Ningún presidente de la República, del “periodo neoliberal” —con excepción de Enrique Peña Nieto— había tenido la ocurrencia de registrar su nombre como marca comercial, pero Andrés Manuel López Obrador lo hizo en dos ocasiones.
La primera, en la clase 41 —con número de registro nacional 2111414— relativa a “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Y la segunda, en la clase 35 —con número de registro 2111417— referente a “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”.
Ambos registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacen prueba plena del engaño y del cinismo con el que se conduce el primer mandatario, ya que por una parte, promueve la “pobreza franciscana” como prototipo moralizante de la vida que deberían cursar los gobernados mientras que, por otro lado, protege su nombre —¡vaya Narciso!— para que a nadie se le ocurra enriquecerse con productos como el «eau de toilette Andrés Manuel López Obrador» o el histrión de carpa que osara emplear semejante denominación en algún burlesque mañanero.
Experto en aparentar lo que no es, ni su pañuelito de mago, ni sus famosos “detentes” pudieron impedir que sendas investigaciones periodísticas exhibieran el involucramiento de sus hijos en actos de corrupción.
Primero fue el reportaje referente a la vinculación de Andrés Manuel López Beltrán —propietario de la marca Rocío Chocolate— con el programa Sembrando Vida, utilizado para fondear la producción de cacao en Tabasco, por instrucciones del presidente de la República, a pesar de que la decisión sobre las especies que debían sembrarse era atribución de los productores.
Amén de los vínculos entre Andrés Manuel junior y el empresario del cacao y ex compañerito de la primaria, Hugo Chávez Ayala, integrante del Consejo Consultivo de Sembrando Vida, nombrado más tarde director técnico del programa, a decir de la investigación de los periodistas Tania Gómez y Sergio Rincón, difundida por varios medios de comunicación.
Más tarde aparecería el reportaje que exhibió la opulencia en la que vive José Ramón López Beltrán en la ciudad de Houston, Texas, quien habitó una mansión que resultó ser propiedad de Keith Schilling, presidente y director comercial de Baker Hughes, en el tiempo en que Petróleos Mexicanos firmó un contrato por 85 millones de dólares con dicha empresa.
Y aunque el presidente y sus corifeos se apresuraron a intentar matices que controlaran los daños en la “estatura moral” de la “cuarta transformación”, resulta poco creíble que en una ciudad de casi tres millones de habitantes y mil 722 kilómetros cuadrados —la cuarta más poblada de los Estados Unidos— hayan coincidido, en torno de la residencia, los intereses de Carolyn Adams —esposa de José Ramón— experta en labores de cabildeo con contratistas petroleros; Keith Schilling, director comercial de Baker Hughes —una de las principales proveedoras de Petróleos Mexicanos— y el hijo del presidente, que hasta el inicio de esta administración no tenía ni idea de lo que haría con su vida.
Fue el propio director de Petróleos Mexicanos, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, quien confirmó durante el espectáculo mañanero, que Baker Hughes se ha beneficiado con contratos de Pemex por más de 22 mil 372 millones de pesos en lo que va de la administración del tabasqueño.
Coincidentemente, en Houston, Texas, también tiene asiento la refinería Deer Park, cuya segunda mitad fue recientemente adquirida por Petróleos Mexicanos, con el penoso compromiso de refinar en exclusiva, crudo propiedad de Shell, por los siguientes 25 años.
Ya no provoca sorpresa que Carmelina Esquer Camacho, hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, sea la responsable de la filial de Pemex en Estados Unidos, sin ninguna experiencia en el ramo. Su nombre continúa sin aparecer en la página Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública, a pesar de que su designación data de agosto de 2019.
Y aunque parece un pleito entre compas, la investigación que conduce la Fiscalía General de la República contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia de la República, por supuestamente “frenar un procedimiento administrativo y penal por irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada a OHL (hoy Aleática)” según documenta Animal Político, lo cierto es que existe un claro conflicto de interés que toca directamente a uno de los “hombres del presidente”.
Ante tantos hechos de corrupción, hace sentido que Andrés Manuel López Obrador procure detonar conflictos donde no los hay, a efecto de distraer la atención del respetable.
Su esperanza radica en que las respuestas de Panamá y España ante sus cuestionables ataques, puedan ser explotadas como “agresiones” contra la Nación Mexicana, por parte de esos Masiosares que se limitan a responder con la lógica del sentido común y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Andrés Manuel López Obrador debería promover el registro de sus estrategias distractoras ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No vaya a ser que a otros gobernantes se les ocurra emplearlas, siendo tan suyas y tan originales y no se le dé el crédito que merece.
Caminera.- Jenaro Villamil, flamante presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, hace eco de la ilegal e inexacta difusión de la información fiscal del periodista Carlos Loret de Mola, realizada por el mismísimo jefe del Ejecutivo. Es el mismo Jenaro Villamil que hace algunos años validara una investigación “periodística” contra Joaquín López-Dóriga, teniendo como referente un cheque probadamente falso. La “cuarta transformación” convierte a sus patiños en delincuentes.