Opinión

El caso Tlatlaya sigue abierto…

AP sugirió que orificios y manchas de sangre en la pared fueron producto de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército.

  • 19/05/2016
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Todo tiene su tiempo, murió  el demócrata panista Luis H. Álvarez (1916-2016), In Memoriam

 

“La Ley, dice el juez con su mirada de menosprecio,

hablando con claridad y suma dureza,

la Ley es como ya os dije,

la Ley es como, supongo, sabéis es

la Ley, pero dejadme que os lo explique otra vez,

la Ley es La Ley...”: Auden.

 

El magistrado Adalid Abriz Landa, titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Estado de México, determinó el viernes 13 de mayo, que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, ocurrido el 30 de junio de 2014. En la localidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México.

 

Recordemos que en ese lugar murieron 22 personas, presumiblemente en un enfrentamiento con miembros del Ejército.

 

El fallo del juzgado de más de 500 hojas implica que Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, soldados del 102 Batallón de Infantería, queden en absoluta libertad, ya que habrían sido acusados con testimonios “omisos, imprecisos y contradictorios”, con peritajes que “no comprueban los hechos” y sin evidencia que confirme que hubo una ejecución extrajudicial en el lugar…

 

Por lo que la sentencia dice contundentemente que “con fundamento en el Artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo procedente en la especie es dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY (...) en la comisión del delito de encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo (…) Por ende, se debe ordenar la INMEDIATA LIBERTAD de los inculpados (...) en la inteligencia de que dicha libertad se refiere única y exclusivamente a los hechos materia del proceso penal número 81/2014…”.

 

Horas después, el sábado 14 de mayo la PGR emitió un comunicado donde señala que acata la resolución judicial pero anuncia que como lo señala la legislación penal aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los tres elementos castrenses para que sean reaprehendidos y formalmente procesados.

 

El boletín 679/16 señala que “si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación, el Magistrado estableció, en las páginas 216 y 217 de la misma, que el auto de libertad fue dictado sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.

 

Por lo que, la PGR solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos, queden impunes.

 

Recordemos que una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apuntó que al menos 12 de los civiles –entre ellos dos menores de edad– fueron asesinados a sangre fría. Y que además, la escena del crimen fue manipulada para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos.

 

Escribí mi primer texto sobre el tema el 2 de octubre de 2014: Tlatlaya

 

 

Las reacciones han sido muchas.

 

Clara Gómez González, conocida como Julia, y quien fue testigo clave señaló que con la resolución del juez se siente indignada y enojada, y aunque tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se siente con miedo. Reiteró en varias entrevistas -Reforma, El País- que aquella noche hubo una ejecución extrajudicial donde murió su hija Erika Gómez de 4 años junto con 21 personas más.

 

En el mismo sentido se han manifestado organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (WRW) en un correo electrónico le dijo a la agencia AFP que “ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales”.

 

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dice que el caso “es sumamente grave porque consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México”.

 

En un comunicado emitido 6 organizaciones sociales consideraron grave la resolución judicial, apuntaron que la PGR tuvo un actuar deficiente, toda vez que no sometió a investigación “la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos de 'abatir delincuentes en horas de la oscuridad'”.

 

Exigieron medidas de seguridad y de “garantías” en la búsqueda de la verdad para Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre, cuyo testimonio fue fundamental para evidenciar lo ocurrido.

 

Destacaron, que la situación en torno a la masacre de junio del año 2014 “nos confirma que en México la justicia para las víctimas a violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares están muy lejos de ser una realidad, y es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país”.

 

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Servicios y Asesoría para la Paz; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros.

 

Algunos líderes de opinión han manifestado que todo fue una farsa montada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, y que incluso se deben de ofrecer disculpas al Ejército por haber pensado mal.

 

 

¡Pero, el caso Tlatlaya no es asunto juzgado…!

 

Ante ello la CNDH pidió a la PGR aporte nuevas pruebas que fortalezcan su acusación, en base a la legislación penal. En un comunicado emitido el lunes 16 de mayo defiende la recomendación 51/2014 -del 21 de octubre de 2014- en la que determino´, “con base en los testimonios, dictámenes periciales y demás elementos de convicción que obran integrados en el expediente respectivo, la existencia de violaciones a los Derechos Humanos con motivo de los lamentables hechos ocurridos en la madrugada del día 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, mismas que en opinión de este Organismo Nacional se consideraron como graves en atención a sus características y circunstancias bajo las cuales se verificaron”.

 

La recomendación 51/2014 puede leerse completa.

 

Agrega que a razón de ello, la CNDH “ha solicitado formalmente a la PGR, atendiendo al hecho de que jurídicamente este caso aún no sería cosa juzgada, el que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación, en términos de su competencia y con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

 

 

¿Qué dice el art. 167?

 

“Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se dictara´ auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actué nuevamente en contra del inculpado; en estos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal del delito o delitos de que se trate”.

 

También en estos casos, el Ministerio Publico podrá promover prueba, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el segundo párrafo del articulo 4o, hasta reunir los requisitos necesarios, con base en los cuales, en su caso, solicitara´ nuevamente al juez dicte orden de aprehensión, en los términos del articulo 195, o de comparecencia, según corresponda.

 

¿Qué está pasado en nuestro sistema de procuración de justicia penal a posos días de la entrada en vigor del nuevo sistema?

 

Hay problemas de capacitación graves.

 

Es difícil culpar a los jueces de su trabajo cuando los fiscales no aportan pruebas contundentes. El magistrado que dictó la resolución no es un juez ejemplar como quisiéramos. Ricardo Alemán lo describió hace una semanas en su columna Itinerario Político, entonces en El Universal, pero esa es otra historia.

 

(Véase: ¡Sí hay lugar para juzgar corruptos! ).

 

Pero el magistrado hizo bien su trabajo hasta donde podemos leer el expediente hecho público.

 

En este caso observamos hoy que la Fiscalía no hizo bien su trabajo, y por ello la PGR, a pocas horas de la resolución judicial ha dicho que aportarán más pruebas para reaprehender a los inculpados.

 

No dice cuando.

 

Esperemos que no se tarden.

 

 

¿Quiénes son los fiscales del caso?

 

Sabemos que pertenecen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

 

Hay reportajes, comentarios, comunicados, comisiones especiales, medidas cautelares, recomendación del Congreso, de la CNDH y un largo etcétera. Y aunque no haya pruebas contundentes en el caso se debe seguir hasta saber bien a bien lo que ocurrió esa noche en el lugar...

 

Un vídeo sería elocuente, hasta hoy no sabemos si exista.

 

 

Recomiendo leer la línea del tiempo para saber qué es lo que ha ocurrido…

 

  • Durante las primeras horas del lunes 30 de junio de 2014 ocurrió un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado, con un saldo de un soldado herido y 22 civiles muertos. Por la tarde la Sedena emitió un comunicado afirmando que soldados “abatieron” a 22 secuestradores en un enfrentamiento. Se reportó entonces que los militares liberaron a tres mujeres secuestradas y aseguraron varias armas…

 

Ese mismo día el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales, informó que los hechos ocurrieron en las primeras horas de ese lunes en la comunidad de Arcón de Los Laureles, una pequeña población de 250 habitantes.

 

  • Días después, el 8 de julio de 2015, un reportaje deMark Stevenson de la agencia informativa estadounidense The Associated Press –firmado desde San Pedro del Limón, Tlatlaya– planteó serias dudas de los hechos lamentables. AP sugirió que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército.

 

  • Ante ello varias Organizaciones sociales, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una investigación imparcial y efectiva”. Aún con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo algunas excepciones.

 

  • El 5 de julio, la Procuraduría de Justicia del Estado de México emite un comunicado en el que afirma que sus investigaciones señalan que en el supuesto enfrentamiento no existieron disparos a corta distancia y que el intercambio de disparos fue proporcional entre ambos bandos.

 

 

Dice el comunicado de prensa:

 

i) Con motivo de los hechos referidos, la PGJEM inició la carpeta de investigación correspondiente, en la que se practicaron, entre otras diligencias, dictámenes periciales en materia de medicina legal, radizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas (Sic) rescatadas en el lugar de los hechos. De lo anterior se desprende:

 

a) Que no existieron disparos a corta distancia.

 

b) De conformidad con las pruebas de radizonato de sodio practicadas a los cadáveres, las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego.

 

c) De los elementos balísticos encontrados y la criminalística de campo, se desprende un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó proporcional, por encontrarse claros indicios de que éstos fueron realizados de adentro hacia afuera de la bodega y viceversa.

 

d) De acuerdo con el trayecto de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, la PGJEM no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución.

 

 

ii) Por lo anterior, la investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense.

 

 

iii) Cabe destacar que la PGJEM remitió la investigación a la Procuraduría General de la República, por conducto de la SEIDO, para que continúe las investigaciones en el ámbito de su competencia.

iv) El Ministerio Público del Estado de México mantiene un desglose para determinar sobre la devolución de tres cuerpos que aún no han sido identificados por sus familiares.

 

  • El 17 de septiembre e 2014 un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo Ferri Tórtola -  El reportaje se difundió simultáneamente en varios medios, llevó a que el Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de los hechos. La frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”. Esa declaración ocurrió justo a una horas de que el presidente de México arribara a de Nueva york a una gira de trabajo.

 

 

¿Qué publicó el reportero?

 

Consiguió la versión de una testigo presencial de los hechos donde le dice que fueron los soldados quienes dispararon primero, y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.

 

  • El 19 de septiembre se emitieron un par de comunicados institucionales; la Sedena dijo: “Esta dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas. La Secretaría de la Defensa Nacional, prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”.

 

Por su parte la PGR hizo lo propio, Boletín 164/14: “La seriedad con que ésta administración toma en cuenta, tanto la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”.

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que la PFR deberá investigar el caso.

 

  • El lunes 22 de septiembre el presidente Enrique Peña se vio obligado a emitir un breve posicionamiento. Le dijo por cierto, a la agencia AP en las afueras de la ONU que “la PGR está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”.

 

  • El 23 de septiembre, la CNDH informa que la PGR acusó de acopio de armas y delincuencia organizada a dos de las tres mujeres presuntamente secuestradas y liberadas por elementos del ejército. También señala que hubo dos personas más en el sitio que se dieron a la fuga. Afirma que sus investigaciones indican que se trató de un enfrentamiento.

 

  • 25 de septiembre. El secretario de la Defensa Nacional, afirma en un evento que el compromiso del ejército “es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestas las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente sus derechos fundamentales”.

 

  • El 26 de septiembre, ante la presión mediática se detuvieron a ocho  elementos del Ejército–un oficial y siete de tropa–  que participaron en el enfrentamiento; fueron conducidos al Juzgado 6° del Campo Militar Número 1-A en calidad de presentados; la pelota del caso se fue a dos canchas: La justicia militar y la civil.

 

La Justicia militar los acusó, de acuerdo al comunicado de la Sedena por “la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”. El comunicado dice que el personal castrense deberá responder ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”.

 

  • El 26 de septiembre. La Jornada publica fotografías y una nota de la agencia MVT donde se muestran algunos de los 22 cuerpos muertos en Tlatlaya. La información señala que por las posiciones “no naturales” de los cuerpos abatidos y de las armas encontradas, la falta de casquillos en el piso y otros análisis criminalísticos, podría tratarse de una ejecución.

 

  • El 29 de septiembre. La ONU exigió al gobierno mexicano una investigación a fondo e independiente sobre el caso. También pidió otorgar garantías de seguridad para los testigos de lo sucedido y para los periodistas que revelaron los hechos.

 

  • El 30 de septiembre, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, informó que tres militares que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya serán acusados del delito de homicidio. En conferencia de prensa, dijo que el enfrentamiento duró entre ocho y 10 minutos y que luego, una vez concluido, tres soldados ingresaron a la bodega y dispararon de nuevo.

 

  • El 1 de octubre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia la creación de un Grupo de Trabajo plural de diputadas y diputados que cooperen con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos. El grupo de legisladores se constituyó el 22 de octubre de 2014 para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos.

 

  • El 21 de octubre de 2014- la CNDH emitió recomendación 51/2014, en la que determino´, “con base en los testimonios, dictámenes periciales y demás elementos de convicción que obran integrados en el expediente respectivo, la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.

 

  • El 5 de noviembre de 2015, se instala el grupo de Seguimiento para implementación de medidas cautelares en el caso Tlatlaya. El Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral.

 

  • El martes 13 de enero, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el expediente de la PGR en el que se menciona a los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, así como al coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, a quienes no se les señala en la Recomendación 51/2014 emitida por la CNDH el 21 de octubre de 2014.

 

 

  • El 19 de marzo de 2015 se realizó en la Cámara de Diputados una audiencia pública con varias organizaciones de la sociedad civil interesadas en el desarrollo del caso. El grupo de trabajo se reunió con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia; participaron también un representante de la PGR y un comisionado de Atención a Víctimas.

 

  • El día jueves 16 de abril de 2015, la Comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados presidida por Heriberto Galindo (PRI), convocó a una reunión de trabajo con el objeto de dialogar sobre actos y omisiones atribuibles a funcionarios públicos de acuerdo a la recomendación 51/2014.

 

La reunión generó ruido mediático por los dichos del secretario de gobierno, José Manzur al afirmar que llegaron tarde al lugar de los hechos porque un general así se los lo pidió; los hechos ocurrieron a las primeras horas pero las autoridades del Estado de México arribaron al lugar hasta las doce horas de aquel día.

 

Precisiones. Más tarde, la Sedena emitió una nota informativa relacionada con "la versión publicada en algunos medios" en la que rechazó que el secretario de gobierno de dicha entidad, haya señalado que “mandos de la Sedena retrasaron el arribo de autoridades a Tlatalaya”. Empero, una nota 10597 de la Cámara de Diputados dice que sí.

 

  • Ese mismo jueves 16 de abril, el grupo de legisladoras y legisladores, emitió conclusiones finales -mediante un boletín 5471- subrayando que en este caso se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena que tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.

 

Al dar lectura al informe final de actividades, la coordinadora de este grupo, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), consideró necesario que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que las 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento.

 

  • El seis de octubre de 2015. Un juzgado de procesos penales con sede en Toluca, estado de México, ordenó la libertad de cuatro de los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya. El juzgado determinó que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para continuar con el proceso de cuatro de soldados, que aún permanecen detenidos en una prisión militar bajo cargos penales por delitos de la jurisdicción.

 

No obstante, el juzgado sí encontró culpables a los otros tres militares sobre quienes también pesan las acusaciones por el delito de homicidio y abuso de autoridad.

 

  • Viernes 13 de mayo de 2016. El titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Estado de México, determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, ocurrido el 30 de junio de 2014. En la localidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México.

 

  • ¿Qué sigue...?

 

@fredalvarez

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