Desde los años 80 el gran objetivo de la economía mexicana fue equilibrar las finanzas públicas. Para lograrlo, México pagó costos enormes al asumir uno de los programas de ajuste más severos de la historia. El objetivo se logró parcialmente. México dejo atrás los déficits recurrentes y la proporción de deuda con respecto al PIB alcanzó niveles particularmente bajos. Se logró mucho menos en la reducción de los compromisos que tendrán que ser pagados en el tiempo, como las pensiones, pero, sobre todo, ni el nivel, ni el tipo de gasto sirvieron para reducir la desigualdad y promover el crecimiento. Las finanzas sanas se lograron a costa de que el Estado renunciara a ofrecer servicios adecuados.
Durante los últimos años, el gasto se incrementó gracias a los altos precios del petróleo y algunos incrementos de impuestos. La calidad del gasto no fue una preocupación, por lo que su impacto en la economía y en los servicios públicos fue limitada. Parte del gasto se financió con mayor deuda, pero esto básicamente no generó mayor gasto en infraestructura. Ahora, a raíz de la pronunciada caída de los precios del petróleo, los ingresos públicos se redujeron de manera importante, la relación de deuda con respecto al PIB ya no es baja y no contamos con un sistema de información presupuestaria que nos ayude a reducir el gasto con el menor costo social posible. Los próximos años serán especialmente difíciles debido a que se recortará la inversión y los servicios públicos ya que la ya mítica sanidad de las finanzas públicas mexicanas, estará en entredicho.
El famoso presupuesto base cero no será una oportunidad para corregir y reorientar el gasto, con base en evaluaciones e indicadores, para financiar sólo a los programas de alto impacto social. No lo podemos hacer porque no construimos un sistema de presupuestación, monitoreo y evaluación que lo soporte. Existen evaluaciones útiles en áreas como la política social, cuyos resultados no se utilizan en las decisiones de gasto y que sólo en pocas ocasiones miden el impacto de las políticas. En áreas como el gasto en seguridad o infraestructura simplemente no existen evaluaciones, no sabemos si ofrece, por ejemplo, mejores resultados invertir en equipamiento de policía, que inteligencia o en cámaras de seguridad.
De hecho, llama la atención el uso del concepto de presupuesto base cero, una vieja idea, utilizada en los años 80´s para reducir el gasto en los Estados Unidos, ya que entonces el único objetivo era reducir el tamaño del gobierno, ya que se decía que los programas públicos no ofrecían valor a la sociedad. Lo que no hizo, ni se plantea hacer, es un presupuesto orientado a resultados. Es decir con un sistema de indicadores y evaluaciones que permitan tomar mejores decisiones de gasto, las de mayor impacto y sustentabilidad.
Lo que tendremos es un recorte del gasto, debido a la caída de los ingresos y el poco margen de endeudamiento, es posible que el recorte corrija algunos vicios, pero no estamos construyendo un sistema para mejorar la calidad del gasto hacia el futuro.
En los próximos meses la Cámara de Diputados discutirá un proyecto de presupuesto que necesariamente reducirá programas públicos. Lo haremos poco más de un par de meses y en un contexto en el que el Congreso no cuenta ni con los mecanismos ni con la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Así como en realidad no se logró que las finanzas públicas fueran sanas, ya que se mantuvo la dependencia al precio del petróleo, tampoco se trabajó para que el Legislativo sirviera para mejorar la calidad del gasto.
El Centro de Estudios de las Finanzas públicas tuvo alguna capacidad para apoyar las discusiones presupuestales, ahora luce desmantelado y desvinculado de la actividad legislativa. El Congreso debería contar con una oficina de presupuesto, capaz de ofrecer elementos útiles para el análisis del proyecto del Ejecutivo y su seguimiento, y un consejo fiscal con la solvencia técnica necesaria para realizar proyecciones y estudios sobre la incidencia y comportamiento de las variables de ingreso y gasto en el corto y largo plazo.
Dejamos la responsabilidad de las decisiones fiscales a la Secretaría de Hacienda que se limitó a cuidar el nivel de la caja, no a garantizar gasto estable, progresivo y de calidad. Recurrió al endeudamiento sin invertir más, al punto de que o hacemos un salvaje recorte a los programas públicos o el nivel de deuda mexicano, como el argentino, como el brasileño, será una nueva preocupación de la economía global.
No nos engañemos, en septiembre vamos a enfrentar la resaca de la pachanga fiscal que organizamos en las últimas dos décadas. Ni construimos un sistema tributario progresivo y sólido, que nos proporcionara los ingresos que requerimos para garantizar los derechos sociales de las personas, ni mejoramos la incidencia de los programas de gobierno, ni desarrollamos proyectos de infraestructura que impulsaran el crecimiento de la economía.
Sí, en cambio, incrementamos el costo del gobierno y un número infinito de acciones de gasto disperso, no fiscalizado y menos evaluado. A diferencia de Chile o de Brasil, nuestro sistema de evaluación y de indicadores de gestión se quedó trunco, sirve poco para la toma de decisiones y no es la base de las asignaciones de gasto.
De ahí tenemos que partir, no es que vamos a reformar el presupuesto para que ahora el gobierno ofrezca mejores resultados, es que vamos a administrar un brutal recorte del gasto, de una magnitud que no hemos visto desde los años posteriores a las crisis de 1994 y más nos vale utilizar el sentido común para hacer el menor daño posible. Ojalá que por lo menos sea una discusión abierta y democrática, en la que el Gobierno Federal asuma los costos de sus errores, rectifique el rumbo y esté dispuesto a reducir el gasto burocrático. Como eso de que las finanzas públicas son sanas fue también un cuento, nos esperan años muy difíciles.