En nuestro país, en el poder legislativo, más que en ningún otro ámbito, si los funcionarios públicos no están obligados jurídicamente en algún tema, simple y sencillamente, ni ven ni oyen más allá de sus propios intereses o los de los partidos a los que pertenecen.
Reflexionando acerca del proceso electoral y de las condiciones el día de la jornada electoral el domingo pasado en Chiapas, dos temas surgen inmediatamente en el debate: El papel de las autoridades electorales en esa elección y la actuación de los órganos encargados de su designación.
Las autoridades electorales en aquel estado jugaron un papel cuestionable. La autoridad administrativa electoral, con todo y que algunos Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral –quiero pensar que por desconocimiento–, alaben su actuación, lo cierto es que lo que parece es que se curan en salud de los resultados de una de las 74 nuevas atribuciones que la reforma político electoral asigna al INE, la integración de los Organismos Públicos Locales en materia electoral.
El Consejo General del INE, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha tenido que acordar el inicio de un procedimiento para determinar las sanciones, entre las que está la remoción, que derivadas de su actuación tendrán que enfrentar los consejeros electorales de aquella entidad. Espero que las apreciaciones personales de algunos integrantes del INE no sean las que pesen en el desahogo del procedimiento cuyo inició se aprobó en sesión pública el pasado 13 de julio.
En el otro ámbito, el jurisdiccional, también resulta cuestionable la actuación del Tribunal Electoral local de aquella entidad federativa. Recordemos que otro de los cambios de la reforma político electoral tiene que ver con los nombramientos. Respecto a la integración de los Tribunales electorales de las entidades federativas, de las Salas Regionales, la Especializada y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevan a cabo en el Senado.
Así, en lo que se refiere concretamente al nombramiento de magistrados electorales en las entidades en que habría elecciones en el año 2015, no en todas, por cierto, porque a los senadores simple y sencillamente las elecciones por sistemas normativos internos no les merecen la menor atención y, por tanto, omitieron realizar el nombramiento de ese Tribunal en el estado de Oaxaca, la sesión de octubre del año pasado en la que se realizaron esas designaciones fue desastrosa.
La falta absoluta de transparencia en estas designaciones y la ausencia total de un procedimiento determinado previamente para la integración de estos órganos jurisdiccionales en materia electoral, son dos de los primeros cuestionamientos que debe hacerse a la forma en la que el Senado se conduce.
Los arreglos en lo obscurito y negociaciones partidistas en total opacidad guiaron la actuación de nuestros legisladores. Sin importar si la ley no les obliga a aprobar un procedimiento para estas designaciones, su actuación fue deplorable. Ahora bien, si vemos con atención cómo se valora en esa cámara del Poder Legislativo de la Unión el criterio de paridad, es clara e indubitablemente comprobable que éste no fue uno de los que definió la integración de estos órganos.
De 67 magistrados electorales designados en sesión del Senado el 2 de octubre, solamente 15 son mujeres. La representación de mujeres en la integración de estos órganos fue sólo del 22 por ciento. Debe decirse, además, que gracias al Senado, aún hay tribunales electorales de las entidades federativas con vacantes.
Las y los ciudadanos que presentaron su documentación y se inscribieron para participar en el proceso de nombramiento de los tribunales electorales de las entidades federativas no recibieron ninguna comunicación respecto al cumplimiento de los requisitos; no hubo ninguna comparecencia; la Comisión de Justicia no integró ninguna tercia ni quinteta y, tal como quedó evidenciado en la propia sesión ordinaria del Senado, la supuesta sesión de la Junta de Coordinación Política en la que se habían acordado los nombramientos, jamás se llevó a cabo.
El senador Manuel Bartlett en la tribuna señaló los vicios, negociaciones y engaños en estos nombramientos y, ante la denuncia de un hecho falso como lo fue la inexistente sesión de la Junta de Coordinación Política, la respuesta que dio desde su curul el presidente de dicho órgano, el senador Emilio Gamboa, fue que era una práctica parlamentaria habitual que diversos órganos sesionaran de manera virtual o fuera de la sede parlamentaria, en restaurantes, hoteles y bares. Esa fue la respuesta que ameritó en el poder legislativo de nuestro país la afirmación de una sesión que jamás se llevó a cabo.
A eso se suma, sin duda, que la mayoría de las y los senadores se conduzcan como habitualmente nos tienen acostumbrados, que digan una cosa y hagan otra. Así, en el mismo año de la publicación de la reforma constitucional que incorpora el principio de paridad, meses después de que aprobaran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, en las que se establecen un conjunto de medidas para instrumentar el principio de paridad, esa cámara incumpliera con este principio y realizara estos nombramientos sin incorporar a un mayor número de mujeres en estos espacios.
Ya tenemos a la vista los primeros resultados de las designaciones realizadas por el Senado, en diversas entidades con elecciones en el 2015. Esperemos que en los nombramientos que se realicen para conformar los tribunales electorales en los estados en los que habrá elecciones en 2016, los procedimientos sean transparentes, las razones de los nombramientos sean claras y el principio de paridad se aplique.
Sin duda alguna en estos nombramientos negociados en total opacidad tuvo mucho que ver el que ha sido denominado en la prensa como el “Club de Toby”. En la integración de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno, hay sólo una mujer. La agenda de género que no debiera estar exclusivamente promovida por mujeres, se queda sin voz frente al club de machos que ha demostrado ser esa junta.
No sólo nuestros legisladores no son muestra de la aplicación del principio de paridad en la integración de órganos sino que, además, las mujeres no presiden las comisiones más importantes, dicho por sus compañeros legisladores; tampoco hay una integración paritaria de la junta de coordinación política y, desde luego, no presiden el senado.
El asunto no es, por lo tanto, sólo integrar los órganos, sino lograr la participación de mujeres en condiciones de igualdad tanto al interior de sus partidos políticos, de sus grupos parlamentarios, en los órganos internos y de gobierno de las cámaras de diputados y senadores y, por supuesto, en la presidencia de las mesas directivas. Al parecer, la única vía para lograr mayores espacios para más de la mitad de la población de nuestro país, es con mandatos legales expresos y que, a pesar de ello, con mucha frecuencia, los legisladores incumplen sin ningún costo, responsabilidad o sanción a que se hagan acreedores por sus faltas.
El acceso de más mujeres a los espacios de decisión pública no es un compromiso de legisladores ni de partidos políticos, es resultado de reformas legales –a las que ya no podían oponerse los integrantes de las cámaras– o de sentencias. En este contexto, el esfuerzo no debe concentrarse en la aprobación de las iniciativas que ya han sido presentadas para la integración paritaria de los tres poderes del Estado sino que además, deben realizarse las reformas que garanticen la participación equitativa de las mujeres al interior del Poder Legislativo, en las diversas comisiones, comités y órganos.
Habrá 42% de mujeres como diputadas en el periodo 2015-2018, tendremos tiempo para analizar las posiciones que ocupan al interior de esta Cámara. No sólo se trata de avanzar en la cantidad sino en la calidad de los espacios que ocupan las mujeres en los espacios de decisión pública.