Opinión

El dilema de la corrupción institucional

A lo mejor el problema más profundo de la corrupción es la corrupción institucional. | Stephen D. Morris*

  • 25/07/2020
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La corrupción cotidiana que todos conocemos consiste en la violación de la ley. Es un acto ilícito. Pero hay otras formas de corrupción, tal vez más impactante y preocupante. Una de ellas es la corrupción institucional, que es una forma de corrupción legal que surge por la construcción y operación de las instituciones que favorecen a ciertos intereses, privilegios y soslayan los intereses públicos y generales

En el libro “La sociedad civil vs. la corrupción” (Alejandra Lajous comp. y ed., 2019), Juan Pardinas abre su contribución destacando el caso de un alcalde en el Estado de México (2002) que se adjudicó un sueldo de 400 mil pesos y utilizó fondos municipales para producir una película en la cual el munícipe salía como estrella. El punto del relato de Pardinas es que, por increíble que parezca, todo en ese despilfarro y malversación de fondos públicos fue perfectamente legal: un reflejo de los poderes controlando el estado frente a la sociedad.

Un asunto similar, por ejemplo, es el de las instituciones del INE y el proceso institucional de seleccionar a sus nuevos consejeros. Hoy la gran polémica es que el proceso de crear las cuatro listas fue sesgado y que con ello se contribuye a mantener iniquidades dentro de INE –institución ligada al viejo régimen o el PRIAN–, asunto que muestra el problema y el dilema de la corrupción institucional.

Vemos lo siguiente; supongamos que ninguna institución (digamos un proceso, formula, reglas, mecanismos para tomar una decisión como son el Comité Técnico de Evaluación del INE) sea completamente neutral y a cambio favorezca ciertos intereses y ciertas salidas o decisiones. Hay que recordar que, en un momento, bajo un proceso preconstituido, tuvieron que tomar las decisiones para decidir cómo sería el INE, como se debía seleccionar a los consejeros, etc. En ese momento (las reformas políticas de los 1990s en adelante) el balance de fuerzas políticas era muy diferente a lo que hoy vivimos. Sin embargo, por medio de esas decisiones del pasado es posible que se pueda ejercer mayor control sobre la institución, el proceso de su continuidad y sus decisiones.

Hoy que México celebra un cambio fundamental en el balance de fuerzas políticas (el 1 de julio de 2018), estas poderosas instituciones representan los poderes del pasado; siguen representando sus intereses políticos. Y como vemos diariamente, chocan con los ocupantes del gobierno y la mayoría del Congreso de la 4T. Es una batalla, hasta cierto punto, del ayer y hoy entre las instituciones e intereses políticos. Para algunos del gobierno actual, de Morena y sus aliados, estas instituciones –aparte del INE, los otros órganos autónomos como la Conapred, el Coneval, y la CRE, la CNH e incluso el Sistema Nacional Anticorrupción– son obstáculos que estorban a sus planes para servir al interés público. Creados, como comentó AMLO, para "comprar conciencias” (aquí); en este sentido, tales órganos son vistos como instituciones antidemocráticas. Por lo tanto, se desea terminar con el INE –pues el argumento es que es costoso y no promueve los intereses democráticos que hoy viven en el país– o, al menos, cambiar la manera de seleccionar el Comité Técnico de Evaluación para que las próximas listas de elegibles sean más justas, según ellos. 

Y es ahí donde encontramos un gran dilema: al atacar o desmantelar las instituciones (que, en teoría, ideológicamente, existen como contrapeso para promover o asegurar la democracia, pero que en realidad nunca podrán lograr ese ideal) se generan los mayores argumentos y acometidas de la oposición que acusan a la 4T de una maniobra con tintes dictatoriales, con la que confabulan para concentrar el poder. Pero al mismo tiempo, reconociendo que las instituciones son sesgadas y que favorecen a ciertos intereses (puede ser nada más que favorezcan el statu quo por hacer difícil un cambio). Por consiguiente, la lucha contra la corrupción requiere también derrocar la corrupción institucional tan arraigada mediante la creación de instituciones que aseguren decisiones que sirvan el interés público. En otras palabras, derrotar a la oposición en las urnas es una cosa; desmantelar su control sobre las instituciones es otra.

No obstante, si la 4T lograra cambiar las instituciones a su modo, no terminará la película. Pues algún día dichas instituciones tal vez llegarán a ser los blancos de críticas acusándolas de ser sesgadas y de proteger los intereses del pasado. Por supuesto, la 4T va a querer sembrar a sus actores dentro de las instituciones –incluir las pensiones y programas sociales en la constitución, por ejemplo– para que prosperen, incluso si ellos no son gobierno en su momento.

Hasta cierto punto, la batalla principal no es tanto las decisiones sobre las políticas públicas, sino las decisiones sobre “cómo nos arreglamos”: las formas de tomar las decisiones, quiénes las van a tomar y qué reglas regirán. El dilema entonces es ¿se puede cambiar el Comité Técnico de Evaluación de una manera que estén de acuerdo todas las fuerzas políticas y que sus recomendaciones satisfagan a todos sin cuotas y conflictos de intereses? Tal vez, no. Al fin de cuentas, a lo mejor el problema más profundo de la corrupción es la corrupción institucional.

*Dr. Stephen D. Morris

Investigador y Coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, y Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.

 

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