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El convenio de Budapest vs. la ciberdelincuencia

Sumarse al Convenio de Budapest es clave para cualquier gobierno que quiera fortalecer sus capacidades en ciberseguridad. | Marina San Martín

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Escrito en OPINIÓN el

El 17 de mayo, que es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, conocido como el Día de Internet, hacemos referencia a esta herramienta tan necesaria en nuestras actividades cotidianas.

Mientras las tecnologías se vuelven más indispensables, también nuestros datos personales, integridad y privacidad se colocan en una situación de mayor fragilidad frente a la ciberdelincuencia, que implica la comisión de delitos a través de la red y de los medios informáticos.

Quienes son cibercriminales pueden suplantar nuestra identidad; hackear o acceder a nuestros ordenadores o sistemas sin autorización; cometer estafas con nuestra información obtenida a través del pharming, phishing, o spam; acosarnos; o exponernos a los malware que dañan nuestros equipos; y a los ransomware que secuestran nuestros datos; entre otros riesgos.

Un estudio sobre ciberseguridad de 2021 de la Asociación de Internet en México, muestra que 53% de las personas usuarias de Internet fueron víctimas de alguna vulneración en los 12 meses recientes; siendo las principales afectaciones las pérdidas de información (21%); los fraudes financieros (14%); y el phishing (10%).

Estos y otros delitos cometidos en línea como la pornografía infantil, el terrorismo o aquellos en contra de la propiedad intelectual, se han convertido en problemas transnacionales que demanda esquemas de cooperación entre los países para su combate.

Para establecer una política penal internacional común que nos proteja de la cibercriminalidad, en 2001, en el Consejo de Europa se adoptó el Convenio de Budapest destinado a luchar contra la ciberdelincuencia, el cual entró en vigor en 2004.

Este instrumento requiere que los Estados parte armonicen su legislación; desarrollen la infraestructura, instituciones y protocolos base de su implementación; y que establezcan formas de cooperación entre autoridades para investigar y garantizar la judicialización de conductas definidas por este acuerdo como delitos informáticos.

A mayo de 2022, 66 países se habían adherido tales como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Perú. Mientras que otras 15 naciones, entre ellas México, permanecen como observadores al no haber iniciado su inclusión.

Entre los retos que enfrentamos en el rumbo de adoptar este acuerdo, se encuentra la creación de leyes especiales o la modificación de las que tipifiquen y sancionen las conductas ilícitas previstas en el mismo, en las cuales se definirán las atribuciones de las instancias a cargo de su persecución, para que los esfuerzos contra estas amenazas no sean aislados.

Juhan Lepassaar, Director de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, afirma que ‘‘las ciberamenazas refuerzan la necesidad de cooperación”. Sumarse al Convenio de Budapest es clave para cualquier gobierno que quiera fortalecer sus capacidades en ciberseguridad, apoyándose de la experiencia e intercambio internacional.