“El trabajo es un proceso y cualquier proceso necesita ser controlado. Por lo tanto, para hacer que el trabajo sea productivo, se requiere incorporar los controles apropiados en los procesos de trabajo”, Peter F. Drucker.
La idea: A veces no se aprecia el por qué es necesario que toda organización cuente con un control interno adecuado. Por no entender esta necesidad ha habido intentos de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, antes de la Contraloría, quien es la responsable del control interno en el gobierno federal. Es necesario fortalecer el control interno en el gobierno para el buen logro de sus objetivos.
Todo sistema de control administrativo parte de un proceso de planeación que define la visión, misión y los objetivos que se ha propuesto lograr la organización. El sistema de control se asegurará de que la gerencia logre lo que se ha planteado.
En el Poder Ejecutivo Federal, esta tarea corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de organizar y coordinar el sistema de control interno, la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados.
Con su auxilio se pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y su apego a la normatividad que les rige. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SFP se encarga de sancionar desvíos de la norma, propone mejoras al control interno, analiza los riesgos de incumplimiento y los administra.
No es el propósito primordial de la SFP, ni por mandato legal ni por diseño institucional, el combate a la corrupción, como se puede apreciar de las facultades que le da la Ley, sino que dicho combate se da como un producto de su labor de fiscalización e investigación de denuncias. Con ello, no sólo ayuda a mantener el control interno de las instituciones, sino también se convierte en un auxiliar en el combate a la corrupción.
La corrupción derivada de una falla de control interno es una de las causas por las que las instituciones no cumplen sus objetivos y se ven afectados sus presupuestos y patrimonio, pero no es la única y se debe atender a todas las demás.
Con el control interno del gobierno federal se busca que las instituciones cumplan sus mandatos y se apeguen a las normas que se diseñaron para que sus servidores públicos no realicen actos arbitrarios, ya que ellos sólo pueden hacer lo que les permite la Ley.
Por ello, el gobierno trabaja dentro de un marco normativo muy extenso que regula todas sus actividades, con el propósito de cumplir sus objetivos y requiere que todos los servidores púbicos lo cumplan.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas es un elemento clave del control interno y es la principal herramienta de la SFP. No sanciona actos de corrupción, sino conductas que pueden ser faltas graves o no graves en que incurren los servidores públicos. Quien sí contempla la sanción de actos de corrupción es el Código Penal Federal, los cuales le toca perseguir a la Fiscalía Anticorrupción.
El diseño de los órganos internos de control (OIC), que forman parte de la SFP, tiene ese propósito, como su nombre lo indica, de auxiliar a las instituciones en su control interno. Sus tareas inician con actos de fiscalización para detectar incumplimientos a las normas o para detectar si están cumpliendo con sus objetivos y mediante la recepción de denuncias ciudadanas.
De detectarse incumplimiento a las normas, se procede a investigarlas para identificar posibles faltas a la de Ley de Responsabilidades. De encontrarse violaciones a ésta, se califican las conductas y se elaboran los informes de presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
Si se trata de faltas graves, se inician los procedimientos sancionatorios para luego turnarlos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si se trata de faltas no graves, los OIC desahogan los procedimientos de responsabilidades, resuelven y en su caso, sancionan a los servidores públicos.
Con estos procesos la SFP y sus OIC ayudan a mantener el control interno del gobierno federal y su tarea es clave para el buen desempeño del gobierno.
Dado que cualquier violación a las normas es susceptible de ser sancionada, es muy importante que toda la normatividad sea muy racional, que sea mínima, que permita realizar a los funcionarios sus labores; que permita tener una administración ordenada, orientada al buen cuidado de los recursos, al buen desempeño de sus funciones y al logro de sus objetivos.
El control interno es vital para que exista un buen gobierno, asegurando el cumplimiento del marco normativo. Sin él, se corre el riesgo no sólo de que haya corrupción, sino de que las instituciones y sus servidores públicos no cumplan con sus funciones. Es tiempo de aplicar herramientas modernas de control administrativo y reforzar a quienes se encargan de llevarlo a cabo.