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El Chapo y la política de drogas en México

Reconozcamos la urgencia de crear una mejor política de drogas, una que deje de contribuir a que México sea la tierra del mayor criminal del mundo.

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Escrito en OPINIÓN el

Alguien me preguntó por qué el criminal más prominente del mundo es un nacional de México. No es extraño que en una nación de ingreso medio y dentro de las diez más pobladas del mundo, con una economía moderna pero con un estado de derecho débil, proliferen grandes negocios ilícitos. Este es el caso de otros países como Rusia, Nigeria, Brasil, Argentina, Indonesia y Sudáfrica, por nombrar algunos.


Cuando la gobernanza democrática es difícil de establecer y las instituciones son débiles, los grupos criminales florecen y capturan una parte de lo público. Es bien sabido que México tiene fallas institucionales graves, sin embargo, no sufrimos las desigualdades económicas de Brasil, ni la inestabilidad crónica de Argentina. México no sufre los niveles de corrupción de Rusia, ni los conflictos religiosos o pobreza de Nigeria. Entonces, ¿por qué México tiene como connacional a Joaquín Guzmán Loera?


La respuesta es simple, hacia el norte México comparte una inmensa y porosa frontera con los Estados Unidos, ofreciendo una ventaja comparativa inmejorable para la industria del tráfico de drogas. El mercado de exportación de autos en México es productivo porque podemos llevar el producto por tierra a uno de los más grandes mercados de consumo. De la misma manera, contamos por nuestra vecindad con las mejores y más directas rutas de tráfico para el mercado de las drogas. Y nada más y nada menos que al mayor mercado de consumo de dichas sustancias, generando una rentabilidad inigualable.


Es ante dicha ventaja comparativa estructural que los grupos criminales han podido organizar un negocio con ganancias brutales, que les permitió, incluso, desafiar y sustituir al Estado en regiones enteras del país.


En la película Tráfico, Michael Douglas interpreta a un Zar antidrogas estadounidense que observa el interminable tráfico de vehículos de carga en la frontera con México y se da cuenta de que será imposible detener el flujo de drogas entre ambas naciones. México y Estados Unidos tienen hoy una integración económica, política y cultural sumamente avanzada. Miles de productos que se fabrican en México son consumidos diariamente y en cuestión de horas en el país vecino. Millones de personas cruzan la frontera diariamente –con o sin documentos- o incluso viven en ambos países.


México cuenta, además, con una muy buena infraestructura para la proliferación del crimen organizado. El sistema financiero posee condiciones idóneas para el lavado de dinero. La economía es diversificada y globalizada, con muchos y buenos negocios que requieren capital. Existe una red establecida de carreteras y puertos entre ciudades grandes y bien conectadas, y los centros turísticos están muy bien establecidos. El gobierno es relativamente sofisticado, pero la corrupción es frecuente además de que regiones enteras del país carecen de mecanismos de gobierno modernos. Es sencillo capturar gobiernos locales e incluso a las agencias nacionales de seguridad.


Es todo esto lo que permitió que grupos que ya se dedicaban a negocios ilegales como el contrabando de mercancías y personas, o al del alcohol en el noreste o del opio en el noroeste, desarrollaran organizaciones dedicadas fundamentalmente al tráfico de drogas en América del Norte. Eventualmente, los grupos mexicanos fueron capaces de desplazar a los colombianos, que tienen la ventaja de producir cocaína en su territorio, pero que requieren llevarla a Estados Unidos.


El éxito comercial de los exportadores mexicanos de drogas ilícitas generó peligrosas organizaciones criminales con enormes recursos que se disputan territorios y mercados. La presión internacional y la evidente fuerza de los cárteles llevó a un enfrentamiento del Estado con los narcotraficantes. Las consecuencias han sido desastrosas tanto en el número de muertos, de desaparecidos, de violaciones de derechos humanos y del propio desarrollo de cientos de comunidades, generalmente las más pobres del país. La propia viabilidad de México como una nación que puede alcanzar niveles aceptables de desarrollo está en riesgo.


Varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas se debilitaron o desaparecieron. Otras, como el cartel del Pacífico, permanecen intactas mientras que los grupos fragmentados se volvieron más violentos. El tráfico de drogas no disminuyó, sigue determinado por la demanda estadounidense. Eso explica el incremento de la producción y exportación de heroína debido al incremento del consumo en el vecino del norte.


En la medida en el que el precio de algunas substancias ha aumentado, también lo han hecho las ganancias para los traficantes con mayor poder de mercado, en general los más violentos. La demanda de drogas responde a varios factores, donde el precio no es fundamental, ya que siempre es posible moverse a otro producto. De hecho, es poco realista pensar posible reducir de manera substancial la demanda de todas las drogas ilícitas en el corto o el mediano plazo. Es por eso que cada vez más personas apoyan una reforma de la política de drogas rumbo a una que tenga como objetivo central la protección de la salud pública y pleno respeto de los derechos humanos.


La política de drogas debe migrar hacia la regulación legal, pasando por una despenalización efectiva de su posesión para uso personal particularmente del cannabis. Ello disminuiría de manera muy importante la criminalización de actividades de producción y tráfico, además de reducir las ganancias de las organizaciones criminales.


Las recientes medidas tomadas en los Estados Unidos demuestran que es posible la producción y venta segura y controlada de marihuana sin mayores efectos negativos en la sociedad. México debe encabezar un cambio de dirección, pasando de la erradicación forzosa de cultivos a la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y eliminar el tráfico ilícito de armas hacia las regiones productoras. México debe impulsar políticas efectivas y basadas en ciencia para prevenir las adiciones, garantizando como principal herramienta la información oportuna y el respeto a los derechos humanos.


Reconozcamos pues la urgencia de crear una mejor política de drogas, una que deje de contribuir a que México sea la tierra del mayor criminal del mundo.