El ejercicio del presupuesto 2019: una responsabilidad de todos

En principio, el tema de la presupuestación gubernamental puede parecer estrictamente técnico, dadas las conexiones que tiene con aspectos de planeación, de finanzas y de diseño institucional. Sin embargo, en la gestión del dinero público radican las claves para atender los problemas y requerimientos cotidianos de las personas, pues a partir de la asignación adecuada de recursos se pueden implementar las estrategias para su solución. De tal forma, en el presupuesto se sientan las bases para procurar el bienestar de los gobernados, que es una de las funciones más importantes del Estado.

Recientemente la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, a partir de la propuesta que le hizo llegar el Ejecutivo, de conformidad con el procedimiento establecido para ello.

La discusión parlamentaria del tema no fue tersa, pues estuvo marcada por los fuertes posicionamientos de los distintos grupos de legisladores, además de un efervescente debate en medios de comunicación y manifestaciones en las calles que, incluso, derivaron en el cierre de los accesos al palacio legislativo de San Lázaro.

Sin duda concretar el mejor escenario presupuestal es un reto mayúsculo, pues al distribuirse recursos escasos, siempre habrá que hacer elecciones que generan inconformidades o sensaciones de relegamiento. En el presupuesto es posible identificar ámbitos prioritarios, como son la pensión universal para adultos mayores, las universidades "Benito Juárez" y el programa de "Jóvenes construyendo el futuro". Es de reconocerse el enfoque social que se imbrica en los rubros mencionados, pues tiene que ver con el bienestar de grupos de población que en las últimas décadas se han posicionado en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Privilegiar la educación y el empleo de los jóvenes es significativo, particularmente en un país en el que las opciones que se les ofrecen son escasas y poco incluyentes, a lo que se añade el riesgo de su captura por parte del crimen organizado. También lo es resarcir la deuda social que se tiene con las personas que por razones de edad se ven enfrentadas a circunstancias difíciles para desarrollar su vida de manera armónica.

Hacer más con menos

Sin embargo, también existen decisiones presupuestales que han merecido comentarios en contra por parte de diversos sectores y analistas. La baja en los recursos asignados a cultura, en la atención al medio ambiente y a algunos organismos autónomos, son los temas que mayores reacciones negativas generaron. Especialmente llama la atención la disminución presupuestal de la Secretaría de la Función Pública, que tendrá casi una cuarta parte menos de dinero en comparación del ejercicio 2018, al igual que el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presupuesto se reduce en casi un once por ciento. Al ser el combate a la corrupción una de las banderas del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reducir los recursos de instituciones clave en el tema obliga a replantear las estrategias que se instaurarán, para hacer más con menos.

En la coyuntura de una renovación del escenario político, vinculada al triunfo incuestionable en las urnas del proyecto de una coalición de izquierda que fue oposición por muchos años, es dable pensar en una nueva forma de administrar lo público. De tal modo, se está ante una oportunidad de innovar en ese rubro, orientando los esfuerzos institucionales para que la actuación del gobierno se realice de manera más eficaz, efectiva y responsable.

Es pertinente recordar que el presupuesto gubernamental se compone de recursos económicos que se obtienen de la sociedad a través de las distintas cargas fiscales, así como del aprovechamiento de productos y derechos de la nación. Esto implica la necesidad y la legitimidad de la fiscalización más amplia de la sociedad sobre todos los aspectos de la gestión del dinero público. Su uso tiene que someterse al escrutinio y a la evaluación constantes, máxime si se considera que es una herramienta útil para disminuir las desigualdades existentes y contribuir a una mejor distribución de la riqueza.

La política de gasto desempeña un rol de suma importancia en el desarrollo del país, por ello se requiere una sólida rendición de cuentas que evite la corrupción y el abuso, al tiempo que se controla al poder. Ante este escenario, toda la población debe asumir un papel activo, mediante cuestionamientos al gobierno, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información y de la utilización de los distintos espacios de transparencia, con la finalidad de poder influir en el debate y en las decisiones relativas al uso del erario. El contexto democrático exige información para la deliberación y se tiene que procurar la continuidad en los evidentes avances que se han logrado en este rubro.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en México hemos trascendido el modelo político post revolucionario, de un poder concentrado de manera fuerte en el ejecutivo, para instaurar un régimen político delimitado con claridad por la Constitución y la ley, en el que prevalece una división de poderes sólida, con el añadido de los diversos entes autónomos que contribuyen al equilibrio republicano. Todo este entramado institucional está llamado a actuar intensamente, en conjunto con la sociedad, para garantizar que la conducción del gobierno en el ámbito económico sea exitosa, en función de las responsabilidades de cada actor, ya sea en la asignación de recursos, en su ejercicio, o en el acompañamiento y vigilancia al respecto.

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