El escándalo político ha dejado su marca en la política mexicana, erosionando peligrosamente la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Constructores que entregan casas en condiciones ventajosas a funcionarios públicos; uso de helicópteros oficiales para fines privados o electorales; gobernadores que maltratan en público a sus subordinados; partidos que sistemáticamente violan la legislación electoral; giras para el shopping de la primera dama y su séquito en boutiques exclusivas en el extranjero; autoridades coludidas con redes criminales…
La capacidad de los actores políticos para generar indignación social y desencanto parecen no tener fin. El divorcio entre autoridades democráticamente electas y los ciudadanos se transforma en un abismo. El ejercicio de la política se transforma a ojos ciudadanos en sinónimo de privilegio, abuso, corrupción, conflicto de interés e impunidad.
Los actos que en el pasado se escondían bajo la alfombra, se evidencian y multiplican en la era de la información. Lo sorprendente es que los actores políticos, sacudidos y evidenciados cotidianamente en medios de comunicación y redes sociales, parecen no entender y se aferran a las mismas prácticas. Lo increíble no es conocer sobre abuso de poder o uso indebido del servicio público en la Presidencia o el gabinete, sino descubrir cada semana un nuevo escándalo. No es que no entendamos, es que nos vale madres como corolario.
La vida activa del escándalo político se articula en cinco niveles diferenciados. En primer lugar el acto mismo. El descubrimiento de la vinculación de una autoridad con uso indebido del servicio público, abuso de poder, conflictos de interés, corrupción o colusión con redes criminales.
Segundo, la difusión del escándalo a través de medios de comunicación y su retroalimentación por discusiones a través de redes sociales, multiplicando la indignación, el coraje y la frustración social.
Tercero, la agudización del escándalo por los propios involucrados, quienes en lugar de ofrecer explicaciones sustentadas en razones públicas, crean nuevas dimensiones al escándalo original con declaraciones y justificaciones incoherentes, contradictorias o abiertamente cínicas.
Cuarto, la existencia o ausencia de sanción a los responsables del acto escandaloso, lo cual por lo general alimenta la percepción de impunidad generalizada y protección a los poderosos.
Finalmente, el olvido social hasta el siguiente escándalo o el regreso de viejos escándalos como arma arrojadiza entre partidos en tiempos de campaña electoral, sin que esto signifique un compromiso real con la transparencia, la rendición de cuentas o el estado de derecho.
Lo más preocupante de los escándalos políticos que ha enfrentado la política nacional en los últimos meses, es la amenaza de que se conviertan en un estado de anormalidad aceptada, en una práctica que aunque genera indignación y crítica momentáneas, en el fondo se acepta con resignación como un estado de cosas inevitable. Una sociedad democrática requiere convertirse en una sociedad decente en el sentido de que las instituciones y las autoridades no deben humillar a los ciudadanos, pero esto exige que los ciudadanos tampoco acepten, asimilen o se acostumbren a la humillación.
Estoy convencido que en los últimos lustros nuestras instituciones vivieron una transformación democrática muy significativa y que la sociedad mexicana conquistó espacios muy importantes para hacer contrapeso al poder político. Me pregunto ahora cuántos escándalos, cuánta impunidad y cuánto desencanto puede resistir nuestra democracia antes de transformarse en una mera fachada, en un cascarón hueco.