La fuga de El Chapo revela una serie de fallas sistemáticas: Corrupción, complicidades y una gran impunidad en los reclusorios del país. Revela el doble rasero de los penales mexicanos, unos reos con privilegios y otros que, además de ser privados ilegalmente de su libertad, sufren vejaciones, tratos crueles e inhumanos.
En el caso de El Chapo quedó de manifiesto la vida de un interno con enormes e indebidos privilegios, con apoyo al exterior tanto de su grupo delincuencial como de las autoridades que permitieron, en todo caso, que lo que debió ser una escandalosa excavación pusiera en libertad a un hombre que ha demostrado sistemáticamente que el modelo penitenciario en nuestro país sigue fallando, sin reforma y con reforma.
La fuga de El Chapo y la gran distancia que existe entre centros penitenciarios que cumplan con su verdadero fin y centros penitenciarios que sirven como escuelas del crimen es responsabilidad de las autoridades, en los tres niveles de gobierno, que han olvidado desde siempre construir un verdadero sistema de readaptación social y blindar eficazmente los centros penitenciarios que, en teoría deben ser de alta seguridad.
México, el gran centro penitenciario en donde somos reclusos de un sistema que no cambia y del que sólo escaman unos pocos, con grandes beneficios.
El 18 de junio de 2008 fue aprobada la reforma constitucional en materia de justicia penal, la cual planteó un cambio al sistema penitenciario al reformar sus artículos 18 y 21. A esta, se le suma la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en donde se señala, entre otras cosas, que el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación y la capacitación para el trabajo.
El cambio conceptual desplaza el objetivo de la sanción penal del estudio y pretensión de modificar la personalidad del sujeto considerado “desviado”, al restablecimiento del vínculo entre un sujeto responsable y la sociedad; un vínculo cuya ruptura ha sido constatada por el sistema de justicia penal y debe resarcir dicha ruptura también por estándares jurídicos.
El nuevo modelo constitucional de reinserción social tiene por meta, desde las modificaciones constitucionales correspondientes, la reingeniería de las instituciones penitenciarias para pasar del tratamiento correctivo al trato digno, desplazando el foco de atención de la forma de ser del individuo, hacia la organización institucional y la conducta de las personas privadas de la libertad. La reforma convierte a los reos en sentenciados, a fin de que los individuos dejen de ser objetos para convertirse en sujetos de derechos y obligaciones.
No obstante, los esfuerzos legislativos tanto locales como federales, han sido en su mayoría deficientes y hechos al vapor por cumplir con el plazo constitucional de entrada en vigor de la reforma penal, por lo que las legislaciones sufren de graves deficiencias.
La primera consiste en que muchas de las leyes locales obligan a los jueces a motivar sus decisiones en formación clínica, terapéutica o técnico científica que se les suministre, perpetuando el sistema de readaptación. Esto significa que las nuevas leyes aún someten a los nuevos jueces de ejecución de sanciones penales a que prioricen en sus resoluciones los criterios discrecionales técnico-médicos (expediente técnico progresivo individualizado) emitidos por las autoridades del poder ejecutivo (autoridades penitenciarias como los Consejos Técnico Interdisciplinarios) y por ende, la duración efectiva de la sanción penal sigue condicionada por la administración y el personal técnico que de ella depende, condicionando así los beneficios de ley que correspondan.
Otra grave deficiencia, es que las leyes locales han excluido a los jueces de examinar las condiciones de vida en reclusión, impidiéndoles revisar que la sanción impuesta no sea agravada, por ejemplo, por las condiciones que se viven al interior que atentan contra la dignidad humana.
Esta errónea limitación a la competencia de los jueces de ejecución, otorga plena libertad y facultades a la autoridad administrativa penitenciaria sobre las condiciones de vida digna y segura dentro de los centros penitenciarios perpetuando su posición como juez y parte respecto de las posibles reclamaciones que personas privadas de libertad pudieran formular respecto de las condiciones que viven al interior.
No sólo la legislación sufre deficiencias, también la operatividad, el funcionamiento y el desarrollo de la infraestructura necesaria para su aplicación ha sido deficiente, impidiendo que se garantice de forma alguna que se respeten los derechos humanos de las personas sentenciadas.
El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia ha documentado los siguientes ejemplos:
- En el estado de Oaxaca si bien existe un mecanismo de aplicación de ejecución de sanciones este no se encuentra sustentado en una ley propia del estado.
- En el Distrito Federal hay una necesidad imperante de la inversión para la creación de juzgados de ejecución con personal capacitado en la materia, debido a que hay únicamente cuatro juzgados para 34,336 personas sentenciadas de un total de 40,798 personas privadas de libertad a enero de 2014.
- En el estado de Durango las audiencias están siendo diferidas e incluso los beneficios han sido denegados injustificadamente a pesar de que muchas personas ya deberían estar en libertad.
La fuga de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, pone en evidencia no sólo la falta de avances y el por qué de la importancia de los mismos sino un gran nivel de corrupción que permea en todos los sectores del gobierno federal.
El problema son las miles de personas recluidas sin sentencia, por delitos menores, que se encuentran compartiendo la celda con personas sentenciadas por delitos graves como el homicidio, ante una verdadera clasificación de delitos que permita reconstruir los lazos entre los delincuentes y la sociedad, en los niveles que corresponden.
El problema son los guardias no capacitados en materia de derechos humanos, que siguen permitiendo el cobro de cuotas al interior de los penales, ya sea para que los internos reciban visitas o incluso puedan adquirir papel sanitario. El problema no resuelto son estos extremos de tolerancia y corrupción, como con la fuga tolerada de El Chapo, y las injusticias de un sistema que ni readapta, comete excesos con unos y permite beneficios en otros.