Opinión

El camino al infierno

Las buenas intenciones no son siempre las deseables. Hace falta ciudadanos más críticos y comprometidos con su país. | Adolfo Gómez Vives

  • 18/01/2021
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Al ciudadano de a pie no le interesa demasiado cómo funciona el Estado, cómo se organiza; cuáles son las atribuciones de cada poder y qué leyes delimitan su actuar. Desconoce las diferencias entre órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos y menos podría explicar la relevancia de la división de poderes.

No sabe de dónde obtiene el gobierno los recursos económicos para su operación; qué es un impuesto, un derecho o un aprovechamiento; ignora cómo se planea y ejerce el gasto; quién vigila su desempeño y cómo se sanciona a los servidores públicos que cometen ilícitos o que delinquen.

Forma su criterio de acuerdo con su experiencia empírica y con las informaciones —veraces o no— provenientes de los medios de difusión masiva o de youtuberos dedicados a la propaganda del régimen. El ciudadano promedio desconoce sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

Por tanto, las políticas públicas consistentes en recibir dinero a través de programas sociales no le parecen acciones sospechosas; inclusive piensa que se lo merece. No cuestiona la razón por la cual el gobierno le entrega ese recurso en lugar de invertirlo en infraestructura hospitalaria o educativa, como correspondería a un gobierno de izquierda. Le suena lógico el manido discurso del “combate a la corrupción”.

En ello se parece un poco a la madre del ladrón, que voltea para otro lado cuando éste lleva el sustento a casa. Ve en la dádiva del gobierno una acción legítima, magnánima, de justicia social. Probablemente ignora que algunos de esos recursos fueron desviados del presupuesto destinado a la salud, a la educación o a la cultura. Tampoco cuestiona que sea el Ejército quien construya bancos, un aeropuerto que en la teoría debería ser civil; distribuya vacunas, construya un segmento del tren que dañará irremediablemente al ecosistema y encima se ocupe de la seguridad pública.

No se preocupa si en el camino una parte de ese dinero que recibe pudo haber sido desviado con fines electorales o de corrupción personal. Confía en la palabra del gobernante, quien ha dicho que esos recursos le llegan directamente “para evitar la corrupción”.

Aunque otros gobiernos le han engañado mil veces, el ciudadano de a pie confía en la buena fe de sus gobernantes, porque funda su apreciación en la esperanza y no en el esfuerzo que supondría el comprender cómo funciona el Estado y por qué es fundamental exigir transparencia y rendición de cuentas.

Este prototipo de ciudadano le es útil al gobierno —a cualquier gobierno—, porque no cuestiona, no es crítico, carece de herramientas para analizar la lógica del poder, la legalidad de su modus operandi; se limita a aplaudir al paso del gobernante cuando éste se digna visitar su comunidad y lanzar trilladas arengas con las mismas ideas-fuerza de siempre: “primero los pobres”; “no somos iguales”.

Este prototipo de gobernado es, al final del día, quien decide los resultados de las elecciones. Siente que forma parte del “pueblo sabio”. Está lejos de entender que siempre ha sido utilizado; con la diferencia de que en la actualidad se le premia con dádivas en efectivo. Está lejos de comprender que no actúa de mala fe, por el contrario, pero que su cómoda postura acrítica y permisiva frente a sus gobernantes, conduce a la nación a su deterioro irremediable.

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