Ayotzinapa es la gota que rebasó el vaso de agua, la indignación creciente y el trance que nos deja ver nuestro frágil andamiaje institucional, la ausencia de justicia, la corrupción y la omisión estatal frente a la grave crisis de derechos humanos que tenemos en el país desde hace por lo menos una década.
En mi anterior colaboración le comentaba sobre la urgente necesidad del derecho a la verdad como vía necesaria para el acceso a la justicia para las víctimas, y como el derecho de la sociedad mexicana por saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de semejante atrocidad contra los 43 estudiantes que sufrieron desaparición forzada. Pero esa verdad aún no llega.
Frente a la tragedia en la que estamos la información es clave, por lo que toca a todos los actores actuar con responsabilidad y sentido autocrítico.
El gobierno.
La primera responsabilidad recae en el gobierno, que ha tenido una estrategia de comunicación tardía, errática e insensible, que ha tenido como consecuencia el aumento de los dolores de los familiares y seres queridos de las víctimas y la indignación mayor de muchos sectores de la sociedad que se sienten agraviados.
Por eso celebro el reciente comunicado de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), al exigirle al gobierno su obligación de un tratamiento responsable de la comunicación oficial, versiones íntegras e información consistente con los hechos y el respeto a los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias.
Las declaraciones del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el pasado viernes 7 de noviembre, en el sentido de que “Iguala no es el Estado mexicano”, para evadir la acusación de la responsabilidad del Estado por lo sucedido en Ayotzinapa, no hace más que avivar la herida.
Le guste o no al gobierno, la cadena de omisiones para investigar lo que estaba sucediendo en Guerrero es su responsabilidad, no solamente porque varios actores afirman que advirtieron sobre la colusión entre el crimen organizado y el poder local, sino también porque si sus órganos de inteligencia (militares o civiles) no se lo reportaron, también es una grave omisión.
De acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos, un Estado puede tener responsabilidades por acción o por omisión ante las violaciones a los derechos humanos, incluso cuando éstas se hacen por particulares bajo la tolerancia o la aquiescencia de sus órganos o actores.
Los medios.
La información es un recurso básico social, y aunque los medios sean empresas periodísticas, no los exime de responsabilidad frente a la sociedad, y por desgracia muchos de ellos han tenido un papel reprobable en este conflicto. Me refiero a su ya tradicional actitud de criminalizar la protesta social.
La quema del metrobús en Ciudad Universitaria, el cinco de noviembre, y de la puerta del Palacio Nacional el pasado domingo 8 de noviembre, por un pequeño grupo de violentos, muy al estilo de los viejos tiempos del PRI para reventar movimientos sociales, son cubiertas con titulares atribuyendo responsabilidad a los manifestantes en general, faltando no solamente a la ética sino también a la verdad, pues está demostrado que las manifestaciones, cada vez más nutridas, se han hecho de manera pacífica.
Esta práctica termina por descalificar un fundado movimiento social y mostrarlo como violento, diluyendo la centralidad de sus demandas que, más allá de estar de acuerdo con ellas o no, debería de ser lo relevante para la participación y el debate. Igualmente termina por validar la perversa estrategia, de lo que muchos consideramos son infiltrados, con el objetivo de atemorizar y desviar la atención hacia los sustantivo de las demandas sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido respecto de las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada.
Los medios tienen en este momento una responsabilidad especial, lo que hace necesaria una revisión crítica de su quehacer y el debido respeto del derecho a la información. Como sociedad nos corresponde exigirles esa responsabilidad.
@callejag
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