Opinión

El ejército como en un cerro

Este remedo de ley no resolverá el problema sino lo agudizará al poner al ejército por encima de todos los órdenes de gobierno | Manuel Fuentes

  • 27/12/2017
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La apresurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Senadores y luego la promulgación de esta el pasado 21 de diciembre, refleja la desesperación del Estado mexicano por legitimar las acciones del ejército y la armada de México que han actuado fuera de toda norma constitucional.

20 años fuera de norma


En 2016 operaba un promedio diario de 52 mil elementos y 75 puestos militares de seguridad desplegados en diversas partes de la República sin que la autoridad civil tuviera conocimiento de las acciones sobre la prevención y combate de presuntos ilícitos, principalmente relacionados con actividades del narcotráfico.

Son 20 años de acciones del ejército en materia de seguridad pública, alejadas de toda norma jurídica que sustente su actuar. En 1977 se inició con la Operación Cóndor para combate al narcotráfico, pero sus acciones eran de corto plazo y en determinados lugares.

En 2005 se le buscó dar cobertura a las acciones del ejercito a través del programa Operativo México Seguro con el objeto de combatir no solo las acciones del narcotráfico, sino del narcomenudeo, contrabando, trafico de indocumentados, robo de vehículos y portación de armas prohibidas, en donde las policías no solo estaban rebasadas, sino hasta coludidas. En ese periodo en Nuevo Laredo se sustituyeron 700 policías a quienes se acusó de estar coludidos con el narcotráfico.

Pero las acciones del ejército no son ni fueron la panacea para lograr la seguridad interna. El envío de tropas ha sido temporal y en un lugar determinado y la delincuencia aparece de sus madrigueras en cuanto se retiran aquellos.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estableció la necesidad de modernizar al ejército dotándolos de avances en tecnología, de información y digitalización y dándoles el rango de garantes de la seguridad interior del país en el combate al crimen organizado. Este plan convirtió las acciones temporales en operativos permanentes para coordinarse con los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, las quejas de la población en contra del ejercito fueron en aumento, de 182 que se reportaron durante 2006 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se elevaron a 367 durante 2007 hasta llegar a 1,230 en 2008.

Las acusaciones versaban por llevar a cabo “retenciones” o “detenciones” arbitrarias, sin contar con órdenes de aprehensión ni el val de los jueces. El ejército se convirtió en autoridad no sujeta a revisión de ninguna instancia.

Las quejas ante la CNDH


Por este tipo de acciones la CNDH en 2006 se recibieron 369 quejas, en 2008 fueron 1,162 y en 2011 se contabilizaron 2,411 quejas por este tipo de actos. 

Por “tratos crueles” o “degradantes”, el ejército pasó de 330 quejas en 2006 a 1,642 en el año de 2012. 

En “cateos” o “visitas domiciliarias” ante la CNDH las quejas pasaron de 234 en 2006 a 1,050 en el año de 2008. Este fenómeno ha permanecido hasta la fecha.

No hay estadísticas de las sanciones que se aplicaran. El ejército se ha refugiado en el principio que ellos tienen sus propias autoridades y resisten a toda costa ser juzgados por instancias civiles.

La presencia del ejército no ha sido un alivio para la seguridad interna. El incremento de homicidios se ha dado en los estados de la república como Guerrero, Michoacán, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, donde el ejército opera de manera permanente.

En el año 2011 se reportaron dos mil averiguaciones por homicidio mientras que para octubre de 2017 se contabilizaban diez veces más de este tipo de acciones, elevándose a 20 mil 878 carpetas de investigación.

20 años de abusos sin mejoras


El riesgo de una Ley de Seguridad Interior es que se le da al ejército no solo autonomía sobre la autoridades investigadoras y persecutoras de delitos, sino que incluso sobre el imperio del Congreso de la Unión, gobernadores, congresos estatales, policías federales, estatales y municipales. Todas las acciones que se lleven a cabo serán garantizadas por una amplía secrecía para encubrir cualquier acción al margen de la Ley.

Son 20 años de presencia constante del ejército que no ha reducido el índice de criminalidad en el país sino por el contrario, ha ido en ascenso.

El fortalecimiento de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno ha sido un clamor que el gobierno federal nunca acabó de entender.

Este remedo de ley no resolverá el problema sino lo agudizará al poner al ejército como en un cerro, por encima de todos los órdenes de gobierno, dejando a la delincuencia en lo más alto, como en una montaña gigantesca, volviéndola inalcanzable.

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