Esta semana fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siete impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, no se trata de lo mismo. No es que haya un consenso en contra de lo aprobado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es que continúa la lucha a favor y en contra de los avances democráticos de la capital del país, ahora por la vía judicial.
Por ejemplo, Morena presentó una Acción de Inconstitucionalidad basada en la conformación antidemocrática de la Asamblea Constituyente, toda vez que el 40 por ciento de los diputados constituyentes fueron designados por el Presidente y el Jefe de Gobierno, mientras que el 60 por ciento surgieron de una elección popular.
Esto obliga, a que para dotar de legitimidad ciudadana a la Carta Magna, esta sea ratificada en referéndum para que la ciudadanía sea la que dé la aprobación final al texto constitucional. Por otro lado, Morena impugna que de acuerdo a lo plasmado en la Constitución, la legislatura local sea integrada por más diputados plurinominales lo que haría crecer artificialmente a los partidos que no gozan de simpatía en la Ciudad de México.
Es decir, la impugnación de Morena tiene que ver con asegurar mayor democracia en la capital. En tanto, los recursos interpuestos por el gobierno federal tienen que ver con frenar los avances pues la ofensiva judicial de Peña Nieto contra la Constitución es para privatizar el agua.
Además, el gobierno federal ataca derechos alcanzados en materia de diversidad familiar y discriminación. Asimismo, va en contra de la revocación de mandato. Es decir, Peña Nieto ataca los pocos temas de avanzada logrados en la Constitución.
Sin embargo, hay que hacer notar que fue el propio gobierno federal, a través de la bancada del presidente, quien aprobó la Constitución de la Ciudad de México y, ahora, van contra lo que los mismos diputados del presidente aprobaron y hasta festejaron. Lo que busca el gobierno federal no es la armonización de las constituciones local y federal, ni hacer ajustes de forma, lo que busca es echar abajo los avances.
Y en esta ofensiva queda clara la desgracia del Gobierno de la Ciudad de México que pactó con el gobierno federal una reforma política antidemocrática con 40 diputados designados que se dedicaron a frenar avances, difuminaron la distinción entre los sectores público y social de la economía, metieron la medición federal de la pobreza que deja fuera al 40 por ciento de la gente en esa condición, metieron contratos multianuales que encadenan presupuestos a determinados proyectos, entre otros temas, y ahora el propio gobierno federal va contra lo que vale la pena de la Constitución.
Si progresan los recursos del gobierno federal, la Constitución será una entelequia pues al final las leyes secundarias que actualmente rigen a la ciudad serán más de avanzada que la Constitución en materias sociales y en derechos humanos. Y todo porque el Gobierno de la Ciudad y su partido aceptaron meter 40 legisladores no electos por la ciudadanía a la Asamblea Constituyente y dejaron el control final de la misma al régimen político que siempre se ha opuesto a los avances de la ciudad.
Es claro que fue un error del Jefe de Gobierno y el PRD confiar un tema tan importante como la Constitución de la Ciudad de México al régimen.Menudo triunfo de Mancera.