El gasto de cada persona en compra de agua embotellada en México es el más alto del mundo, sobre todo en algunas zonas del país como el valle de México, donde se asientan la ciudad y el estado de México, espacios geográficos donde existía un gran lago de agua dulce, y ahora, conseguir los litros mínimos del líquido necesarios para la subsistencia, se ha convertido en un enorme reto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada persona en México tiene acceso en promedio a cuatro mil 230 cúbicos anuales, una cifra muy inferior a la que se accedía hace 100 años, pues en 1910, el promedio de agua de la que podía gozar un individuo era de 31 mil metros cúbicos.
Sin embargo, en muchas ocasiones, ni un metro cúbico de agua está disponible para habitantes de diferentes partes del país. Por ejemplo, habitantes de diferentes colonias de la alcaldía de Iztacalco han salido a bloquear vías como Francisco del Paso y Troncoso, exigiendo la garantía de que en sus casas puedan abrir una de las llaves de paso de agua y obtengan el líquido sin necesidad de tener que pagar pipas, carecer del suministro durante varios días o sólo tenerla disponible por pocas horas al día, obligándose a comprar garrafones u otras presentaciones comerciales en las que se vende el agua.
Datos proporcionados por Delia Montero Contreras, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, indican que en promedio, una vivienda de la urbe capitalina gasta alrededor de 226 pesos mensuales en agua embotellada, un gasto mayor al pagado por el servicio, de manera general, subiendo en costos, hasta dos mil 500 más de su valor original. Siendo los sectores con menores ingresos económicos, quienes más gastan en la materia, pues la mayor concentración de ventas de agua embotellada está en los municipios o alcaldías con altos índices de marginación social.
Esta escasez de agua no es exclusiva de los núcleos urbanos, muchas comunidades de entornos rurales enfrentan la escasez de agua, como lo reflejo el documental “Cuates de Australia”, donde se narra la historia de la comunidad homónima, ubicada en Coahuila, que debe migrar en busca de agua durante algunos meses del año.
Desde 2012, se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho al agua, lo cual significa que el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico; esta debe ser saludable, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos; presentar un color, olor y sabor aceptables; estar físicamente accesible y asequible, sin superar en su costo el tres por ciento del ingreso total de un hogar
En concordancia con esas necesidades, a partir de ese febrero de 2012, el Congreso de la Unión tenía la obligación de revisar y modificar la Ley General de Aguas a fin de incorporarle una visión social, pues la ley aprobada durante el salinato, respondía a los intereses comerciales desatados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no a los de las comunidades, permitiéndose la entrega de múltiples concesiones a entes privados.
Sin embargo, dicha revisión y modificación no ha sido llevada a cabo hasta el momento, y recientemente, se han presentado propuestas en la materia, entre ellas, la del diputado Feliciano Flores Anguiano, próxima a revisarse.
Al respecto, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, que conjunta investigadores, pueblos y comunidades, organizaciones sociales de todo el país, ha señalado que dicha iniciativa ayuda a la creación de mecanismos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio y para la restitución de aguas despojadas; no permite la privatización de sistemas municipales ni de obras hidráulicas ni el uso de aguas nacionales para la extracción de hidrocarburos, los Consejos Regionales podrían bloquear la autorización de concesiones que vulnerarían su derecho al agua y los recursos públicos en materia de agua solo podrían ejercerse para la ejecución de planes consensados.
Sin embargo, no contempla mecanismos efectivos para la participación ciudadana gubernamental, perpetua las actuales dinámicas de compra, venta y especulación en concesiones y derechos al agua, no contempla mecanismos para corregir las graves dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento ni del abuso de poder, no sanciona la contaminación del agua y desmantela a la Comisión Nacional del Agua.
Como resultado de un consenso de múltiples especialistas de diversas áreas y un respaldo de más de 195 firmas, Agua para Tod@s ha elaborado una iniciativa ciudadana en la materia, que exige sea tomada en cuenta, pues entre otros puntos resalta la importancia de la planeación y gestión ciudadanizada por Cuenca a través de un Plan Rector; la creación de un Fondo Nacional por el derecho humano al agua y saneamiento; la creación de un Consejo Nacional de Cuencas, enfocado a definir las políticas requeridas para que los proyectos de desarrollo urbano, vial, industrial, turístico, de energía y minería respeten los límites y las funciones vitales de las cuencas y los flujos subterráneos; crear una Contraloría Social del Agua, para erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua; se elaboren nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como: el dictamen de impacto sociohídrico, el dictamen de análisis costo-beneficio socio hídrico ambiental, la declaración de cuenca en extremo estrés hídrico y el reconocimiento de áreas de importancia socio hidro ambiental.
Además de planes municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la creación de un Sistema de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas, un cambio en el sistema de concesiones, regulado por un Comité de Monitoreo y Conservación de Aguas y la implementación de una Procuraduría del Agua y Ambiente.
En su libro “Derecho humano de acceso al agua: gestión del oro azul”, Bernardo Anwar y María de Jesús Medina-Arellano, especialistas en bioética y derecho, docente e investigadora de la UNAM respectivamente, han señalado, contundentemente que los Estados deben comprometerse a proveer de agua potable a sus habitantes y a evitar que la distribución de la misma esté supeditada a las leyes del mercado.