Hace unos días el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración en teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, solo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del gobierno federal.
El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de gobierno, estas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quién hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus.
Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la SEDENA para sus labores de inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En particular el CISEN siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.
La sospecha no es nueva. Hay que recordar que el antecesor del CISEN fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una policía política notoria por sus abusos contra los oponentes del régimen y por sus métodos que incluían no solo el espionaje sino la agresión física a estas personas. La DFS también fue víctima de la penetración por parte de los narcotraficantes. Su descomposición llegó a tal grado que el presidente De la Madrid ordenó su desaparición en 1985 cuando su director fue acusado de asesinar al periodista Manuel Buendía.
El CISEN se crea en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. ¿Cómo fue que el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel y el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, entonces director general del CISEN, convencieron al presidente Fox de que no lo hiciera? Sería interesante saberlo. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue una labor de desmantelamiento presupuestal que lo debilitó mucho.
El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, utilizó más de 4 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año. ¿En que se ocupó tanto dinero? Se puede suponer que una parte de ello se fue para adquirir software como el Pegasus.
El CISEN es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.
El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.
El mandato y atribuciones del CISEN se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional, que más que una Ley sobre la materia es una Ley que regula al CISEN. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; factores de poder que disputen el gobierno a las instituciones establecidas como el caso de los territorios gobernados por los narcotraficantes y sus cómplices; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.
Para garantizar la sobrevivencia del CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen.
La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir.
También es importante que rindan cuentas sobre el uso de la partida de seguridad nacional y que lo revisen los entes fiscalizadores responsables sin comprometer el secreto que debe ser guardado en estos casos. Sería muy desafortunado que la partida de seguridad nacional que ya alcanzó montos superiores a los 10 mil millones de pesos se convierta en la nueva partida secreta que antes tenía la Presidencia y de la que tanto se abusó, al grado que el presidente Zedillo la desapareció.
El que el CISEN espíe no debe sorprender ya que es parte de sus tareas como ocurre con todos los órganos de inteligencia en el mundo. Para ello es necesario que utilice herramientas sofisticadas, como el software Pegasus. Lo que es muy grave es que ese espionaje se realice sobre objetivos que no tienen nada que ver con proteger la seguridad nacional y que además se realicen de forma ilegal.
El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. De la misma forma, la Secretaría de la Función Pública a través de su Órgano Interno de Control en el CISEN, podría fiscalizar los recursos del Centro y asegurarse que se les de buen uso.
No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.
Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.