El llamado “apagón analógico” constituye la transición de las transmisiones de televisión abierta que hasta ahora se ha efectuado con tecnología analógica, a una tecnología digital. Para ello, durante un largo periodo el país se ha estado preparando mediante una diversidad de acciones a cargo de distintos actores: las autoridades, los concesionarios privados y públicos, así como los mismos usuarios.
Para llevar a cabo el apagón, desde hace varios años se otorgó a los operadores nuevas frecuencias en distintas bandas del espectro a las que habían venido utilizando, a fin de que pudieran hacer las inversiones necesarias para iniciar transmisiones digitales en estas nuevas frecuencias. Dicho esfuerzo lleva un avance considerable, de forma que, al día de hoy, las señales digitales ya cubren al 86% de la población del país.
El objetivo detrás de haber ubicado las transmisiones digitales en una banda distinta del espectro radioeléctrico, es que al apagar las emisiones analógicas se pueda liberar frecuencias muy valiosas para la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles, con las cuales es posible incrementar la cobertura y capacidad de estos servicio, en particular el de acceso a internet.
El apagón no debe verse como un elemento individual y aislado de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Al contrario, la transición a la televisión digital terrestre es un eslabón estrechamente relacionado con otros componentes del entramado constitucional, que en conjunto dan sentido y dirección a los esfuerzos emprendidos para transformar al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La televisión digital permite hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Por un lado, porque da cabida a la multiprogramación, mediante la cual en un mismo canal dedicado a la radiodifusión se puede transmitir varios canales de programación, lo cual es imposible en la televisión analógica. Es decir, con la cantidad de frecuencias requeridas para llevar un canal de programación analógico, ahora es posible llevar dos, tres o más canales de programación digitales dependiendo de la calidad elegida, lo cual permite multiplicar la oferta de canales para la población.
Además, esta tecnología genera una mejor experiencia para el usuario por la nitidez de la imagen y el audio, así como la incorporación de guías de programación, opciones de idioma y subtítulos, lo cual beneficia especialmente a personas con necesidades específicas de accesibilidad.
De esta forma, la transición a la televisión digital es una herramienta muy poderosa para impulsar la competencia y la pluralidad en la televisión abierta, en beneficio de los consumidores y las audiencias.
Por otro lado, como ya se mencionó, la liberación de las frecuencias antes utilizadas para la televisión analógica, ahora pueden ser usadas para llevar servicios de telecomunicaciones a la población y con ello disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia en el acceso de distintos grupos de la población a los beneficios que ofrecen las comunicaciones digitales: servicios de educación, salud, oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas, nuevas fuentes de información y medios para ejercer la libertad de expresión.
De hecho, parte del espectro liberado en esta transición será utilizado por la red compartida mayorista, este proyecto insignia de la reforma constitucional, precisamente con objeto de generar una oferta adicional de servicios móviles de alta capacidad, que pueda ser utilizada por comercializadoras y operadores de telecomunicaciones, incrementando la cobertura y la calidad de los servicios para los usuarios.
Ahora bien, la transición a la televisión digital requiere el concurso de muchos esfuerzos, entre ellos el del equipamiento de la población. En México, se decidió que el Estado apoyaría a la población más vulnerable para dotarla con receptores, a fin de facilitar el proceso, lo cual se ha hecho atendiendo a un padrón conformado por los beneficiarios de distintos programas sociales que lleva Sedesol, y que cubre aproximadamente al 30% de los hogares del país.
No obstante, queda una porción de la población que tendrá que equiparse por sus propios medios. Si partimos de que la televisión restringida cubre actualmente al 54% de los hogares (estos usuarios seguirán recibiendo las transmisiones en cualquier tipo de televisor con el que cuenten) y suponiendo que no existe traslape entre este grupo y el padrón de Sedesol, tenemos un 15% en ese caso.
La experiencia internacional nos dice que la adquisición de televisores se incrementa fuertemente una vez que se ha hecho el apagón y no antes, a pesar de los esfuerzos de comunicación sobre el proceso. El equipamiento de televisores a iniciativa de la población no crece de una manera importante antes de llegar a la fecha prevista, puesto que generalmente se requiere el incentivo mayor consistente en ya no contar con las transmisiones analógicas.
Ningún país ha transitado después de alcanzar el 100% de la cobertura en receptores y muchos lo han hecho sin que el gobierno haya apoyado a la población para obtenerlos. En este sentido, México tiene la ventaja de que se haya dedicado una gran cantidad de recursos para equipar a la población más necesitada.
Ahora bien, por supuesto que nos debe preocupar esa proporción de la población que se queda sin servicio en el momento de la transición por no contar con un televisor digital. Por ello es importante asegurar el abasto de televisores y decodificadores para la población e impulsar que existan condiciones que faciliten su adquisición.
Nuevamente, la experiencia de otros países y la de los apagones parciales realizados en el nuestro nos han mostrado que al momento de concluir las transmisiones analógicas o unos días después, la proporción de hogares que no estaban preparados para hacer la transición, se ha mantenido en niveles relativamente pequeños. Pero más aún, en las semanas posteriores esa proporción disminuye rápidamente. En Monterrey, por ejemplo, el 90% de la población estaba equipada con receptores analógicos a sólo unos días de haber efectuado el apagón.
Pero más aún, debemos recordar que la misma población que puede verse afectada transitoriamente por el apagón, es la que resultará beneficiada por el crecimiento de los servicios móviles en el mediano y largo plazos. Así como es importante no retrasar la inclusión de esta población en la economía digital, tampoco debemos quedar rezagados como país, respecto de otros que han transitado antes que nosotros. La posibilidad de incluir a toda la población en los beneficios de la economía digital, es una oportunidad excepcional que tiene esta generación para disminuir la desigualdad y lograr una sociedad más equitativa. Es nuestra responsabilidad aprovecharla.
*Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.