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El debido proceso no es tan debido

La comisión de la verdad que instruyen los magistrados es solo una pequeña parte de lo vulnerado en que se encuentra la justicia social | Rodolfo Aceves

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Escrito en OPINIÓN el

El debido proceso

En octubre de 2013 fue liberado el profesor indígena Alberto Patishtán, quien había estado recluido en la cárcel desde 14 años atrás, y luego de que el Congreso aprobara una reforma al artículo 97 Bis del Código Penal Federal, por el que Presidente de la República le otorgó el indulto.

La decisión fue tomada luego de que “se identificaron indicios de violaciones graves a los derechos humanos particularmente al debido proceso”, dijo el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El también indígena tzotzil Patishtán, un profesor de primaria de 42 años, quien fue detenido y acusado de participar en una emboscada en la que murieron siete policías en el municipio de El Bosque, en Chiapas, y sentenciado a 60 años de prisión pese a que varios testigos dijeron que él estaba en una reunión magisterial a la misma hora en que ocurrió el asesinato múltiple.

Voluntad política

Así las cosas, el también debido proceso fue el que liberó a Rafael Caro Quintero, quien llevaba 28 años preso en Puente Grande, Jalisco. luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó sobreseer cuatro juicios, por cumplida una condena, así como una absolución por el delito de asociación delictuosa.

También en un error de debido proceso concluyó en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevó a la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez. Por supuesto, la Suprema Corte no pudo, o no quiso, atraer el caso de Patishtán, como si la maldición de la Malinche hubiera caído sobre sus hombros.

Este debido proceso y la voluntad política de hecharle a perder la vida a alguien, fue el culpable de los absurdos jurídicos del Ministerio Público Federal hace unos años, que arrojaron a la cárcel a una indígena otomí en Querétaro, quien según las indagaciones de esa autoridad, la mujer fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo con 6 agentes entrenados de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI’s) , despojarlos de sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y -ansina- hasta secuestrarlos, imagine su merced.

Este debido proceso es el que permitió la liberación del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y por supuesto, la devolución de sus bienes producto de la corrupción y claro, recompensarlo con un trabajo en Petróleos Mexicanos, caray. Sólo falta que el Estado mexicano le pida perdón y lo indemnice, faltaba más, a los amigos justicia y gracia.

Caso Iguala

Como haya sido, ahora nuevamente las deficiencias en el debido proceso fueron causa que los magistrados de un Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas sentenciaron que, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, condenar al Estado mexicano a que en un término de diez días constituya una Comisión de la Verdad, para estar en condiciones de revertir la presunta verdad histórica, por la que la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria. Mientras tanto, la PGR intenta desmentir lo dicho por los forenses, sin credibilidad.

No es para menos cuando la PGR estableció 13 causas penales diferentes, que fueron enviadas a seis juzgados ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara; es decir, violando el principio de unidad procesal.

No sólo eso. Con las prisas la PGR acuso a servidores públicos de secuestro y a otros por crimen organizado. Unos eran policías y otros empleados públicos, presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos; es decir, diversidad de delitos, sin una unidad penal. A algunos de ellos los enviaron a compurgar sus penas al penal de Tepic, otro a Jalisco y un tercero al Altiplano.

La comisión de la verdad que instruyen los magistrados es solo una pequeña parte de lo vulnerado en que se encuentra la justicia social de la que habla el emblema del partido en el poder.

Frustrada negociación

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