A lo largo de esta semana, diversos analistas, como Raymundo Rivapalacio, Salvador Camarena, Carlos Puig o Gil Gamés, han destacado la fascinación cuasi voyeurista de las autoridades federales con el agujero por donde escapó El Chapo Guzmán. No es para menos. El pasmo de las autoridades, la contemplación hipnótica de ese agujero mágico y misterioso, no puede explicarse sino como el autodescubrimiento del hoyo negro por el cual se escapa definitivamente la credibilidad de un proyecto sexenal.
Dice mucho que las primeras palabras del presidente y el secretario de Gobernación ante la fuga, enfatizaran que había ocurrido un "hecho muy lamentable”, recurriendo al mismo fraseo y palabras que se utiliza para dirigirse a la sociedad luego de algún desastre natural. Porque de la conferencia de prensa ofrecida por el secretario de Gobernación el lunes por la tarde, se desprende que el gobierno entiende como un lamentable accidente, el golpe traicionero de la fortuna, lo que en todo México se ha calificado como un hecho “imperdonable”, lo que incluso un columnista de The Guardian ha llegado a definir como “la fuga del milenio”.
Por qué, por qué, por qué claman con la mirada al cielo, más bien al agujero en el suelo. Por qué cuando, insisten, se habían tomado tomas las medidas y se hacía todo correctamente: Estaba encerrado en el máximo referente simbólico de la seguridad pública del país, vigilado por sistemas de seguridad high-tech, los protocolos estaban certificados internacionalmente, se hacían video-grabaciones de todas sus actividades cotidianas (salvo dos puntos ciegos), el preso portaba un brazalete preventivo, cualquier visitante al penal debía pasar por una cantidad infinita de filtros…
Y aun así, ante sus mismas narices, y con registro en video para la posteridad, El Chapo Guzmán, el prisionero cuya fuga sería imperdonable, cambió sus zapatos, caminó hacia la regadera y desapareció por un agujero de 50x50 cm.
Para el Gobierno Federal ha resultado casi imposible articular una explicación coherente ante la opinión pública. La información no ha faltado: Monte Alejandro Rubido anunció el domingo mismo que la joya de la estrategia de seguridad presidencial se les fue de entre las manos; desde París el presidente destacó la afrenta al Estado y distribuyó responsabilidades a sus colaboradores; el lunes el Secretario de Gobernación y la procuradora presentaron la primera explicación oficial ante medios de comunicación; el martes se difundieron los videos de la fuga; para el jueves comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional (al momento de entregar este artículo la comparecencia no había tenido lugar).
Y las preguntas siguen siendo las mismas que el domingo por la mañana: ¿Cómo es posible que alguien realice un túnel de esa complejidad y en tan corto tiempo en el perímetro de un penal de máxima seguridad? ¿Por qué los servicios de inteligencia no previeron intentos por rescatar a El Chapo? ¿En qué momento se dieron cuenta de la fuga y emitieron la alerta? ¿De qué forma pudo comunicarse con el exterior, y coordinar una fuga, alguien encerrado por más de un año en un penal de alta seguridad? ¿Se limita la responsabilidad a los custodios y responsables del penal del Altiplano o alcanza necesariamente a los miembros del gabinete de seguridad?
Pero avalanchas de información y videos, más imágenes de funcionarios inspeccionando el agujero, no significa necesariamente mejores explicaciones. La conferencia de prensa del secretario de Gobernación y la procuradora, el intento por articular una justificación pública a lo imperdonable, ha sido un desastre sin paliativos. Ante una crisis de tal magnitud, lo que se espera de una conferencia de prensa es tanto un acto informativo con fines de transparencia, como un ejercicio de rendición de cuentas y un mecanismo para el control de daños y la proyección estratégica de cursos de acción.
Por el contrario, lo que atestiguamos el lunes es un esfuerzo enfocado a la auto-justificación, no la responsabilidad de ofrecer una explicación coherente a los mexicanos. Escuchamos una enumeración exhaustiva sobre las medidas de seguridad y los protocolos, que parecía por momento más orientada a magnificar la dimensión de la fuga; se abrió un conflicto tan innecesario como torpe con organismos de derechos humanos; se intentó desviar las culpas hacia lo que hizo o dejó de hacer la administración Calderón; se convirtió el lugar de la fuga en un parque temático; se señaló la responsabilidad y se acusó de corrupción a funcionarios y servidores públicos menores, sin hacer lo correspondiente hacia quienes definen estrategias y toman decisiones… Antes de crear un ambiente de confianza en las acciones del gobierno, la burla y el ridículo (nacional e internacional) crecieron exponencialmente, multiplicándose también las dudas en la capacidad política del gobierno.
El gobierno es incapaz de comprender que en política no importan las intenciones por buenas que sean, sino las consecuencias de las decisiones implementadas. La Presidencia enfrenta una crisis política y un problema de credibilidad que no va a solucionarse con más frases hechas, discursos autocomplacientes o promoción de logros de gobierno. Ayotzinapa, Tlatlaya, los escándalos de corrupción y conflictos de interés en el gabinete y ahora la fuga de El Chapo, son síntomas de una crisis política y una descomposición institucional mucho más profunda. Una crisis que ha arrasado con la credibilidad de la Presidencia y que abre una profunda incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.
Lo que desaparece por el agujero, junto El Chapo, es la idea del Estado mexicano mismo. Instituciones devoradas por una incompetencia de pensamiento, palabra, obra y omisión; por una corrupción desbordada y rampante, la cual más que fenómeno cultural, ha sido tolerada por la actual administración, por decir lo menos; y por una absoluta impunidad que, como hemos señalado en el Índice Global de Impunidad, retroalimenta y agrava los grandes problemas nacionales.
El presidente tiene que decidir pronto si su gobierno continuará filosofando en torno a la insoportable levedad del agujero o si es capaz de encabezar en los próximos tres años, con un diálogo abierto y autocrítico con los partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, la reconstrucción institucional necesaria para enfrentar en forma más efectiva la trampa de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que está destruyendo a nuestro país.