Cuando desapareció las estancias infantiles, dijo que tenía un millón y medio de pruebas de la corrupción de esos centros. Pero cuando se solicitó dicha información probatoria, vía derecho de acceso a la información, presidencia de la República declaró su inexistencia.
Dijo que el robo de combustible a Pemex se había reducido 94 por ciento, pero al solicitar los informes que soportan los dichos del presidente, la paraestatal se limitó a informar sobre el número de denuncias presentadas por ellos ante el Ministerio Público. Frente a la inconformidad promovida ante el Instituto Nacional de Transparencia, Petróleos Mexicanos arguyó la inexistencia de la información.
En un primer momento, la estrategia de engaño permanente ha sido exitosa. Un segmento importante de la opinión pública aún confía en la buena fe del mandatario y supone que sus dichos son verídicos y verificables.
Vendría la estrategia de ataque a los órganos que gozan de autonomía constitucional, a los que calificó como “burocracia dorada”. Lentamente ha venido menguándolos, sin el necesario análisis de sus fortalezas y debilidades. En el fondo se trata de sumar más poder para sí y evitar los contrapesos, requisito indispensable en una democracia sana.
Algunos órganos descentralizados de la Administración Pública Federal, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) han sido vapuleados y se les amenaza con desaparecerlos.
Al poder judicial se le atacó con el pretexto del “excesivo” salario de magistrados y ministros. Un caso particularmente grave fue el congelamiento-descongelamiento de las cuentas del ex ministro Eduardo Medina Mora, como mecanismo de chantaje, a efecto de que dejara su asiento en la Suprema Corte. Si hubo actos de corrupción que ameritaran juicio, no se presentó denuncia.
Sin atribuciones legales para “congelar” cuentas supuestamente vinculadas con la comisión de delitos, la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Santiago Nieto Castillo, se ha convertido en el ariete favorito para la presión y el chantaje, pues ejerce atribuciones que le corresponden al Ministerio Público Federal.
Lo que viene ahora es el ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral. La declaración del presidente, en el sentido de que se va a convertir en “guardián de las elecciones” exhibe un despropósito que, de llevarse al cabo, violentaría gravemente a la propia Constitución y nos llevaría de regreso a la etapa histórica en que las elecciones se definían desde la Secretaría de Gobernación.
La tentación de ejercer el poder absoluto es enorme y el proyecto lópezobradorista tiene como primera meta el retener para Morena y/o sus aliados, la mayoría en la Cámara de Diputados. El segundo objetivo es retener para sí la presidencia de la República más allá del 2024. Las instituciones del Estado se encuentran debilitadas para acometer su responsabilidad de vigilancia de los límites constitucionales en que debe actuar el Ejecutivo. El gran reto está en la organización y compromiso de los ciudadanos. La democracia y el futuro del país están en juego.