Main logo

El desastre en salud

La improvisación en la eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI, han tenido serias consecuencias en la salud de los mexicanos. | Agustín Castilla

Por
Escrito en OPINIÓN el

Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Medición multidimensional de la pobreza en México 2020 de CONEVAL así como de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos  de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI según los cuales, entre 2018 y 2020 creció el número de personas en situación de pobreza al pasar de 51.8 a 55.65 millones. 

Es decir, en lo que va de este gobierno, otros 3 millones 760 mil mexicanos y mexicanas ahora son pobres, y también se incrementaron en 2.1 millones quienes cayeron en pobreza extrema, lo que para algunos no es una mala noticia ya que esperaban un impacto mucho mayor por la pandemia y celebran que se haya logrado contener gracias a la política social, en tanto que otros lo han calificado como una tragedia, y señalan que en realidad los apoyos de los programas sociales han aumentado en un 30% para las familias más ricas en tanto que para el 20%  de los más pobres las transferencias disminuyeron. 

En cualquier caso no es un buen panorama y hay mucho que analizar y discutir al respecto, ojalá se pudiera hacer una revisión de manera objetiva, serena, respetuosa y autocrítica, escuchando los distintos planteamientos con el propósito de enfrentar de la mejor manera una situación que es a todas luces sumamente difícil, pero parece que en estos tiempos no es posible pues están más concentrados en conquistar la narrativa que en reconocer los problemas y darles solución. De hecho, el presidente ya desestimó los resultados de CONEVAL –incluso se refirió a la medición multidimensional de la pobreza como una encuesta–, defendió sus programas y advirtió que no hará ninguna modificación. 

Sin embargo, estos estudios arrojaron otros datos también muy preocupantes que reflejan un gran déficit de la gestión de López Obrador así como el incumplimiento de uno de sus principales compromisos para lograr la cobertura universal con servicios de salud de calidad como en Dinamarca. De acuerdo al CONEVAL, la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones (16.2%) en 2018  a 35.7 millones (28.2%) en 2020, con lo que 15.6 millones de personas más, no tienen acceso a instituciones públicas o privadas para atender algún padecimiento, y el mayor impacto lo sufrió la población en condiciones de pobreza extrema al pasar de 25.6 a 57.3%. 

Por su parte, la ENIGH señala que 18 millones de personas que tenían acceso al Seguro Popular en 2018, actualmente no tienen acceso al INSABI. Adicionalmente el desembolso en salud creció en 40%, y el 30% de los hogares más vulnerables tuvo que incrementar su gasto en medicamentos hasta en 100%, en buena medida derivado del desabasto en las instituciones públicas. También aumentó el gasto de la población de todos los deciles de ingresos que no tuvieron más opción que acudir a instituciones privadas para atención ambulatoria (37%) y hospitalización (27%). 

Desde luego la pandemia exigió que se canalizaran la mayor parte de los recursos humanos, materiales y financieros para su atención, que en muchas ocasiones también ha sido insuficiente provocando que miles de familias le tengan que hacer frente sin ningún apoyo gubernamental e incluso, que lamentablemente los enfermos fallezcan en sus casas como ya se ha documentado. Pero la improvisación en la eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI, aunado a la falta de experiencia de los funcionarios designados así como a decisiones muy cuestionables o sin el debido sustento –como olvidar que David León, quien apareció en los vídeos entregando dinero en efectivo a un hermano del presidente, había sido nombrado para hacerse cargo de la adquisición y distribución de medicamentos, equipo médico y vacunas–, han tenido también serias consecuencias en detrimento de la salud de la población que ha quedado desprotegida ante la cancelación de consultas y estudios, escasez de medicamentos y posposición indefinida de tratamientos y cirugías para muchos otros padecimientos (cardiovasculares, cáncer, diabetes), cuando la prioridad debía ser cuidar la vida y el bienestar de las personas. A casi tres años no pueden seguir culpando al pasado, pues desmantelaron lo que había pero no corrigieron las deficiencias, tampoco castigaron las irregularidades y mucho menos han construido algo mejor.