En su primer decreto “por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, a la verdad y al acceso a justicia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Cancillería celebrar acuerdos con organismos internacionales con el fin de acompañar las investigaciones que realizará el Estado mexicano, a fin de conocer la verdad y obtener justicia por los lamentables hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente.
Con este mandato, el Secretario Marcelo Ebrard indicó a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, a realizar las acciones necesarias para acordar la colaboración internacional en este caso, cuyo primer fruto se concretó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado, y esta semana con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Estos Acuerdos no son solo de carácter simbólico, sino que revelan una nueva época en el país y una vuelta de timón en la política exterior multilateral en materia de derechos humanos. El Gobierno de México comienza por reconocer la grave crisis que enfrenta el país en este aspecto tan sensible para nuestra comunidad. Muestra de ello es no solamente la creación de la mencionada Comisión, sino la aceptación de 262 recomendaciones a México derivadas del Examen Periódico Universal, el perdón solicitado por diversas autoridades a la periodista Lydia Cacho, la reactivación de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras acciones ejecutadas apenas a cuatro meses de iniciado el gobierno. Desde varios frentes tenemos el empeño de trabajar de la mano con los organismos internacionales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y sobre todo evitar que este tipo de violaciones se repitan.
Hemos trabajado al lado de las madres, los padres y las familias de los estudiantes desaparecidos, de sus representantes, con la coadyuvancia de la Secretaría de Gobiernación, para determinar la mejor forma como la Oficina en México de la Alta Comisionada puede ayudarnos a conseguir verdad y justicia en este caso tan sentido para todos los mexicanos.
El Acuerdo que se firma esta semana entre el Canciller Ebrard y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, incluye el seguimiento al desarrollo de las investigaciones del caso, a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas relevantes para el mismo, y proporcionar asistencia técnica a las instituciones competentes para la no repetición de hechos violentos, como ha sucedido sistemáticamente en el pasado inmediato de nuestro país.
Con la firma de estos acuerdos, queremos cambiar la situación sobre los derechos humanos en México; son los cimientos de una forma distinta para enfrentar la crisis, reconociendo su gravedad y también nuestras limitaciones. El multilateralismo y los principios de cooperación son una vía idónea útil para fortalecer las capacidades de los Estados y sus instituciones, y garantizar el respeto universal de los derechos humanos.
Para lograrlo debemos honrar nuestras obligaciones y compromisos como país a nivel global, y para ello tomaremos todas las medidas necesarias de manera individual y conjunta, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, y notablemente la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para construir las capacidades institucionales que necesita el país para atraer los más altos estándares en derechos humanos en las acciones que realiza el gobierno.