Como respuesta a las revelaciones sobre los estrechísimos vínculos del presidente municipal de Iguala con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, se han empezado a realizar reuniones entre dirigentes partidistas para plantear algunas propuestas con el propósito de blindar a los candidatos del crimen organizado.
Desde luego la presencia de la delincuencia en diversos ámbitos de la vida pública como los procesos electorales no es un tema que se deba pasar por alto, pero las expectativas de que lo asuman con la seriedad requerida e instrumenten acciones de fondo no son muy altas.
Dado el nivel de confianza en la clase dirigente -que está por los suelos-, suena más a una mera reacción o salida discursiva ante hechos que una vez más exhiben de manera brutal a partidos y gobiernos, que a una auténtica preocupación por el alarmante nivel de descomposición que ha alcanzado la política en nuestro país.
Cuesta trabajo creer que en éste, y muchos otros casos como el de Tomás Yarrington en Tamaulipas o Julio César Godoy y Fausto Vallejo en Michoacán por poner tan sólo algunos ejemplos, no tenían conocimiento de sus actividades y relaciones.
Es imposible que no se den cuenta de las inmensas cantidades de dinero que fluyen en las campañas, o de las súbitas fortunas que se forman al amparo del “servicio público” sin conocer, o cuando menos sospechar cual puede ser su origen. ¿Cómo explicar que un candidato esté dispuesto a “invertir” en su campaña mucho más de lo que va a percibir durante toda su gestión en caso de obtener el puesto?
Cosa muy distinta es que prefieran no saber ni preguntar, pues al final lo único que importa es ganar al precio que sea y conservar los espacios de poder, aunque ello implique necesariamente contraer compromisos muy lejanos al interés general y que posteriormente les puedan generar costos enormes.
Es cierto que el riesgo de que miembros del crimen organizado se infiltren en los partidos y sean postulados como candidatos está latente y por tanto, como bien lo ha señalado el presidente del PAN, Ricardo Anaya, es urgente que se encuentre la mejor manera de evitarlo.
Pero me temo que mientras no se impongan límites, los cargos públicos sigan siendo lucrativos negocios y la ética de la responsabilidad siga ausente, de poco va a servir cualquier esfuerzo que se haga, incluyendo al Sistema Nacional de Anticorrupción, pues siempre podrán ingeniárselas para darle la vuelta y evadir los controles institucionales. Tal parece que hoy día a la que hay que blindar es a la ciudadanía y no sólo de la delincuencia, sino también de muchos de quienes malamente se ostentan como políticos.