Opinión

El aguinaldo que se fractura por un decreto presidencial

Debe revisarse esta medida presidencial de fracturar el pago del aguinaldo y revocarse por ignorar los derechos humanos de los trabajadores. | Manuel Fuentes

  • 06/11/2020
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Que mal andamos cuando de pisotear derechos se trata. El decreto que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador, texto de nombre largo, pero de alcances regresivos llamado: “DECRETO que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020” es una lápida que fractura derechos laborales.

El Decreto firmado por el presidente de la república y el secretario de hacienda publicado el jueves cinco de noviembre del presente año, día frío que esparció con un viento helado la mala noticia para trabajadores de confianza de cierto nivel a los que se les recorta por decreto presidencial su aguinaldo hasta en un 50 por ciento.

La medida se apoya en facultades constitucionales que el presidente de la república no tiene: como es el de recortar el aguinaldo para los trabajadores de confianza, como si su categoría le permitiera al ejecutivo arrumbarlos en un sótano de castigo. 

No es suficiente que los trabajadores de confianza carezcan de estabilidad en el empleo, ni que tampoco tengan horarios ajustados a las ocho horas diarias o congelar sus salarios por años. Los trabajadores de confianza tienen un papel fundamental en las actividades gubernamentales, y es inadmisible que se les reduzcan derechos como el aguinaldo.

¿Se le habrá informado al presidente de la república que el aguinaldo es parte del salario? ¿Que no se puede reducir el monto del aguinaldo percibido en años anteriores, así nada más porque sí, por medio de un simple decreto?

El libelo presidencial nunca menciona el artículo 1º constitucional (que se refiere a la obligación de garantizar los derechos humanos) ni el artículo 123 (de los derechos laborales a respetar), los ignora como si no existieran, como si estuvieran borrados en el proyecto gubernamental. En cambio, menciona a la Ley Federal de Austeridad Republicana como si fuera capaz de desconocer cualquier derecho adquirido y pasar encima de cualquier norma como si fuera la ley suprema. 

Tratar de manera diferente a los servidores públicos de confianza de rango civil que a los de rango militar. A los primeros les recorta la mitad del aguinaldo que tradicionalmente han percibido de 40 a 20 días y a los segundos no los toca. ¿Se trata de cuestiones de fuero militar sobre el civil?

Quienes redactaron el decreto del presidente de la república deben saber que el aguinaldo es un derecho irrenunciable e irreductible a la vez. Incluso si un trabajador quiere renunciar a su aguinaldo no lo puede hacer, así lo haga ante notario público. Mucho menos se le puede reducir al 50% así lo disponga el presidente de la república u otra autoridad de cualquier nivel.

En el decreto, el presidente de la república no renuncia a su aguinaldo (porque jurídicamente no lo puede hacer) sino decide “reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días…”  

La decisión de reintegrar el aguinaldo es una decisión voluntaria del ejecutivo federal, pero esto no le permite constitucionalmente decidir un recorte de hasta 50% en el aguinaldo al personal de enlace y de mando (que son miles) de las Dependencias y Entidades, así como sobre el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional.

El decreto, permite sin sustento jurídico, que al personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades Federales y al personal de otras categorías no previstas en el decreto (¿?) se les pueda cubrir “hasta cuarenta días”; en otras palabras, pagarles un monto menor al percibido en otros años, si así lo deciden los lineamientos hacendarios (¿?).

Los trabajadores de confianza se han convertido en personas sin derechos o con los menos posibles, y hay de aquellos que se atrevan a ampararse contra una decisión como esta, porque de seguro perderán su empleo.

Debe revisarse esta medida presidencial de fracturar el pago del aguinaldo y revocarse por ignorar los derechos humanos de los trabajadores de confianza.

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