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El costo fiscal de la pensión para adultos mayores

El 21 de marzo de 2021, se anunciaron algunas modificaciones al PBAM que implicarían un costo fiscal extra para el sistema de pensiones. | Alejandra Macías*

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Escrito en OPINIÓN el

El programa que entrega pensiones a personas adultas mayores existe desde el año 2007 a nivel federal. Este programa inició otorgando una transferencia monetaria a los adultos mayores de 70 años en las zonas rurales y desde entonces ha cambiado: primero, se amplió a zonas urbanas; luego disminuyó la edad a 65 años para poder ser beneficiario del programa, pero se excluían a los adultos mayores que contaban con una pensión contributiva o si ésta era menor a mil 900 pesos, aproximadamente.

A partir de 2019, el programa se denomina Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) y se otorga a todas las personas indígenas mayores de 65 años y no indígenas mayores de 68. Además, en 2020 se reformó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para hacer de este programa un derecho de la población adulta mayor.

El 21 de marzo de 2021, se anunciaron algunas modificaciones al PBAM que implicarían un costo fiscal extra para el sistema de pensiones, las cuales consisten en: 1) disminuir la edad a 65 años y aumentar en 15% el monto de la pensión a partir de julio de 2021 y 2) aumentar el monto de la pensión 20% real de 2022 a 2024.

El presupuesto aprobado para 2021 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asciende a 137 mil 345 mdp. Los cambios implican que el monto aumentará a $1,550 pesos mensuales y se agregan 2.5 millones de adultos mayores al padrón, de acuerdo con los datos del Censo 2020. Para cubrir lo anterior, sería necesario destinar 23% o 31 mil 500 mdp más al presupuesto aprobado, cuando la prioridad sería fortalecer el sector salud y paliar los efectos en educación que ha tenido la pandemia. Sin embargo, el presupuesto de salud presentó un aumento de 1.9% real y no se cuenta con recursos adicionales para educación de 2020 a 2021.

Si la transferencia monetaria a adultos mayores aumenta 20% más inflación de 2022 a 2024, hasta que el monto llegue a $6,000 pesos bimestrales, se necesitarán recursos públicos equivalentes a 1.85% del PIB, esto es 498 mil mdp, aproximadamente. Al sumar estos recursos al gasto en pensiones que ya se realiza, para 2024 se estarían destinando 6.5% del PIB para pago de pensiones, presionando más las finanzas públicas de México, reduciendo el espacio fiscal y la capacidad de Estado para crear e innovar en políticas públicas redistributivas actuales y para las siguientes generaciones.

El sistema de pensiones debe pensarse como un todo. Las modificaciones deben incluir los cuatro pilares que lo soportan: reparto, afores, ahorro voluntario y PBAM. Si los cambios se realizan de manera aislada, seguiremos teniendo resultados ineficientes para contar con un sistema de pensiones que disminuya la desigualdad con beneficios más homólogas para la población.

* Directora de investigación. Realizó el Doctorado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia en evaluación de programas, evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas.