Los llamados “golpes de Estado blandos” tienen carta de presentación en el lenguaje y análisis de seguridad nacional. Sobre este tipo de “golpes” hay varias versiones y hasta “metodologías”. Una apunta a que actores no estatales, organizaciones ligadas a intereses nacionales y extranjeros, actores y partidos políticos podrían generar un clima de tensión e incluso de violencia que llevarían a la caída de un gobierno; otra versión resalta que los grupos de poder fáctico mediante el ciberespacio, el financiamiento a grupos de presión, colectivos violentos, y apoyo a organizaciones sociales podrían influir en las decisiones de un gobierno legítimo, al grado de paralizarlo; y otra perspectiva apuntaría al golpe de Estado “blando” como preludio de la caída de un régimen y la incursión de un nuevo grupo al poder por no democráticas.
En todo caso, lo que define a este conjunto de tesis sobre golpes de Estado “suaves” es que se idean y perpetran desde lo civil, distinguiéndose de los golpes militares “tradicionales”. Lo cierto es que estos golpes de Estado como estrategias deliberadas de desestabilización que se proponen minar la legitimidad, la confianza y la credibilidad de un gobierno, en algún punto habrán de buscar un acercamiento con las elites militares, salvo la excepción de que su manejo sea tal, que se conduzca en los cauces civiles sin mayores pérdidas humanas y materiales y mantenga los elementos básicos de legalidad de un Estado, lo cual, dicho sea de paso, es poco probable.
Esta probabilidad es todavía menor porque las inteligencias militares conocen estas estrategias en su concepto y desarrollo, y por lo menos en el caso mexicano, existe un alto grado de institucionalidad, confianza y profesionalismo que representan diques ante tales intencionalidades. En los hechos, el análisis de golpes de Estado “blandos” es una asignatura regular en la inteligencia civil y militar mexicana.
Quienes detonan estas estrategias generan rumores, propagan noticias falsas en el ciberespacio, auspician movimientos que provocan angustia social y desconfianza, sobredimensionan cada error del gobierno o de plano los inventan, financian el uso de la violencia como modo de expresión política, llegan a relacionarse con grupos delincuenciales, cooptan y reclutan actores políticos e invierten en generar climas de rechazo en la opinión pública. La cuestión hasta aquí no sería extraña, ni paradigmática para las más diversas democracias que han vivido y sobrevivido a algunos o varios de estos factores, la cuestión es que en un golpe de Estado “blando” hay por lo menos dos grandes intencionalidades: influir y en su caso paralizar las decisiones de Gobierno o lograr la caída de un gobierno para imponer o hacer prevalecer determinados intereses de poderes fácticos, incluso con el uso de la fuerza.
Estas estrategias al generarse en sistemas democráticos provocan altos costos. Primero para la democracia que se ve minada en sus bases de confianza y legitimidad. Segundo para la economía ya que la curva de recuperación de estos episodios es alta. Tercero para el orden político, dado que los actores aparecen confrontados y es complejo imponer la propia voluntad a otros, cuando se han roto los moldes democráticos. Y cuarto, porque constituye un asalto a la decisión del soberano que es la ciudadanía. En México, no existen condiciones efectivas para intencionalidades golpistas “suaves”, debido a los niveles de confianza en el Poder Ejecutivo Federal, a la lealtad de las Fuerzas Armadas, a las vocaciones democráticas que comparten diversos partidos y actores políticos, y a una ciudadanía que poco estaría dispuesta a aceptar la apropiación del Estado por un grupo de poder.
Los autores de un Golpe de Estado “suave” se saben observados por la inteligencia civil y militar por lo que buscarían acercamientos, en especial con el sector militar debido a que pocos golpes de Estado blandos, aún los “químicamente puros” no han requerido del apoyo de las Fuerzas Armadas. En nuestro país la lealtad de la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano ha permanecido incólume por décadas, tienen al presidente como su comandante supremo, sus niveles de formación académica, administrativa y operacional son de los más altos del mundo, y lejos de acercarse a tales rutas, las analizan para advertir al poder civil en el marco de la seguridad nacional. Si en México, algún grupo de interés quiere avanzar por este camino, tendrá que buscarle por otro lado.