Las autoridades mexicanas estiman que en nuestro país existen unos diez millones de armas de fuego introducidas ilícitamente a través de nuestra frontera norte y calculan el flujo anual en un medio millón de armas.
En agosto de este año, la cancillería mexicana tuvo el acierto de presentar en Boston, Massachusetts, una demanda civil contra once empresas estadounidenses fabricantes y distribuidoras de armas de fuego por los daños que han causado a nuestro país y a nuestra población derivados de sus prácticas de comercialización negligente. El litigio se encuentra a la espera de réplicas de las partes y a finales de febrero de 2022, las empresas demandadas presentarán su réplica final.
Será un juicio largo, ha adelantado Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y responsable de la coordinación y seguimiento de la demanda.
Si bien no se trata de una contra el Gobierno de Estados Unidos, sí responde a una decisión estratégica de situar el tema del tráfico ilícito de armas de fuego en el centro de la agenda bilateral.
Por otro lado, la conversación con nuestros vecinos del norte en este tema nunca ha sido simple de plantear, ni sencilla de iniciar y mantener. De entrada, el tema de las armas está profundamente enraizado en la cultura norteamericana y está anclado en la Segunda Enmienda de su Constitución. Dicha enmienda entró en vigor en 1791, dos años después de que lo hiciera la propia Constitución. Su texto es breve y el lenguaje conciso: una traducción no oficial diría: "Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido". Aquí, me limito a señalar que ese derecho constitucional irrestricto a "poseer y portar armas", ha sido el escudo detrás del cual las empresas fabricantes y distribuidoras han esgrimido su defensa hacia todos los intentos de regular la fabricación y comercialización de armas, de cualquier tipo, a sus ciudadanos. Este principio también se usa para influir en la opinión pública estadounidense para equiparar, con gran éxito, cualquier intento por regular el comercio de armas con un atentado a su derecho constitucional. Esta ha sido la esencia de la estrategia del cabildeo más importante en Estados Unidos, el lobby de la Asociación Nacional de Rifles o NRA, por sus siglas en inglés. Por ello, la estrategia de información pública que México ha seguido a raíz de la presentación de la demanda, ha enfatizado que ésta ni es contra el Gobierno de Estados Unidos, ni atenta limitar los derechos ciudadanos derivados de la Segunda Enmienda.
Por otro lado, el panorama interno en Estados Unidos respecto al uso y portación de armas, divide a ese país. Una encuesta del Pew Research Center (PRC), apunta que 48% de los estadunidenses consideran que la violencia causada por las armas es uno de los problemas más importantes; para ponerlo en contexto, hoy en día, estaría por debajo de la preocupación por la pandemia (47%) y el único problema de preocupación más importante para los estadounidenses sería el del acceso a la salud con el 56%.
Sin embargo, la encuesta del PRC revela también que tres de cada diez estadounidenses admiten poseer un arma de fuego, pero que en cuatro de cada diez hogares, hay al menos un arma de fuego.
Así, es natural que la historia de numerosas leyes y decretos que han tratado establecer diferentes sistemas y mecanismos para el control de armas en EU, está marcado por igual número de derrotas o modificaciones que dan en la actualidad un marco normativo lleno de lagunas que permiten a fabricantes y a sus distribuidores mantener una amplísima red de comercialización de armas, al tiempo que impiden al Estado ejercer un control eficiente al comercio interno de armas. Estas fallas en la regulación otorgan en los hechos una gran capacidad de maniobra para que una enorme cantidad de armas de fuego se exporten ilícitamente a nuestro país. Un negocio de miles de millones de dólares.
La demanda interpuesta por nuestro país no impide, por otro lado, que nuestro Gobierno siga exigiendo al gobierno estadounidense que establezca controles efectivos a la comercialización ilícita de armamento. Por ello, es de celebrar la reciente reinstalación del tema en la agenda de los llamados Mecanismos de Enlace Fronterizo, órgano de cooperación y coordinación en el que participan nuestros cónsules en la frontera y que reúne a autoridades civiles y militares de ambos países y que se congregó para tratar el tema del comercio ilícito de armas en la ciudad de Tijuana el pasado 23 de noviembre.
En ese sentido, las acciones en el ámbito multilateral son igualmente pertinentes. Así, el secretario Ebrard, al presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 22 de noviembre, hizo un llamado "a gobiernos y a el sector privado a implementar medidas para evitar el tráfico de armas, medida urgente en virtud de la violencia que este alimenta en diversas regiones y países, incluyendo México." y añadió que "es imperativo atender el ciclo completo de vida de las armas, incluidas la intermediación, la transferencia y los usuarios finales”. En la citada intervención, Ebrard también envió un mensaje a nuestros vecinos del norte al señalar que (tomado del comunicado 529 de la SRE) "es importante consolidar controles fronterizos efectivos e integrales y fomentar la coordinación entre autoridades de los distintos países por donde transitan estas armas...y, señaló, [resulta también importante] la generación de bases estadísticas rigurosas y diagnósticos certeros sobre las dinámicas, rutas y tendencias del tráfico y desvío de armas, así como la generación y mejoramiento de los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo": es, de hecho, una hoja de ruta para las negociaciones bilaterales.
No cabe duda de que es fundamental lograr acuerdos que permitan regular el comercio y distribución de armas en nuestra región y en el mundo; también es cierto que además de Estados Unidos, actor dominante, hay varios países que son proveedores eficaces. En ese sentido, tal vez algún lector se haga la misma pregunta que yo me formulo: ¿Y si además de las acciones mencionadas que México ya está tomando, redujeramos total o parcialmente, de manera temporal las compras oficiales de armamento, equipo militar y municiones provenientes de Estados Unidos?.