Arreciaba el frío en Comitán de Domínguez Chiapas aquel lejano mes de diciembre. Las callejuelas lucían vacías y el viento se deslizaba por los tejados de esa ciudad de corte colonial. Tiritaba de frío el director del Instituto Estatal del Agua, Andrés Carballo Bustamante quien, con la fortaleza del cargo, llegó hasta la habitación del hotel donde estaba alojada Itzel “N”, una funcionaria y subalterna del denominado cacique de Pichucalco.
—Licenciada tengo mucho frío necesito que me caliente, le soltó de sopetón a la joven jefa del Departamento de Cultura del Agua quien, tras reaccionar, le dijo desde la puerta de la habitación que su propuesta no sólo era ofensiva sin indecorosa.
—Quiero estar contigo. Me gustas, insistió el funcionario ese fin de semana decembrino. Obtuvo por respuesta un portazo en sus narices.
Días después Itzel fue echada del trabajo. “Estas son las consecuencias por mandarme a la fregada. Sólo puedes seguir si estás conmigo. Si no es mejor que te vayas”.
Antes de salir la joven empleada y retirarse de la oficina en el Primer Piso de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez Carballo Bustamante la humilló: “Estás horrible, ni me gustas, hablas feo. Eres fatal. Yo ando con una de 14 años (una ex reina de belleza de Comitán)”.
La ex empleada no firmó ninguna entrega-recepción ni recibió ningún dinero de liquidación a pesar de haberlo demandado por acoso sexual y despido laboral injustificado.
El acoso sexual se está convirtiendo en una especie de plaga -contra las mujeres- en los sectores público y privado de Chiapas. Y lo peor es que es solapado por el propio gobernador Manuel Velasco Coello y en muchas ocasiones, debido al influyentismo o dinero de los acosadores, las víctimas pasan de ser acusadoras a acusadas de delitos de "daño moral" por parte de los acosadores.
Otra víctima del mismo funcionario es la Licenciada Martha Angelina Funes Ramírez, quien hasta el 31 de julio del 2016 se desempeñó como Gerente Operativa del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas. Ella lo acusó ante la Procuraduría de Justicia e instancias gubernamentales, Congreso y organismos de derechos humanos por acoso sexual y laboral y violación a sus derechos humanos.
En represalia a esta denuncia, el funcionario que normativamente es su superior jerárquico ordenó acusar penalmente a la ahora ex funcionaria por delitos de “usurpación de funciones” y “daño moral” y dispuso que su equipo de trabajo denunciara la cuenta en Facebook de este columnista de La Silla Rota, desde donde se dio a conocer la demanda contra Carballo Bustamante.
La afectada relató ante Zoila Girón Ruiz, Agente de Atención Inmediata de la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio (Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Tuxtla Gutiérrez) de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas que a principios de julio recibió una llamada telefónica de Carballo Bustamante desde el número 9612335705 quien la citó para una reunión de trabajo.
En una segunda llamada, realizada por el funcionario el 8 de julio le pidió que mejor no se vieran en la oficina, pero la denunciante le dijo que ya estaba en la sede del Instituto Estatal del Agua, ubicada en el primer piso del Palacio de Gobierno y, una vez que terminaron de conversar de trabajo, Carballo Bustamante le pidió que tuviera intimidad con él y le aseguró que si le correspondía le “iría muy bien”.
La denunciante optó por retirarse de la oficina tras recibir la advertencia de su superior de que si no aceptaba tener relaciones sexuales su trabajo se vería afectado.
Derivado de lo anterior, el 29 de julio el jefe de departamento de información y gestión del agua, José Luis Orantes Gómez le pidió, a nombre del Director del Instituto, la carta de renuncia y de forma agresiva le quitaron las llaves y la echaron de la oficina por lo que se configura el delito de hostigamiento laboral y sexual, según consta en el Expediente R.A 5327-101-0101-2016 y Número de Oficio 00652/0616/2016 de fecha 20 de Septiembre de este año, y que obra en poder del Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
La denuncia, sin embargo, fue "encarpetada" por lo que fue necesario remitir un documento, por parte de la víctima, a la Fiscal del Ministerio Público Investigador, Lic. Maria Guadalupe Flores Estrada. El tema fue elevado al Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y está enterado, aunque no ha hecho nada, el Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
También tienen conocimiento del caso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco. Nadie ha hecho nada a la fecha. Otra que tiene conocimiento del tema es Itzel F. De León Villard, Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y en la Procuraduría del Trabajo no quisieron atender la denuncia por despido injustificado tras argumentar que no existe una relación obrero-patronal a pesar de que hay fotografías de la víctima en reuniones, pagos, oficios, llamadas telefónicas desde equipos oficiales, etcétera.
Tras un largo peregrinar por Tuxtla Gutiérrez, la víctima viajó por autobús a Tapachula y tuvo la mala suerte de tener como acompañante de asientos al director del Conalep de Tuxtla Chico, quien al ver dormida a la joven mujer introdujo sus dedos en las partes íntimas de la adormilada joven, según denuncia policial de la afectada. Ahora el director del Plantel Tuxtla Chico, #Chiapas, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Julio Guadalupe Córdova Midence, que fue detenido por ese hecho en Tapachula pretende denunciar a la joven mujer por daño moral.
La víctima no tiene ningún asesor gratuito por parte de la Procuraduría a pesar que se derecho le corresponde, según el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco se ha hecho nada, por parte de las autoridades, para que reciba el pago que le adeudan y que haya mecanismos alternativos de solución de controversias y más bien ha recibido un trato discriminatorio al ser encarpetado el tema.
Tanto Itzel como Funes Ramírez tienen derecho a que se le repare por el daño causado y a que sea restituido en su cargo y sus derechos una vez que acredite que ha laborado en la institución de la que fue destituida al no aceptar acostarse con su superior.
Ni el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ni el Procurador de Justicia, Raciel López deben torcer la justicia y más bien deben dejar que se aplique la ley para la protección de las víctimas del delito de acoso.
El gobernador y su madre, Doña Leticia Coello de Velasco, que han defendido a las mujeres tienen ahora la oportunidad de hacerles justicia a estas dos damas que han sido vejadas, corridas y ahora pueden ser sujetas de una denuncia por parte del acosador por el delito de “daño moral”.