Pemex es una de las instituciones públicas de México con la peor percepción ciudadana respecto a corrupción. En su historia hemos transitado de historias de líderes sindicales encarcelados a otros más recientes mandados a la sombra. Emprendedores chinos que entraron a las oficinas de la paraestatal con muchos dólares como “un presente por las fiestas” para los funcionarios. Proveedores multifuncionales que son capaces de vender el mantenimiento para un buque cuando su “corporativo” se ubica en un terreno baldío bajo un árbol. La compra-venta de diésel, otorgando un negocio al galán-novio de nacionalidad inglesa. Negocios que parecieran libreto de películas; a tal grado que un proveedor sancionado hace diez años tuvo el descaro de llamarse Eurocoyma. En Pemex en materia de corrupción todo es posible, y si no es posible se innova.
Hoy los ojos se han dirigido por quien dicta la agenda pública en México en el canto de Emilio. Ha sido traído a México a declarar; sin que lo veamos, ni lo oigamos; como celebridad oculta de los “paparazzi”, para darle mayor espectáculo a su canto delator.
Sin duda Odebrecht es el mayor caso de corrupción pública, no sólo por los participantes mencionados en América, 10 países y 17 personajes que fueron presidentes. Esta semana, el canto de Emilio posiciona a Enrique en la lista.
La acusación es recibir dinero a cambio de preferencias en la asignación de contratos, la novedad del canto de Emilio es efectivo a cambio de votos legislativos.
El presunto delito es cohecho. El delito de cohecho prescribe a los 3 años, es decir, todo aquello que se cometió antes de 2017, la acción penal no es viable. Se dejó prescribir, los asuntos de Palacio marcharon despacio en favor de los amigos.
El artículo 222 del Código Penal señala que: “se comete el delito de cohecho el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
La investigación inició a partir de las publicaciones, tanto de medios de comunicación, como de autoridades de otros países, de los hechos para favorecer a la empresa brasileña, no por la investigación de la autoridad en México. Investigación que se alargó. Al momento. Emilio está sujeto a proceso penal por este caso y por la compra de una planta chatarra.
El dictador de la agenda pública, dictador por que la dicta, no por que califique su estilo soberano; ha señalado la “importancia de saber la verdad”; incluso ha promovido “un trato mejor” para el cantante en solitario, “si coopera”.
La cooperación de los testigos, mal llamados protegidos, “whistleblower” del inglés, es una buena práctica para el control de la corrupción. En traducción literal “soplón” tiene en nuestro país una connotación negativa. No es bien valorado socialmente que una persona “sople”, “dé el pitazo”, “cante”, cuando alguien hace algo indebido. El alumno que en la escuela denuncia a su compañero por engañar al profesor en un examen, es un traidor.
Durante años, se ha intentado sin mucho éxito, promover en México los “whistleblower”. Quienes hace años votaron en contra de una reforma a la Ley de Responsabilidades, ahora, de manera afortunada y acertada, promueven una política pública acertada “alertadores contra la corrupción”.
Es positivo que se otorguen incentivos para la denuncia, para que “el soplón no sea repudiado”, para “propiciar el canto efectivo”. Por supuesto que es deseable que Emilio cante, que cante bien y completo, todo su repertorio, no solo las populares que pide el público o le dictan muy temprano. Como señalaron por la mañana: “sabe mucho”.
Pero, ¿para qué debe cantar? Para dos efectos, el primero y más importante, la aplicación de la ley, desvincular la impunidad de la corrupción. El mensaje claro: el que la hace la paga. El segundo efecto: la sanción social: exhibir y repudiar socialmente al que actúe mal. Dejar de ver al que transa como el que avanza.
El problema es que se está dictando la sanción social, dejando de lado el estado de derecho. Repudiado pero impune. Exhibido, pero se quedó en casa. Señalados pero prescritos.
En ninguna democracia debe prevalecer el repudio, sobre la aplicación de la Ley. Celebro que se haga público, pero se debe privilegiar el combate a la impunidad. Emilio sabe muchas canciones, no solo dos.
Pareciera que interesa más que el canto de Emilio se oriente en atender el humor social, que en ejercer el servicio público. La política de control de la corrupción no puede ser pan y circo, cual coliseo romano, observando con el júbilo de los espectadores al dictador determinar la orientación del pulgar.
Corolario. La corrupción en Pemex no solo es Odebrecht o Agronitrogenados. Emilio sabe muchas canciones, no solo dos. Se ha mencionado que el empresario señalado ofrece regresar lo que se benefició y santa paz. Si la agenda de control de la corrupción se dicta sobre la especulación del canto, la confesión y perdón de los pecados, la no acción de la justicia penal, el devolver al pueblo bueno lo robado; seremos la vergüenza del mundo. Reducir la promesa de “acabar con la corrupción” a pan y circo, es deleitar al público ávido de espectáculo. Es promover la corrupción, siempre y cuando no me vean; es fortalecer “lo oscurito”, “el estar bien con el de arriba”.
Ironía. La publicidad de la corrupción política inició en México con un video del operador del líder de oposición recibiendo dinero en efectivo. Los papeles se invierten, con la especulación de un nuevo video. Los acusadores son acusados; los acusados son acusadores.
*Ernesto González Cancino
Es director general de Controllia, despacho especializado en Control Interno, Ética y Cumplimiento y Control del Fraude y Corrupción. Certificador Internacional de Sistemas de Gestión Antisoborno.
Implementa en sectores público y privado sistemas y mecanismos de control del fraude, la corrupción y el soborno.
Servidor público por más de 15 años. Fue Coordinador de Asesores de la Secretaría de la Función Pública, responsable de diseñar y coordinar la estrategia de combate a la corrupción del Gobierno Federal, que resultó en más de 4 mil personas denunciadas por probables hechos de corrupción, la mayor cifra en la historia de México.
Coordinó proyectos de política pública que le dieron a México tres premios internacionales de buen gobierno por parte de la ONU; así como reformas legislativas en materia de control de corrupción en contrataciones públicas calificadas por la OCDE como “ley modelo”.
Es el único Oficial Mayor en la historia reciente de la Secretaría de Gobernación que ha obtenido una cuenta pública “sin observaciones” por parte de la Auditoría Superior de la Federación.