contra la Fiscalía General de la República (FGR), contra la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), 2 contra la Secretaría de Marina (SEMAR), 1 contra la Guardia Nacional y 1 contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
El presidente omitió hablar de la ausencia resultados en combatir la desaparición de personas pese a que, de acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Búsqueda, de diciembre 2018 a finales de diciembre de 2019, existen 5,184 personas desaparecidas o no localizadas, mientras que en el primer semestre 2020 se sumaron otras 2,332 personas.
Tampoco mencionó la falta de resultados de la FGR, que, dada la ausencia de sentencias condenatorias obtenidas desde el inicio de sexenio por dicha dependencia, nos permite afirmar que esta administración está resultando la de mayor tasa impunidad de la historia. Un aspecto para destacar es que el gobierno federal se está escudando de esta crítica a partir de la autonomía de la institución federal de procuración de justicia.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano elaboramos el documento “ABC para entender el estado actual que guarda la administración pública en materia de seguridad”, que por un lado ayuda al lector a comparar los datos expuestos por el presidente, con los datos públicos oficiales y por el otro aporta información sustantiva del desempeño de la autoridad federal en materia de seguridad y justicia que el mandatario omitió presentar.
Es tarea ciudadana vigilar que las autoridades trabajen en pleno apego a derecho y rindan cuentas sobre su desempeño. Recordemos que tanto los aciertos como los errores se ejecutan con nuestros recursos, que estos afectan la vida de todos y que, sin una ciudadanía proactiva y exigente, las autoridades difícilmente corrigen los errores de sus administraciones.