El presidente de la República se dirigió el jueves pasado en un mensaje a la nación, para proponer una serie de medidas que contengan la inseguridad en el país, en el que anunció nuevas iniciativas de leyes, la readecuación de algunas otras y la generación de políticas públicas, que vienen a incorporarse en el campo de seguridad, económico y social y cuyo anuncio generó grandes expectativas.
En el campo de la seguridad sobresale por ejemplo, la creación de Policías Estatales Únicas que vendrán a substituir a las más de 1,800 policías municipales en la que se dará prioridad a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, cuando en esta última entidad haya sido escogida porque la seguridad a cargo del Fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, es porque su desempeño en el servicio de seguridad pública no ha sido el indicado y en la que el gobernador Aristóteles Sandoval debiera valorar seriamente la permanencia de ese servidor público en el cargo.
Además presentará una iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; sin embargo, la delincuencia se inserta también en la política y sus individuos, sin que sea tocada.
Se argumenta también la debilidad institucional para suprimir las policías municipales y sólo dejar a las policías estatales. La clase política ha contribuido a las causas de debilidad institucional y no se nota que haya castigo, empero.
En el campo social la propuesta presidencial establece acciones en derechos humanos, para facultar al Congreso a legislar en materia de desaparición de personas y tortura, se estabecerían algunos protocolos de atención así como un Fondo de ayuda y el Registro Nacional de Víctimas, entre otros.
Para el campo político se propone incorporar el fortalecimiento en la transparencia, rendición de cuentas y participacion ciudadana, en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios para el sector público.
Hay otras propuestas, pero parece que son medidas coyunturales para problemas estructurales, que fueron gestándose por años y años de impunidad y corrupción.
Es coyuntural, cuando en su orígen se invocan los sucesos que generaron la crisis de Ayotzinapa y no se reconoce como problema estructural a la corrupción y la impunidad que se pretende erradicar, si es que el objetivo es aspirar a un país de primer mundo cuando se invocan procesos y medidas de esos países.
Parece que la solución radica sólo en el robustecimiento de las medidas policiales, pero sin que los mandos o la clase política tenga responsabilidad alguna.
Por ejemplo, se desconoce si en el Sistema Nacional Anticorrupción en el que presumiblemente creaba la Comisión Nacional Anticorrupción, se sigue permitiendo que de manera impune algunos diputados sigan gozando del beneficio de los moches, o bien, se siga permitiendo que sin reglas de operación asignen recursos a fondos públicos, lo cual genera un nicho de corrupción.
Se desconoce si dentro de la propuesta presidencial hay algún mecanismo para combatir la impunidad política en el sistema de justicia, cuando algunos integrantes de la clase política buscan a las Procuradurías del país para solicitar alguna carta de buena conducta, de lo contrario, debe incorporarse alguna figura análoga que lo combata.
Además, sería muy pertinente fusionar la figura de la Auditoría Superior de la Federación al Sistema Nacional Anticorrupción al que se refiere el presidente de la República, o bien, a la Comisión Nacional Anticorrupción –como órgano constitucional autónomo- para que todo aquel que apruebe o ejerza recursos públicos puedan imputársele responsabilidad por la asignación y ejercicio de recursos presupestales a Fondos Públicos que hayan sido corrompidos.
No fueron suficientes las medidas anticorrupción en las licitaciones y adquisiciones anunciadas, para erradicar la percepción social de impunidad y corrupción que produce el escándalo de la Casa Blanca, y además, en el mensaje que dio el Primer Mandatario, no se hizo alusión a la corruptibilidad e impunidad de la clase politica en los partidos políticos. Amén de la narcopolítica y de la narcoautoridad, de la que pueden hablarnos personajes como José Luis Abarca, Julio Godoy o Mario Villanueva, en un mensaje además, que careció de autocrítica.
Algunas propuestas parece que fueron tomadas de la pasada administración, como por ejemplo el control de la seguridad en los municipios y la creación de policías estatales, en cuyo ejercicio pareciera una falta de creatividad o frivolidad, en quien asesora al presidente de la República.
En síntesis, era necesaria una medida de golpe al rumbo de la seguridad, pero mientras tanto, parece que la impunidad y corrupción aún no se están considerando con seriedad.