Como cada inicio de año, renovamos nuestros propósitos, nos contagiamos de una actitud positiva y compartimos nuestros deseos de salud y prosperidad a familiares y amigos. Pero en esta ocasión, además se han generado expectativas en un amplio sector de la población en el sentido de que, con el nuevo gobierno, obtendremos mejores resultados en materia de seguridad y combate a la corrupción, así como en la economía de las personas -con lo que seguramente no coinciden los miles de burócratas que, sin pertenecer a las altas esferas de la administración pública, en estos días fueron notificados de la pérdida de sus empleos-.
Tras setenta años en que fuimos gobernados por un mismo partido, hoy estamos viviendo el comienzo de la tercera alternancia política en México. Cada una de las anteriores ha tenido sus propios retos y particularidades, pero es un hecho que no han cumplido con lo que esperaba la sociedad. Con el histórico triunfo de Vicente Fox en el año 2000, se pensó que bastaba con derrotar al PRI para que se solucionaran los problemas del país y, aunque sin duda hubo avances importantes por ejemplo en materia de transparencia, libertad de prensa y disminuyó la corrupción en el gobierno federal, lo cierto es que la mayoría de las viejas reglas del sistema político permanecieron vigentes, los poderes fácticos se mantuvieron intocados y los gobiernos se fueron convirtiendo en señores feudales.
En 2012, Peña Nieto se posicionó como el representante de una nueva generación de políticos que, a partir de su supuesta preparación académica y la experiencia acumulada por su partido, prometía resolver la crisis de violencia y seguridad en que se había sumido el país e insertarlo en una ruta de crecimiento económico con el impulso de las denominadas reformas estructurales. Los resultados son de todos conocidos, y tampoco las alternancias a nivel estatal han mostrado cambios sustantivos en beneficio de la población.
Cuarta transformación
Sin embargo, parece que de nueva cuenta la apuesta y esperanza de muchos es que será una persona, López Obrador, quien a partir de sus virtudes personales logrará que nuestro país salga adelante. Sin duda las características de quien esté al frente del gobierno son muy importantes, pero no suficientes para permear en toda la administración pública, modificar conductas, vencer resistencias, corregir desviaciones y tampoco garantiza que se tomarán las decisiones correctas. Se requiere también de un diagnóstico preciso, de planeación, asesoría técnica, personal calificado, indicadores confiables y de controles institucionales entre muchos otros elementos, pero la historia nos dice que fundamentalmente los grandes cambios se gestan desde la sociedad y requieren de nuestra participación activa.
Es así que no podemos seguir delegando la responsabilidad de la función pública únicamente en los políticos y, tampoco debemos pensar en la sociedad como un ente abstracto o remitirnos sólo a las organizaciones, pues la conformamos todos y es indispensable que como ciudadanos asumamos la parte que nos corresponde.
En este sentido, me parece que una premisa para ejercer adecuadamente nuestra ciudadanía consiste en apoyar al gobierno y apostar porque tenga éxito, al mismo tiempo que debemos evaluar su desempeño, exigir cuentas, emitir una crítica razonada y -ante una oposición disminuida- fungir como necesario contrapeso.
De igual forma, se deben replantear los códigos de comunicación entre la sociedad misma. Es indispensable que reconozcamos que los demás tienen derecho a pensar distinto, que eso no nos convierte en enemigos y que también pueden tener razón. A procesar nuestra diferencias con base en el respeto y la tolerancia, a debatir con argumentos y a preferir siempre el diálogo al ataque y la descalificación. También es condición sine qua non que aprendamos a respetar las reglas y generemos mucho mayor conciencia social, empatía y solidaridad con los demás. No podemos aspirar a tener un mejor gobierno si antes no evolucionamos como sociedad, y eso depende de cada uno de nosotros.