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El control de daños

Iniciativa ciudadana plantea realizar un control de daños nacional.

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Escrito en OPINIÓN el

Esta semana se encuentra en Alemania la titular de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, como preámbulo de la visita de Estado que en abril llevará a cabo el presidente Enrique Peña Nieto.

 

Esta visita de avanzada podría ser interpretada como un control de daños de lo que en el extranjero ven sobre México. Por ejemplo, cuando en octubre de 2014 diputados del Parlamento Alemán vinieron a cuestionar el estado de los derechos humanos en México y el convenio de adquisición de armas de ese país al malogrado procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como cuestionarle el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, los legisladores germánicos pudieron haberse sentido ofendidos por las mentiras que les presentó como verdad histórica, igual que a la opinión pública nacional, sin que se hubiera resuelto satisfactoriamente la venta de armas alemanas, cuyo tema podría ser el verdadero meollo del asunto.

 

No sólo eso. Recientemente el procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, exhortó a las autoridades mexicanas, a no negociar con criminales, a ser intolerantes con la impunidad, a atacar las riquezas de los narcotraficantes y a deshabilitar servidores públicos; ya que la justicia de Colombia ha sancionado y destituido a mil 500 alcaldes, a mil 200 concejales, 88 jurados y 22 gobernadores. Esta recomendación parece que tiene oídos sordos en el dictamen del Senado, ya que trasciende que en el cuerpo del dictamen de la ley anticorrupción, que no se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración fiscal, ni presenta mecanismos de protección a servidores públicos que denuncien actos de corrupción y omite sanciones a legisladores que cobren comisión por la gestión de recursos públicos, también llamados “moches”, socorridos en la Legislatura pasada.

 

Como una debilidad institucional y para sustentar todo esto, en 2009 los cables Wikileaks señalaban que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.

 

Es por esto y más, que México se encuentra en el lugar 95 de 168 países medidos, en el Índice de Percepción de la Corrupción, obteniendo una calificación de 3.5, nada positivo.

 

Además de la deplorable situación de derechos humanos señalado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de tal forma que el Fiscal General de la Corte de Apelaciones de Palermo, Italia, Roberto Scarpinato, propuso que Naciones Unidas cree un Tribunal Penal Internacional sobre México, que atienda la situación de violencia e inseguridad por la que pasa nuestro país.

 

Scarpinato propuso que este Tribunal debiera atender tres temas: “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México como genocidios, masacres, violaciones masivas, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales […]”.

 

Por esto es que la iniciativa ciudadana denominada #Ley3de3 contempla atacar 10 tipos de corrupción: soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información y nepotismo, para realizar un control de daños nacional.

 

Parece que después de Alemania, el Ejecutivo Federal podría hacer escala en Italia, Ginebra o Nueva York y seguir con el control de daños.

 

@racevesj

@OpinionLSR