No entiendo bien lo que quiso lograr la Señora Angélica Rivera con el video dado a conocer, en el que explica la forma en que adquirió la mansión en la que vive con su esposo, el Presidente de la República.
Creo que ni la forma ni el fondo de lo que expresó en el video aclaran nada y, por el contrario, generan más dudas que certezas.
Para empezar, uno esperaría que una actriz que cobra tantos y tantos millones de pesos estuviera a la altura de lo que se requería y no emitiera un discurso en forma de regaño, con ademanes desdeñosos y visiblemente nerviosa. La voz alterada y la actitud displicente no ayudaron a apaciguar las muy legítimas dudas que millones de mexicanos tienen sobre el origen de la casa de Las Lomas, conocida como “La casa blanca”.
Tampoco estuvo fina la Señora Rivera por lo que hace al fondo de la cuestión. Uno entiende que pueda ganar muchos millones de pesos trabajando para Televisa. Y también puede ser lógico que haya conocido al señor Juan Armando Hinojosa como conoce a muchas otras personas. Hasta ahí no hay ninguna objeción.
Pero cuando las cosas ya no cuadran es cuando nos dice que el contrato de 54 millones de pesos no fue protocolizado ante notario público, pese a que el todavía hoy propietario entregó de inmediato la posesión del bien inmueble. Vamos a ver, ¿si uno es propietario de una casa que vale tantos millones y firma un contrato no traslativo de dominio por un monto de 54 millones de pesos, no le interesaría que la operación estuviera protocolizada ante notario para que, al contar con la fe pública notarial, se evitaran problemas en el futuro?
Otra duda: ¿no hubo ningún pago como enganche? ¿Cómo es que la señora Rivera consiguió condiciones tan favorables para comprar la casa, entre ellas una tasa de intereses del 9% y la posibilidad de que no pagar más que los propios intereses durante los primeros 4 años de vigencia del contrato? ¿son esas condiciones normales en el mercado inmobiliario de ultralujo?
Una duda más: ¿si ganas 130 millones de pesos en un año, porqué razón no pagas de contado tú casa de 54 millones, en vez de meterte en cuestiones de pago de intereses y de que la propiedad no se traslade sino hasta muchos años después?
Dice la Señora Rivera que está dando a conocer información pese a que no está obligada a hacerlo. Y tiene razón: ella no es funcionaria pública, pero sí lo es su esposo, el cual al hacer su declaración patrimonial tiene que declarar los bienes que sean propiedad de su esposa, sin importar el régimen jurídico bajo el que contrajeron matrimonio. Cuando el Presidente Peña Nieto dice que va a dar a conocer su declaración patrimonial “completa”, debió agregar los bienes de la Señora Rivera, puesto que de otra forma no sería una declaración en realidad completa, tal como lo ha explicado magistralmente Jacqueline Peschard en las páginas de El Universal (24 de noviembre de 2014).
Pero lo que le debe quedar claro a la esposa del Presidente (y también al propio Peña Nieto) es que la sociedad tiene todo el derecho a preguntar por el origen de una riqueza cuantiosa y de un bien inmueble que todavía hoy en día sigue siendo propiedad de una persona que fue adjudicataria de cuantiosos proyectos en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador. Eso supone un conflicto de interés del tamaño de una catedral en cualquier país democrático.
¿Qué pasaría si Michelle Obama viviera en una casa que fuera propiedad de un contratista que le vende armas al Departamento de Defensa del gobierno estadounidense? ¿Qué pasaría si la esposa de Mario Rajoy viviera en una casa propiedad de un empresario que le vende medicinas al departamento de sanidad del gobierno de España?
Es escándalo sería mayúsculo y sin duda la opinión pública de sus respectivos países tendría todo el derecho a preguntar qué está pasando.
Lo que urge es que evitemos malas interpretaciones y que nuestros gobernantes (y sus parejas) de una vez por todas demuestren un poquito de talante democrático. Señora Rivera: si no le gusta que se cuestione su forma de vida y que pongan en duda la manera en que adquirió el hogar en el que vive, no se hubiera casado con un funcionario público. Nosotros tenemos derecho a preguntar. Ya queda en Usted la forma y el tono en el que decide contestar o no hacerlo.