Opinión

El Congreso General y el presupuesto educativo 2019

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado, como el Congreso General, merece la oportunidad, siempre que se escuche a la sociedad. | Dra. Susana Pedroza de la Llave*

  • 28/12/2018
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El Congreso General enfrentó su primera batalla contra el tiempo y la aprobación del paquete económico (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación 2019) lo cual, en sí mismo, representa grandes pasos en el camino hacia la consolidación de nuestra democracia, donde las diferencias presentadas durante este proceso -pequeñas o grandes-, son muestra inequívoca de este andar.

Madurez política que -en una democracia- se sustenta con el respeto al orden jurídico donde todas las voces representadas en el Congreso de la Unión son escuchadas y, aún con diferencias, se asumen los resultados.

Es pues, muy alentador que no obstante las diferencias de visión política, haya imperado el respeto a nuestra Constitución Federal, las diferentes voces en el Congreso se hicieron escuchar, los grupos parlamentarios minoritarios dieron voz a sus representados que, aunque algunos no resultaron vencedores en la lucha político argumentativa, México salió victorioso a través de un mecanismo de la democracia para vivir en paz, el proceso legislativo en que se aprobó el Presupuesto.

El objetivo central del trabajo parlamentario, descansa en valores como el respeto a las diferencias y al sentir de las mayorías y las minorías. Todos somos constructores de la democracia, la función de las y los políticos, sean senadores o diputados es fundamentalmente hacer política a través de la creación y diseño de leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera, o a través de reformas a la legislación, pero ese trabajo siempre debe acompañarse por la ciudadanía, quien mediante expresiones públicas guían -o al menos eso se intenta- ese trabajo sustantivo de los legisladores.

En otras palabras, en el trabajo de las y los legisladores; por ejemplo, en particular de los diputados, consistente en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF2019), si bien los grupos parlamentarios minoritarios en la Cámara de Diputados, aún y cuando estuvieron en desacuerdo con algunos puntos aprobados en el PEF2019, su influencia formalmente -es decir, en términos del proceso legislativo- no tuvo la fuerza suficiente para modificar dichos puntos; sin embargo, el papel determinante lo tuvo la sociedad civil que, a través de expresiones públicas, señalamos el rechazo a propuestas como la reducción del presupuesto para el sector educativo.

En efecto, es el peso de esas manifestaciones que, aunque informales o mediáticas, trajeron como consecuencia que los diputados del Congreso de la Unión modificaran o corrigieran los destinos del gasto tan importantes como el educativo, cultural, científico y el tecnológico. De tal suerte que ahora en el PEF2019 se prevé un aumento de cerca de 4 mil millones de pesos en gastos para las Universidades públicas del país como la Universidad Nacional Autónoma de México con un incremento a su presupuesto de 2,500 millones; el Instituto Politécnico Nacional con casi 800 millones más y, la Universidad Autónoma Metropolitana -mayor beneficiada- con casi el doble de su asignación proyectada de 648 millones a 1,209 mdp.

De la misma manera, es buena noticia la reasignación de 500 millones más para el presupuesto de Cultura y la misma cantidad más para el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), este último con un total de 25,160 mdp.

Hace algunos días publicábamos en otro espacio diverso artículo sobre la “Responsabilidad Presupuestaria 2019”.[1]

En esa ocasión decíamos, entre otras cosas, que el trabajo de las y los legisladores debía obedecer a uno de los elementos fundamentales del Estado Constitucional, Democrático y de Derecho la representatividad de más de 120 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, los legisladores debían asumir con puntualidad, la responsabilidad de velar por el interés ciudadano, como el objeto central en la determinación del Presupuesto de Egresos 2019.

Lo anterior, es de celebrarse con objetividad y prudencia, puesto que el destino de los recursos públicos, es un acto que no concluye con su direccionamiento sino con su aplicación y evaluación, donde de igual forma -como sociedad- debemos estar atentos, vigilantes y demandar, si es necesario, su indebida o deficiente aplicación.

Al aprobar un presupuesto educativo de esta índole estamos ciertos de la visión de Estado que invierte en el principal eje rector para el desarrollo de la sociedad y, a su vez, para el desarrollo nacional, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología son puntos neurálgicos que deben atenderse prioritariamente para combatir la desigualdad, la pobreza, la marginación, el desempleo y la inseguridad.

Recuperar la confianza en las instituciones del Estado, como el Congreso General, merece la oportunidad, siempre que se escuche a la sociedad que representan y le den participación activa en la toma de sus decisiones, no necesariamente a base de expresiones mediáticas, sino de modelos de acceso ciudadano al trabajo legislativo. Esperemos así sea.

*Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

[1] Publicado en el Portal de Foro Jurídico, el 19 de diciembre de 2018, consultable en: https://forojuridico.mx/responsabilidad-presupuestaria-2019/

¿Aplicar la ley o retorcerla?

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