Toca el turno al esposo de Beatriz. Sí claro, estamos pensando en la misma figura popular que remueve todos los odios y todos los amores. El que no requiere presentación porque lleva la mayor parte de su vida en campaña de autopromoción y que tiene como uno de sus propósitos fundamentales de vida, mudarse, literalmente, a los aposentos de Juárez en Palacio Nacional.
Por supuesto que no usaré esta columna para apiñarle adjetivos personales, ni buenos ni malos, para no sesgar el razonamiento que me interesa elaborar. Trataré de limitarme por tanto a hablar de una de las últimas ocurrencias presentadas públicamente; hará un par de semanas y que, por estar relacionada con mis temas de interés académico, no pude resistir el impulso de hacer algunos comentarios al respecto.
Los recuentos periodísticos del anuncio al que me refiero lo versaban así:
El dirigente nacional de Morena, explicó que se trata de una propuesta que llevará desarrollo y empleos a todos los rincones de México y que además despresurizará a la Ciudad de México, en especial porque se demostró con los terremotos la fragilidad de la capital y el riesgo de que se paralice el país
El líder de Morena dijo que:
…debemos buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país, y por eso vamos a llevar a cabo este plan de descentralización; Educación va estar en Puebla, Salud en Guerrero, Pemex en Campeche, CFE en Chiapas, Economía en Monterrey, SCT en San Luis Potosí, las secretarías van a estar en todo México, no en la capital
Empezaremos por ajustar los términos utilizados en el fraseo original del susodicho para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. El anuncio habla de descentralización, cuando a lo que se refiere el susodicho es a una reubicación. El concepto de descentralización aplicado a un sistema de gobierno es empleado cuando, por ejemplo, algunas de las funciones que corresponden a una secretaría de Estado son transferidas a un organismo que detenta competencias y facultades a las que se les otorga una cierta autonomía; se habla en esos casos de un organismo descentralizado. Pero el anuncio en comento habla únicamente de la reubicación física de las sedes de las secretarías y dependencias del poder ejecutivo, es decir, del traslado físico de los empleados a oficinas que estarían en diferentes ciudades del país.
Esta primera observación no es una nimiedad, pues confundir el concepto de descentralización gubernamental con una reubicación física de las oficinas, habla mucho del nivel de análisis que está detrás de las ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados. Esto último quedó plenamente demostrado cuando, dos o tres días después del gran anuncio, el susodicho cambió drásticamente de opinión e informó que Defensa y Marina ya no se trasladarían a Jalisco y Veracruz, sino que se quedarían en la CDMX; que el SAT se iría a Mexicali y no a Nuevo Laredo, y que Nafinsa se iría a Torreón y no a Guanajuato. El realismo mágico en su máxima expresión.
Pero aún más grave es imputarle una serie de consecuencias aspiracionales a la mera reubicación de las oficinas del Ejecutivo, como lo son el llevar el crecimiento, el desarrollo y los empleos de manera pareja a todos los rincones de México. El tema tiene muchas aristas, por lo que abordaré sólo unas cuantas.
Para estimar los efectos esperados de la reubicación en el crecimiento económico y la generación de empleos, hay que considerar, cuando menos, el tipo de trabajo que realizan las secretarías, el número de empleados y el poder adquisitivo de sus núcleos familiares.
En cuanto al primer punto, la mayor parte del trabajo realizado por las secretarías corresponde a procesos administrativos que no tienen impacto económico local, en parte por la naturaleza misma del trabajo y en parte porque son de competencia federal. A menos que mediante un desplante retrógrado se les exigiera a los actores que necesitan realizar trámites en cada secretaría que los hicieran presencialmente; entonces el impacto económico beneficiaría a los medios de transporte utilizados para llegar a cada sede y a los hoteles, principalmente, a costa de incrementar sustancialmente la ineficiencia del trabajo de las secretarías y los costos que tendrían que asumir todos los interesados para poder realizar los trámites deseados brincando de una ciudad a otra.
En cuanto al número de empleados y el poder adquisitivo de sus núcleos familiares, los efectos sobre el crecimiento económico serían demasiado pequeños para la meta aspiracional de llevar el desarrollo a todos los rincones de México. Si bien es cierto que existe una relación supralineal entre las tasas de crecimiento de la población y el volumen de actividades socioeconómicas, es decir, que ante un aumento de la población las actividades socioeconómicas se incrementan más que proporcionalmente, es muy complicado prever el resultado final sobre el bienestar de la población.
Tomemos un ejemplo del “plan de descentralización” del susodicho, como el de la Secretaría de Economía que piensa trasladar a Monterrey. No sé cuántos empleados laboran en esa secretaría, pero supongamos que son 2,000 y que contando sus núcleos familiares suman 8,000 personas, entre niños y adultos. La zona metropolitana de Monterrey tiene alrededor de 4 millones de personas, por lo que las familias de la secretaría que llegarían a vivir a Monterrey representarían alrededor del 0.002 de la población total, con niveles de ingresos medios.
Habría un incremento súbito en la demanda de vivienda, lo cual sí tendría efectos multiplicadores de una sola vez sobre las demandas derivadas de la industria de la construcción, pero pasada la burbuja, la tasa de crecimiento de esos sectores volvería a tener una tendencia determinada por factores estructurales de la economía local. Los efectos sobre las demandas de bienes y servicios no generarían crecimiento económico pues los nuevos consumidores representarían el 0.002 de la población local. Para satisfacer ese incremento las fábricas no tendrían que instalar más líneas de producción, ni comprar más camiones de reparto, ni contratar más obreros y empleados, ni se requeriría construir más hospitales o supermercados o escuelas. Los incrementos en las demandas de bienes y servicios serían atendidos fácilmente con la capacidad instalada en la ciudad, tanto de producción, como de distribución y comercialización.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta los efectos sociales y psicoemocionales que los traslados generarían en las familias de los empleados públicos. Cambiarse de ciudad por mandato puede ser una experiencia negativa para muchas personas, especialmente para niños y adolescentes que tienen que dejar atrás amigos y compañeros de escuela, en edades en las que los amigos son lo más importante. Además, en este México profundamente segregado por diferencias económicas, por el color de piel, por preferencias sexuales, por razones de género, por regionalismos y hasta por preferencias políticas, la integración de las familias en muchos lugares sería particularmente difícil.
Un plan de expulsión de los empleados del gobierno federal a las ciudades del interior tampoco sirve para “despresurizar” a la Ciudad de México, independientemente de lo que eso quiera decir. No sé cuántas personas serían incluyendo a los empleados y sus núcleos familiares, pero supongamos que son 200,000 personas. Eso equivale al 0.01 de los 20 millones que conviven cotidianamente en la zona metropolitana, lo cual es una proporción demasiado pequeña como para generar un efecto duradero sobre el funcionamiento de la ciudad. La salida de empleados públicos no mejoraría en nada los problemas de congestionamientos de tránsito, de movilidad, de contaminación atmosférica o de inseguridad pública.
Hay que decir que la evaluación de un proyecto de esta naturaleza debe hacerse considerando los beneficios y los costos totales. Está claro que la expulsión de empleados públicos desde la Ciudad de México a ciudades del interior no mejoraría en nada el funcionamiento de la administración federal, sus efectos multiplicadores en el crecimiento de las economías locales serían muy pequeños y sin embargo los costos para los empleados y sus familias serían sin duda mucho más altos que los beneficios esperados para toda la población.
Bueno, una exploración inicial de la propuesta de desarrollismo regional del esposo de Beatriz para llevar el “crecimiento parejo” a todo el país, visualiza más bien una explosión de pequeñas burbujas con impactos locales de corto plazo y altos costos de integración para las familias involucradas. Y esto es solo el comienzo, preparémonos para recibir la metralla de ocurrencias cuando empiecen formalmente las campañas.