El presidente de México, ni de ningún país, puede ser responsable de conocer todo lo que ocurre en su país, pero sí es responsable de los funcionarios que lo rodean, de la información que recibe de ellos y de las decisiones que toma con base en la información y datos que le son proporcionados.
La situación del país es grave y preocupante. Lo es no solamente desde el punto de la procuración de justicia que, en estos tiempos, parece una frase hueca y sin ningún sentido, sino desde diversos ángulos. La actuación del gabinete del presidente encargado del tema de seguridad ha sido deplorable. Dichos funcionarios no sólo no cuentan con información veraz y completa sobre lo que pasa en el país sino que, además, mienten. Le mienten a los padres de familia de los desaparecidos en Ayotzinapa, le mienten a los familiares de las decenas de cuerpos encontrados en diversas fosas clandestinas, le mienten al presidente de la República y le mienten a todos los mexicanos.
Las evidentes contradicciones, la falta de respuesta a los cuestionamientos de la prensa y el rumbo errático de las investigaciones son muestra clara de ello. El jueves pasado, sin ir más lejos, el procurador de la República no sólo protagonizó un evento vergonzoso sino inadmisible para cualquier funcionario público. La frase que fue tendencia mundial, #YaMeCansé dibuja con claridad el Estado mexicano al día de hoy: Un país con autoridades que no cumplen con sus funciones, que no asumen responsabilidades y que siempre creyeron que los problemas debían controlarse sólo mediáticamente dando tiempo a que una nueva noticia hiciera desaparecer el problema "coyuntural".
Un procurador de justicia cansado, que se contradice, que es incapaz de responder con claridad a las preguntas que se le hacen no sólo denota una falta de capacidad en el manejo de los medios de comunicación, sino que evidencia a un funcionario rebasado, desinformado y con poca claridad respecto a la dirección que deben seguir las investigaciones y diligencias realizadas. La conferencia de prensa fue desastrosa. Las consecuencias de ello fueron inmediatas.
El presidente de la República obligado a salir en medios de comunicación y redes sociales para tratar de contener, responder y fijar una postura debido a que el procurador no pudo. Lejos de ayudar a dar tranquilidad a los familiares de los desaparecidos y a los mexicanos, el que parece que sería el próximo Fiscal General del país, dejó al país sumido en un clima de preocupación, de intranquilidad y con la convicción de que las autoridades a cargo de las investigaciones no tienen la menor idea de lo que hacen.
Los principales periódicos en el mundo titularon la nota afirmando que los 43 desaparecidos habían sido calcinados. Las manifestaciones de la ciudadanía desde el viernes pasado hasta el día de hoy, cada vez más violentas, no pueden aplaudirse ni alentarse pero sí enmarcarse en un contexto de intranquilidad e inseguridad del que estamos contagiados todos los mexicanos. La inseguridad que se vive en México es responsabilidad del Estado.
La fila de decisiones erróneas tomadas por el Ejecutivo y su gabinete es larga. La revocación del fallo para la construcción del tren México-Querétaro con una empresa china, unos cuantos días antes de que el presidente de México viajara a ese país, es otro de esos errores. Si el procedimiento de licitación estuvo mal hecho, los errores y deficiencias tuvieron que haber sido detectadas en instancias previas a la adjudicación y no después de que se anunciará a la empresa ganadora. El Estado mexicano además tendrá que asumir los costos económicos por esta determinación. Un funcionario de primer nivel en el gobierno federal que defiende ante el Congreso un fallo como éste para después recibir la instrucción de echarlo para atrás es, por decir lo menos, lamentable.
¿Qué otros de los grandes proyectos anunciados por este gobierno están manchados por la corrupción y el tráfico de influencias? ¿El del nuevo aeropuerto será uno de éstos?
La frivolidad en la forma en la que se toman decisiones en este país ha sido evidenciada en los últimos diez días. El inaplazable viaje a China; la cancelación del fallo del tren anunciado con bombo y platillo unos cuantos días antes; la lamentable conferencia de prensa del procurador; la casa de la familia presidencial vinculada con el mismo grupo de empresas de la familia a la que se otorgaron la mayor parte de los contratos de obra pública en el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y que también está asociada con la empresa china a la que se beneficiaba con la construcción del mencionado tren y, hasta los integrantes de la comitiva de la pareja presidencial en su viaje a Asia que se dan el lujo de subir fotografías en las redes sociales, haciendo evidente algo que es claro para los mexicanos: el gobierno -el federal y los locales- y sus políticos viven en un mundo superficial, diferente y en total desconocimiento de lo que ocurre en el país. No solamente ha sido criticada la actuación del Estado mexicano dentro del país sino que ha sido duramente cuestionado que el presidente abandone México dejando el país en llamas.
¿Quién asumirá la responsabilidad de las equivocadas decisiones que se han tomado reiteradamente en este gobierno y, especialmente en Guerrero, desde antes de la desaparición de los 43 normalistas? El procurador señaló en la conferencia de prensa que Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, no se encuentra detenido por el caso de Ayotzinapa, se encuentra detenido por un homicidio sucedido años antes de este caso y antes aún de que dicho personaje ganara las elecciones como presidente municipal.
¿Cómo es posible que un personaje con esos antecedentes haya sido postulado por un partido político y haya resultado electo para un cargo de elección popular? ¿Volvimos a lo peor de nuestro régimen hegemónico de antaño o es que ahora los ciudadanos hemos aprendido a cuestionar, exigir y hacernos presentes y solidarios en las decisiones y los sucesos que nos competen a todos?
Nadie espera tener un presidente que lo sepa todo y que tenga absoluta claridad de cómo actuar, pero sí que cuente con un equipo leal, informado, con sentido común, interesado en el bienestar real -no mediático- de México y un presidente capaz de tomar decisiones respaldado por la actuación de los funcionarios públicos de primer nivel en este país. Lo que más se echa en falta en México es una clase política responsable, decidida a actuar. Un gobierno que dé respuestas y que no sólo no oculte las cosas sino que se encargue de que no sucedan.
La violación a los derechos humanos en nuestro país está a la orden del día. Los ciudadanos no contamos con autoridades y funcionarios, sin importar su origen político, que defiendan nuestros derechos, que actúen con apego a la ley y que garanticen la seguridad de los mexicanos. El entorno de crisis y violación de derechos humanos en el que está sumido el país, quizá el peor de que se tenga memoria, no se produce en cuestión de meses o semanas es, sin duda, producto de una larga descomposición y de un contexto sistemático de violación de derechos humanos. La protección y potenciación de los derechos humanos en nuestro país debe ser la prioridad y la premisa que rija la actuación de las autoridades en México. Es ésta la principal responsabilidad del Estado.