Ayotzinapa marcó para siempre la historia de este país con una premisa clara, la corrupción cobra vidas humanas. Recordaremos el 26 de septiembre de 2014 como el día en que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa por un crimen de Estado.
Dos meses después de este lamentable suceso, el presidente de la República anunció un decálogo en respuesta a la evidente necesidad de reformar el sistema de seguridad pública y combate a la corrupción[1]. En él se establecieron medidas que no sólo eran competencia del Ejecutivo Federal, sino que también se anunciaron compromisos para la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Estos compromisos versaban específicamente en acelerar la dictaminación del Sistema Nacional Anticorrupcilecieron medidas que no sólo eranci Repal, tambi el capital polla comisiridad pteria de derechos humanos por parte de elementos ón, establecer el Mando Único Policial en todo el país, expedir una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales y por supuesto concluir con los trabajos legislativos en materia de desaparición forzada, tortura y derechos de víctimas.
¿Qué ha hecho el Congreso de la Unión a dos años de Ayotiznapa?
El Congreso de la Unión, en varios debates y sesiones, mostró preocupación por la situación de inseguridad y corrupción, lamentó las desapariciones y hubo hasta quienes intentaron usar el capital político para las elecciones de 2015. Sin embargo, el trabajo legislativo hasta hoy no logra concretarse al 100 por ciento.
Del mismo modo, se creó la Comisión Especial de seguimiento al caso que ha tenido más de 30 reuniones con funcionarios federales, como la Procuradora General de la República, el Secretario de Defensa Nacional, el Secretario de Gobernación, Secretario de Marina, el Presidente de la CNDH, familiares de normalistas desaparecidos y hasta con el ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Sin embargo, la Comisión Especial de seguimiento no emitió algún tipo de recomendación o dictamen con Punto de Acuerdo, pues no tiene esas competencias.
Finalmente, durante esta semana la Cámara de Diputados aprobó modificar la denominación y el objeto de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, creada el 15 de septiembre de 2015. El nuevo objeto de la comisión ahora será dar seguimiento a las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en relación a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Del mismo modo, el Partido de la Revolución Democrática presentó un acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a separar de su cargo a Tomás Zerón por la presunta alteración de pruebas, sin embargo, esto difícilmente tendrá éxito.
En conclusión, si bien el Congreso ha tenido cierta actividad con relación al caso Ayotzinapa, ha dejado mucho que desear en cuanto a consolidación de resultados que nos ayuden a saber realmente qué sucedió con los 43 estudiantes.
El autor es: Rodrigo Ramírez @rodrigo_rq
Egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés académico y profesional se centra en temas del Poder Legislativo, sistema electoral, competencia y desarrollo rural. Es Coordinador de investigadores en el área de Análisis Político y Legislativo de Borde Político A.C. rodrigo@bordepolitico.com
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[1] Presenta el Presidente Enrique Peña Nieto, diez medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho, Comunicación de la Presidencia de la República, noviembre 2014