El 2014 pasará a la historia como el año de la corrupción. De Granier Melo a Fausto Vallejo, de Iguala a Los Pinos y de Angélica Rivera a Luis Videgaray. Unos casos vergonzosos, otros llenos de dolor y de tragedia. Todos, impunes aún.
Gran parte del país hoy es gobernado por quienes se sospecha tienen vínculos con el crimen organizado. Funcionarios de todos los niveles burlando –públicamente– la ley, enriqueciéndose a expensas del erario. Quienes nos deberían proteger, infiltrados o entregados también a la delincuencia. Sin duda, el reto nacional más importante es la instauración del imperio de la ley.
Para el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index) del World Justice Project, México se encuentra en el puesto 79 de 99 países. En el rubro de orden y seguridad, nuestro país cae al lugar 96 de 99 y en el de justicia penal al 97 de 99. Es decir, según esta medición (única en su tipo) estamos entre los tres países con menores índices de seguridad y de justicia.
Del país que necesitaba reformas estructurales, pasamos al país que necesita derecho. No un cambio aquí o allá, sino simple y llanamente la construcción de un sistema jurídico y gubernamental funcional, que hoy en gran medida nos falta.
¿Cómo podemos reconstruir (o de plano, construir) ese sistema que nos hace falta? Definitivamente repensar nuestro derecho es uno de los primeros pasos. Hay que reflexionar sobre su enseñanza, excesivamente rígida y anticuada, desmedidamente centrada en el ámbito federal y abrumadoramente insuficiente frente al gran cúmulo de especialidades y nuevas esferas que toca la ley.
La colegiación de abogados es otro de los grandes temas pendientes. El otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional del derecho incluso puede descentralizarse a los estados. Esto daría, por ejemplo, la oportunidad de tener códigos de ética e instancias que puedan hacerlos cumplir de manera eficiente.
También debemos de analizar a profundidad el formalismo de nuestro sistema jurídico, que es completamente disfuncional. Ese funcionamiento está alimentado, entre otras, por nuestra concepción del principio de legalidad, que es una concepción meramente formal y que es el gran caldo de cultivo de la simulación documental. Para dejar de ser el país de la apariencia se requiere también detener la simulación legislativa, que es la proliferación de leyes y ordenamientos sin ningún análisis sobre su implementación.
Independientemente de esos ejercicios a mediano y largo plazo, no se puede concebir sin una limpia en el corto plazo. Si nuestro Estado falla en depurarse auténticamente de quienes gobiernan en colusión con el crimen organizado, no hay ningún futuro promisorio para México. Paradójicamente, para hacer esa purga, requerimos de un sistema jurídico vigoroso.
La única salida es avanzar en ambas vías. La creación de un sistema nacional anticorrupción ofrece una posibilidad, siempre y cuando no sea un mecanismo más para hacer pesquisas documentales, revisiones de gabinete a grandes expedientes donde se sanciona únicamente a quienes tuvieron el infortunio de plasmar una firma donde no debían, pero jamás a los que se enriquecen injustificadamente a la vista de toda la sociedad.
Las grandes crisis, como la que vive México, abren espacios de oportunidad. Si se desperdicia este momento histórico, la putrefacción política y social que vivimos seguirá avanzando. ¿Cuánto más podemos realmente esperar?